Género y violencia sexual en el Informe de determinación de hechos en Venezuela

Género y violencia sexual en la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela

Por Quiteria Franco

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su informe publicado este miércoles 16 de septiembre identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

 

¿Qué es la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela?

En la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para que investigue lo siguiente: 1) las ejecuciones extrajudiciales, 2) las desapariciones forzadas, las 3) detenciones arbitrarias y 4) las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión de determinación de los hechos que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones, en septiembre de 2020.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas en español y 411 paginas en inglés presentados en ocho capítulos. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

La Misión identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

Las fuerzas de seguridad del estado en sus múltiples cuerpos, a saber, la Policía Nacional, policías locales, regionales y municipales, GNB, CICPC, SEBIN, DGCIM, FAES son identificadas como las perpetradoras de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, Reverol y Padrino López como responsables de ordenar, financiar u ordenar estas violaciones de derechos humanos.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Acá me voy a enfocar solo en el capítulo VI titulado Análisis de género, violencia sexual y de género; y dentro de este capítulo el  punto En la parte I. Impactos diferenciados, letra A. Impacto diferenciado de las condiciones de detención en mujeres y niñas; y II. Evaluación de la violencia sexual perpetrada en el contexto del mandato de la Misión, letra A. Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión.

En primer lugar la Misión destaca como las violaciones y los delitos documentados afectan de manera diferenciada a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres debido a  los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos previamente establecidos culturalmente en la sociedad venezolana.  Por un lado, los roles y estereotipos patriarcales que presentan a la mujer ideal como una figura materna dentro de la esfera doméstica, y sexualizan a las mujeres jóvenes fuera de este rol. Por otro lado, también se aplican estereotipos a los hombres a través del predominio continuo del machismo, que exige una masculinidad exagerada arraigada en el papel del hombre de defender a su familia y, por extensión, a su patria. Estos estereotipos machistas utilizan la homofobia y la misoginia como arma para desacreditar a oponentes masculinos, al insinuar su homosexualidad o feminidad, las cuales connotan debilidad e indefensión.

 

En la parte I. Impactos diferenciados, letra A. Impacto diferenciado de las condiciones de detención en mujeres y niñas se menciona lo siguiente:

 

En algunos casos, las condiciones de detención inadecuadas afectaron de manera desproporcionada los derechos de las mujeres y las niñas. La Misión investigo casos en los que hombres y mujeres, incluidos menores, fueron detenidos todos juntos en centros de detención oficiales o no oficiales, incluidas oficinas y cocinas de comisarías de policía, a veces durante varios días, antes de su audiencia de presentación.

En varios casos, hombres, mujeres, niños y niñas tuvieron que hacer sus necesidades en bolsas frente a funcionarios o frente a otras personas detenidas del sexo opuesto.

Debido a la falta de instalaciones adecuadas, una mujer dijo a la Misión que se vio obligada a ducharse desnuda en un vestidor masculino del CICPC durante su detención. Funcionarios varones entraban en el vestidor y le hablaban mientras se banaba, más tarde un oficial superior le hacía insinuaciones sexuales. En al menos dos casos, mujeres y hombres que no se conocían entre sí fueron retenidos juntos en pequeñas oficinas administrativas del SEBIN en El Helicoide durante varios días antes de ser al área formal de detencion.

 

En varios casos, mujeres que menstruaban fueron retenidas después de su arresto sin tener acceso a productos de higiene menstrual y sin poder bañarse adecuadamente. Esto resulto en que las mujeres usaran ropa mojada y ensangrentada durante varios días, a veces en presencia de hombres que ellas no conocían. En ocasiones, se presentaban a mujeres en el tribunal con estas ropas ensangrentadas y/o funcionarios de seguridad se burlaban de ellas y de la sangre. Sin excepción, las mujeres que hablaron con la Misión describieron estas situaciones como profundamente humillantes.

 

Ni los centros de detención del SEBIN ni de la DGCIM ofrecían condiciones adecuadas para mujeres, aunque permanecían allí durante semanas, meses o años. En El Helicoide, por ejemplo, permanecían hasta 30 mujeres recluidas en una celda hacinada, sin acceso a agua corriente. Cuando había agua disponible en el centro, se proporcionaba el primer acceso a los hombres. Esto afecto de manera desproporcionada a la población femenina, que además de tener menos acceso que los hombres al agua para beber, bañarse y limpiar, también necesitaban agua adicional durante la menstruación. Las mujeres detenidas informaron que también tenían menos acceso a la luz solar y a la actividad física en comparación de los hombres.

 

Mujeres bajo custodia también enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo. La Misión considera tales actos como violencia sexual precisamente por su carácter coercitivo. No se proporcionó protección adecuada contra estos actos, ni se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de todas las personas detenidas para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales.

 

El contacto sexual entre custodios y personas detenidas está prohibido tanto por el derecho nacional e internacional. La Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia prohíbe a los funcionarios públicos sostener relaciones sexuales con personas detenidas bajo su custodia, aun en ausencia de violencia o amenazas. En virtud del derecho internacional, se ha determinado que el entorno intrínsecamente coercitivo creado por la detención vicia la posibilidad de un consentimiento genuino para actos sexuales entre los funcionarios o custodios y la persona detenida.

 

A pesar de que los guardias del SEBIN cometían actos sexuales con personas detenidas en El Helicoide, por ejemplo, no se disponía de anticonceptivos ni se realizaban exámenes médicos para detectar o tratar infecciones de transmisión sexual o embarazos. Una testigo dijo a la Misión que a las detenidas, después de haber tenido relaciones sexuales con guardias, les preocupaba que pudieran quedar embarazadas y trataban de evitar la concepción. Otra detenida pidió a sus familiares que le llevaran anticonceptivos a El Helicoide para que ella los pudiera distribuir a las reclusas junto con información sobre salud sexual. Sin embargo, los anticonceptivos se volvieron cada vez menos disponibles en todo el país, lo que hacía imposible el suministro privado estos. Además, Venezuela mantiene leyes restrictivas que penalizan el aborto, incluso en casos de violación y de riesgos para la salud de la madre.

 

La Misión también recibió información preocupante relativa al trato a mujeres embarazadas detenidas por la DGCIM. La Misión recibió información confiable sobre una mujer que había sido brutalmente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento, a pesar de que tanto ella como su novio (quien también fue detenido) informaron a los oficiales que se encontraba en el primer trimestre de embarazo. Aproximadamente un mes después de su detención, oficiales llevaron a la víctima al hospital donde sufrió un aborto espontaneo. No se le había prestado atención médica en el ínterin, a pesar de las peticiones de su familia.

Las mujeres familiares de personas detenidas también se enfrentaron a desafíos importantes, especialmente cuando sus familiares estuvieron detenidos durante meses o años. Debido a la falta de agua, alimentos, medicinas y otros bienes básicos en los centros de detención, las mujeres de la familia acudían a estos diariamente, o con la mayor frecuencia posible, para entregar dichos artículos. El transporte hacia y desde los centros de detención también solía ser un desafío para los familiares, especialmente en épocas de escasez de gasolina o cuando un pariente se encontraba detenido lejos de su lugar de residencia. Por ejemplo, una mujer tuvo que trasladarse a otro estado para poder entregar alimentos y agua con regularidad a su marido. Algunas personas detenidas dijeron a la Misión que funcionarios de seguridad retuvieron algunas de estas entregas.

 

En los casos documentados por la Misión, el tiempo y los recursos necesarios para proporcionar estos artículos representaron una carga significativa para las mujeres de la familia. Muchas de las personas detenidas sostenían económicamente a la familia o contribuían de alguna otra manera al mantenimiento del hogar. Sin su apoyo, las mujeres de la familia luchaban por mantener los gastos del hogar mientras seguían cargando con las responsabilidades del cuidado de la familia, proporcionando apoyo a las personas detenidas y dando seguimiento a los procesos judiciales en curso. Varias personas detenidas describieron como regresaron a casa después de su excarcelación; encontraron despensas vacías y sus familiares parecían haber perdido mucho peso. Por lo menos en un caso, las familiares femeninas tuvieron que dejar sus empleos remunerados para dedicarse a atender tanto a la persona detenida como a su caso. Además, en cuatro casos, familiares mujeres dijeron a la Misión que habían sido sometidas a requisas corporales indebidas, invasivas o humillantes cuando visitaban a los centros de detención, lo que inhibía su capacidad para visitar a sus familiares y mantener su dignidad e integridad física.

 

En el apartado II de este capítulo VI titulado Evaluación de la violencia sexual perpetrada en el contexto del mandato de la Misión, se menciona la  investigación de 45 incidentes de violencia sexual perpetrados en el contexto de violaciones y delitos, 18 de los cuales fueron mencionados en detalle. Los 45 incidentes incluyeron 89 actos específicos de violencia sexual. De esos incidentes, nueve ocurrieron en el contexto de manifestaciones, 34 ocurrieron durante interrogatorios o detenciones de disidentes u opositores, y dos ocurrieron durante operaciones de seguridad. En el 74% de los incidentes la violencia sexual fue perpetrado contra hombres y en el 30% contra las mujeres.

La Misión indica además que el uso de la violencia sexual como técnica represiva durante circunstancias coercitivas como el arresto y la detención es generalizado y perpetrado por varios servicios de seguridad, y se practica sin investigación, enjuiciamiento o sanción adecuada.

 

Entre los actos de violencia sexual y de género documentados por la Misión incluyeron:

 

  • Violacion sexual, utilizando partes del cuerpo u objetos (tres casos confirmados)
  • Amenazas de violar a personas o hacer que otras personas las violen (19 casos confirmados, multiples victimas durante las detenciones en grupo) 3490
  • Amenazas de violacion u otros tipos de violencia de género contra familiares mujeres de las victimas (cinco casos confirmados)
  • Violencia sexual incluyendo el manoseo de senos, gluteos y genitales, azotes (diez casos confirmados)
  • Desnudez forzada, incluso durante periodos prolongados (23 casos confirmados, múltiples victimas adicionales durante las detenciones en grupo) 3491
  • Violencia dirigida a los genitales (masculinos y femeninos), los senos o el abdomen (en caso de mujeres), incluidas las palizas o la aplicación de descargas eléctricas (24 casos confirmados).
  • Requisas corporales invasivas e innecesarias (contra hombres y mujeres) de personas detenidas o visitantes (cinco casos confirmados, múltiples victimas adicionales)

 

La DGCIM y el SEBIN perpetraron la mayoría de los actos de violencia sexual documentados por la Misión (en 24 y 10 incidentes respectivamente). La Misión recibió información fidedigna de un hombre detenido que fue violado en la DGCIM Boleita. Teniendo en cuenta el nivel de coherencia entre los incidentes denunciados, junto con las descripciones detalladas de la tortura sexual, la Misión cree que la práctica será más extensa de lo que se ha documentado hasta la fecha.

En El Helicoide, funcionarios del SEBIN amenazaron con violar a hombres, mujeres y sus familiares mujeres durante el interrogatorio, y propinaron golpes y patadas en los genitales de los hombres.

 

“Siete incidentes que involucraron a múltiples víctimas se perpetraron cuando funcionarios de la GNB o PNB arrestaron a manifestantes. En esos incidentes, funcionarios utilizaron la violencia sexual para castigar a manifestantes por su participación en las protestas. Estos incidentes incluyen la violación de por lo menos dos manifestantes hombres y agresiones sexuales contra varias manifestantes mujeres. Además, funcionarios de la GNB y la PNB amenazaron con violar a los hombres y mujeres detenidos, incluidas personas de la población LGBTI. Por ejemplo, una testigo detenida en 2014 dijo a la Misión que funcionarios de la GNB retuvieron a una manifestante transgenero con los manifestantes hombres, y amenazaban con violarla cuando iba al baño.”

 

El apartado A. Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión menciona lo siguiente:

 

La Misión documentó que, en al menos 18 casos y con múltiples víctimas, funcionarios del SEBIN, DGCIM, GNB, PNB y FAES insultaron a hombres y mujeres con palabras homofóbicas y sexistas durante la perpetración de otros actos de violencia en su contra, incluida la violencia sexual. Estos actos ocurrieron durante redadas domiciliarias, arrestos, interrogatorios y detenciones. En varios incidentes de extrema violencia, funcionarios atacaron la masculinidad de las víctimas hombres durante actos de violación u otros actos graves de violencia sexual, equiparando ser un “sucio” “traidor” con la homosexualidad y la debilidad.

Expresiones de feminidad y homosexualidad siguen siendo consideradas como culturalmente incompatibles con la identidad militar y policial, y la DGCIM, en particular, utilizó conceptos machistas de masculinidad para humillar y degradar a disidentes militares durante los interrogatorios. Además, el Código de Justicia Militar aun criminaliza actos homosexuales, castigándolos con prisión y destitución de las fuerzas armadas. Un testigo dijo a la Misión que una funcionaria que solía asfixiar a los detenidos decía cosas como, “esos son hombres que dicen ser comandos, vamos a ver cuál es su madera”

Un detenido civil afirmó a la Misión que un oficial de la DGCIM le dijo que sólo le darían 220 voltios de electricidad en lugar de 440 porque era “mariquita”, antes de aplicarle descargas eléctricas a su cuerpo desnudo. Un detenido militar contó a la Misión cómo los oficiales de la DGCIM sometían a los nuevos presos a un “juego” llamado “dar la teta”. Golpeaban a detenidos desnudos con un bate donde se había escrito la palabra “teta”. Oficiales sujetaban el bate de forma perpendicular en una pared y empujaban a los hombres desnudos hacia atrás, con el objetivo de penetrarlos analmente.

En otros casos, funcionarios de la DGCIM y del SEBIN amenazaron con violar o lastimar a sus familiares mujeres, atacando así al rol social de los detenidos. Un hombre dijo a la Misión que esas amenazas le hacían sentir avergonzado y culpable por no haber hecho lo suficiente para proteger a su familia.

Asimismo, funcionarios castigaron a mujeres por participar en manifestaciones o por comportarse de una forma contraria a las expectativas patriarcales de género. Por ejemplo, durante la detención arbitraria de una niña de 13 años en Zulia en 2017, funcionarios de la PNB le manosearon los pechos, la entrepierna y las nalgas, mientras la llamaban puta por “andar con tantos hombres” en la protesta de ese día.  Un funcionario de la PNB apuntó con un arma a la cabeza de una mujer durante una protesta en Táchira en 2014 mientras que otro le dijo “Mata a esa perra”. Funcionarios le echaron vinagre en la cara y la golpearon, llamándola “perra” y “guarimbera hija de puta. Un guardia del SEBIN le acusó a una mujer de comportarse de manera promiscua por hablar con sus amigos varones durante la hora de visita, y la castigó quitándole sus derechos de visita.  

La Misión también documentó casos en que funcionarios de seguridad insultaron a madres, esposas y novias, culpándolas de la ejecución de sus parientes varones o de otros actos de violencia.

Funcionarios del Estado utilizaron los roles y estereotipos de género como armas durante la perpetración de violaciones y delitos analizados en el presente informe, ocasionando graves daños físicos, psicológicos y morales adicionales a las víctimas. El discurso discriminatorio se reflejaba en declaraciones homofóbicas y sexistas de altos funcionarios públicos durante el período del mandato de la Misión.

Acceso a la justicia

La mayoría de las mujeres y hombres cuyos casos se mencionan en el Capítulo optaron por no presentar denuncias formales por temor a represalias, estigmatización y desconfianza en el sistema jurídico3514. El joven violado por un funcionario de la GNB en febrero de 2014 se denunció pública y oficialmente por la violencia perpetrada contra él y los demás detenidos. En lugar de brindar apoyo a la víctima o emprender una investigación efectiva, la Fiscal General hizo declaraciones públicas desacreditándolo y poniendo en duda sus acusaciones. Su caso fue ampliamente discutido en los medios tradicionales y redes sociales, lo que le provocó a él y a su familia una gran retraumatización. Es posible que al ver esa experiencia, otras víctimas de violencia sexual hayan decidido no denunciar.

Personas pertenecientes a la población LGBTQI que hablaron con la Misión describieron las barreras adicionales que impiden a las minorías sexuales presentar denuncias sobre actos perpetrados por funcionarios del estado. Una defensora de derechos LGBTQI dijo: “En Venezuela, hay un temor de denunciar. Este temor es aún más fuerte cuando eres homosexual. Uno no se va a presentar a una fiscalía, decir que le torturaron por ser homosexual. Este proceso significa la revictimización. Se sabe que se van a burlar de uno. Como mujer lesbiana, hombre gay, y aún más si eres transgénero”.

Nota final

Este capítulo del informe de la Misión de determinación de hechos de Naciones Unidas proporciona ejemplos dolorosos de lo que en 2015 presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 154 periodo de sesiones, durante nuestra comparecencia denunciamos a Nicolás Maduro  y otros miembros de su gobierno como promotores de un Estado homofóbico que estaba exacerbando vicios patriarcales como el machismo, la homofobia que podrían ser muy dañinos para la sociedad venezolana. Para ese entonces solicitamos prestar atención a esa tendencia negativa. Posteriormente, hicimos la misma denuncia en Naciones en 2015 y 2016, en el marco de la evaluación a Venezuela sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y durante el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal a Venezuela.  

Tal como lo menciona la Misión se presume que haya muchas más víctimas que se abstienen de denunciar por temor, vergüenza, desconfianza entre muchas otras razonables. Es bueno reconocer la valentía de cada víctima, espero que algún día podamos conseguir justicia y reparación para todas y cada una de las víctimas de estos tiempos tan oscuros para nuestro país.

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