Crisis política en Venezuela y sus efectos en las personas LGBTI
Informe para la 169ª periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El miércoles 21 de noviembre, la AC. Unión Afirmativa de Venezuela presentó en Caracas el segundo informe que envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; un informe con datos recabados durante los años 2016-2018 sobre la crisis política en el país y sus efectos en las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
Es un informe de 33 páginas en el que se abordan los siguientes temas: I. Contexto político, económico y social en Venezuela 1.1. Adquisición de medicamentos y productos varios en escasez; 1.2. Escasez de medicamentos; 1.3. Escasez de antiretrovirales para personas que viven con VIH y muerte de activistas en el país; 1.4. Migración forzada de personas LGBTI y muerte de activistas fuera de Venezuela; 1.5. Trata y esclavitud moderna de mujeres trans.
Adicionalmente, se mencionan otros temas resaltados con ejemplos y datos cómo persiste la ausencia de un marco de protección legal las parejas del mismo sexo. Persiste la negación de la identidad a las personas trans e intersex.
Persiste la discriminación en las Fuerzas Armadas; discriminación en centros de salud receptores de donación de sangre; discriminación en centros educativos universitarios; discriminación laboral; discriminación en espacios públicos y privados; discriminación en instituciones del Estado; discriminación en medios de comunicación
Persisten las declaraciones y expresiones que incitan la homofobia en Venezuela por parte de funcionarios del estado comenzando por el Sr. Nicolás Maduro, y por parte de líderes religiosos. Adicionalmente, estamos incluyendo información sobre la situación de personas LGBTI privadas de libertad. A continuación, un resumen del informe.
Venezuela vive una grave crisis humanitaria compleja identificada y documentada por al menos 18 pronunciamientos e informes de organismos internacionales entre julio de 2016 y agosto de 2018. Este organismo al que acudimos también ha identificado la situación en Venezuela como una crisis humanitaria al menos en tres ocasiones en dos años.
La situación legal de las personas LGBTI para 2018, no es muy distinta a la que reflejamos en nuestro informe ante la CIDH en 2015 y el informe que presentamos al Examen Periódico Universal en 2017. Lo que sí es diferente es cómo esa carencia legal y sus consecuencias en las personas LGBTI se han visto agravadas por la compleja situación humanitaria en el país desde el año 2016. En marzo de 2016, se dio la declaración de un Estado de Excepción y de Emergencia Económica a nivel nacional.
1.1. Adquisición de alimentos y productos varios en escasez
Desde la declaración de emergencia económica se han implementado varios sistemas para la adquisición de alimentos y productos personales, así como de medicamentos. Algunos de ellos han sido utilizados para discriminar a cierta parte de la población que difiere del gobierno nacional. También estas medidas han sido discriminatorias hacia la población LGBTI.
Al principio y dados los niveles de escasez se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo, según el gobierno para evitar el acaparamiento. Este sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad.
Otra medida adoptada por el gobierno fue la distribución de bolsas de comida casa por casa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción- CLAP. Para esta venta se ordenó la realización de un censo de familias. Esta medida afectó a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales no son censadas por no ser consideradas familias.
Venezuela vive una grave crisis humanitaria compleja identificada y documentada por al menos 18 pronunciamientos e informes de organismos internacionales entre julio de 2016 y agosto de 2018. Este organismo al que acudimos también ha identificado la situación en Venezuela como una crisis humanitaria al menos en tres ocasiones en dos años.
La situación legal de las personas LGBTI para 2018, no es muy distinta a la que reflejamos en nuestro informe ante la CIDH en 2015 y el informe que presentamos al Examen Periódico Universal en 2017. Lo que sí es diferente es cómo esa carencia legal y sus consecuencias en las personas LGBTI se han visto agravadas por la compleja situación humanitaria en el país desde el año 2016. En marzo de 2016, se dio la declaración de un Estado de Excepción y de Emergencia Económica a nivel nacional.
1.1. Adquisición de alimentos y productos varios en escasez
Desde la declaración de emergencia económica se han implementado varios sistemas para la adquisición de alimentos y productos personales, así como de medicamentos. Algunos de ellos han sido utilizados para discriminar a cierta parte de la población que difiere del gobierno nacional. También estas medidas han sido discriminatorias hacia la población LGBTI.
Al principio y dados los niveles de escasez se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo, según el gobierno para evitar el acaparamiento. Este sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad.
Otra medida adoptada por el gobierno fue la distribución de bolsas de comida casa por casa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción- CLAP. Para esta venta se ordenó la realización de un censo de familias. Esta medida afectó a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales no son censadas por no ser consideradas familias.
1.2. Escasez de medicamentos
Hemos recibido denuncias de personas trans que siguen un proceso de transición y deben consumir hormonas. Dada la falta de estos medicamentos les ha obligado a consumir hormonas animales, las cuales podrían ocasionarles la muerte o generarles graves consecuencias para su vida. Otras personas trans aseguran haber recurrido a la compra de hormonas en países vecinos a precios muy elevados y muchas veces les resulta imposible adquirirlas. Muchas veces las personas trans se ven forzadas a interrumpir su tratamiento por no poder acceder a las hormonas y otros medicamentos necesarios.
1.3. Escasez de antiretrovirales para personas que viven con VIH y muerte de activistas en Venezuela.
Desde el año 2009, distintas organizaciones han denunciando las fallas en la dotación de los antiretrovirales que requieren las personas que viven con VIH, especialmente la población más afectada como son los hombres homosexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas trans. En mayo de 2017, se denunció que esta situación podría agravarse dado que el Ministerio de la Salud no había firmado la orden de compra de los antiretrovirales. En estos momentos, las ONG denuncian que el desabastecimiento está en un 100%. Las más de 80 mil personas que están registradas aseguran tener más de seis meses sin consumir sus medicamentos. Esta situación ha obligado a muchas personas que viven con VIH a emigrar con la esperanza de lograr acceder a los antiretrovirales en países vecinos.
En el presente año, el secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, denunció que al menos cinco mil personas con VIH/SIDA han fallecido en Venezuela durante los primeros seis meses de 2018 debido a la falta de tratamientos antirretrovirales.
Vale destacar la muerte del activista homosexual Heisler Vaamonde de 38 años quien tenía una infección respiratoria y era paciente con VIH. Dada la crisis sanitaria entre el sábado 22 y el domingo 23 de julio de 2017, tres personas fallecieron luego de que se acabara el oxígeno central para atender los pacientes, uno de ellos fue Heisler Vaamonde, quien se identificaba como un activista de izquierda, fue portavoz nacional del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual (2005-2017), área LGTB del PSUV, el partido político del Presidente Hugo Chávez. Fue Director General del Movimiento Gay Revolucionario de Venezuela (2000-2005) y se postuló como candidato abiertamente gay a la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2005.
1.4. Migración forzada de personas LGBTI y muerte de activistas fuera de Venezuela
El contexto venezolano hasta ahora descrito ha llevado a que muchas personas opten por salir del país, dadas las condiciones de precariedad y las pocas posibilidades de superar la terrible coyuntura política, económica y social. Aunado a la ausencia de protección legal y la no existencia de políticas públicas para la atención e inclusión de las personas LGBTI. Esta cantidad de venezolanos que han huido del país han pasado de ser migrantes voluntarios a migrantes forzados y ser considerados refugiados.
A principios de 2017, la Red LGBTI informaba sobre la emigración de varios activistas, trayendo como consecuencia una disminución en el número de organizaciones, movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y otras organizaciones de la sociedad civil independientes que trabajaban por la defensa de los Derechos Humanos de personas LGBTI en el país.
Este año, la organización colombiana Caribe Afirmativo ha publicado un informe titulado “Crisis humanitaria de venezolanos LGBT en el Caribe” en el que da cuenta de la muerte, en Colombia, de al menos cinco personas venezolanas en etapa sida por la falta de acceso a los antiretrovirales. También informan sobre el asesinato de una mujer trans y “han denunciado dos hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans venezolanas en espacios públicos de la región y 42 quejas se han interpuesto por discriminación y xenofobia sumando el rechazo a su nacionalidad, su pertenencia a la población LGBT.”
Esta organización agrega que, en este año, han registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y trans venezolanos que han llegado al Caribe colombiano huyéndole a la crisis humanitaria.
A principios de noviembre se informó sobre la muerte de Luis Marchan activista homosexual quien participó como candidato en las elecciones primarias convocadas por un grupo de activistas con la intención de ser postulados por el Gran Polo Patriótico a las elecciones Parlamentarias en diciembre de 2015. Marchan era activista cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Su muerte fue a causa de una insuficiencia renal y ocurrió en la ciudad de Lima en Perú a dónde había emigrado con el fin de mejorar su situación económica y debido a la dificultad para acceder a los antiretrovirales en Venezuela.
Más recientemente, los responsables de la organización Orgullo Guayana ubicada en el estado Bolívar habrían tenido que huir del país luego de haber sido mencionados en el programa televisivo del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ellos expresaron haber sentido mucho temor ante las posibles represalias de los seguidores del dirigente político del PSUV, quien en múltiples ocasiones ha sido señalado de criminalizar la labor de defensores de derechos humanos en el país a través del canal del Estado Venezolana de televisión.
1.5. Trata de Mujeres Trans
“Tanto mujeres cisgénero como mujeres trans son susceptibles de ser víctimas de trata. Sin embargo, las características particulares de las mujeres trans las convierten en presa fácil del tratante. Las circunstancias sociales que viven las mujeres trans las hacen vulnerables.
En 2016 surgió una denuncia que mencionaba la existencia de una red dedicada al negocio de trata de mujeres trans procedentes de Venezuela. Para ese entonces se mencionó la detención de tres personas y la liberación de tres víctimas en España. Para 2017, varios portales de noticias internacionales publicaron sobre la captura de catorce personas por explotar mujeres trans llegadas de Venezuela. En el procedimiento se logró la liberación de 24 víctimas.
A pesar de contar con una legislación para la protección de las mujeres y otra para el control del crimen organizado no son debidamente implementadas. Por lo tanto, no se trata de falta de leyes o normas. Este es un asunto que el Estado venezolano debe abordar con urgencia.
Acá pueden leer el informe completo
