La lucha democrática por los derechos de las lesbianas

Las lesbianas latinoamericanas todavía enfrentan un desafío elemental: tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Factores distintos, pero muy presentes en América Latina, conspiran en contra de la libertad de las mujeres homosexuales: la religión, los valores morales heredados y las exigencias de los modelos familiares. Para las lesbianas aún no es posible vivir su elección sexual y afectiva sin violencia ni coacción.

Un estudio traza un mapa de los logros y retos en materia jurídica en la región. De México a Argentina hay condiciones distintas. Por un lado, hay países —Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia— en los que se conceden derechos civiles plenos (matrimonio, seguridad social, legislación favorable, fertilización asistida y adopción) a la comunidad homosexual, pero hay otros —Chile, Ecuador y Guyana Francesa— en donde solo existe la figura legal del concubinato. En Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, Cuba, República Dominicana, Haití, los países centroamericanos y Surinam no se reconoce ninguno de los derechos antes mencionados. En este panorama desigual de derechos hay un caso radical en las Américas: Guyana es uno de los 72 países del mundo que contempla cárcel o muerte para los homosexuales.

En el continente se han hecho avances innegables, pero también hay retrocesos. En los últimos años ha habido una resistencia cada vez mayor a los avances jurídicos por la libertad sexual. La antropóloga Gloria Careaga lo ha observado en México: algunos sectores de la burguesía se han aliado con redes religiosas y políticas que buscan dar marcha atrás a las victorias legales de la comunidad homosexual. En noviembre de 2016, el congreso mexicano rechazó la iniciativa para que se reconociera formalmente el matrimonio igualitario en todo el país, por lo que las lesbianas pueden casarse solo en ciertas entidades federales, pero en otras no.

Otro caso revelador es el de Venezuela. En un contexto marcado por el militarismo y la impronta socialista cubana —homofóbica de origen—, algunos grupos evangélicos han logrado bloquear las iniciativas legislativas LGBT. El gobierno de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, han torpedeado el quehacer legislativo. De nada le ha servido a la oposición tener en sus filas a la única diputada transgénero de América Latina, Tamara Adrián, y al diputado y activista gay Rosmit Mantilla. Aun con ellos ha sido imposible conseguir el apoyo necesario para implementar reformas jurídicas que permitan la libertad sexual en Venezuela.

La tradición populista de América Latina ha puesto el acento en las reivindicaciones económicas y sociales por encima de las libertades individuales y los derechos humanos. La izquierda populista de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, de Evo Morales o Daniel Ortega ha sido renuente a impulsar reformas que garanticen la libertad sexual. En el caso de mi país, Venezuela, algunos analistas han dicho que el tema es propio del primer mundo o, simplemente, es irrelevante para la mayoría de los ciudadanos.

Es indispensable decirlo: incluso cuando se cuenta con una legislación favorable, sigue existiendo discriminación hacia las lesbianas en América Latina, sobre todo en ciudades pequeñas y áreas rurales. Una consideración más: el estado de vulnerabilidad de las lesbianas se acentúa por el origen étnico, la condición de inmigrante o la pobreza. Aún hay largo camino por recorrer.

 

Lo más crítico es que todavía se pueden revertir los logros obtenidos hasta ahora. En Brasil han resonado las ideas del candidato conservador Jair Bolsonaro, al que llaman el “Donald Trump brasileño” —acusado de homófobo, misógino y racista—, y hace un mes cientos de brasileños protestaron por la presencia de Judith Butler, la filósofa estadounidense experta en temas de género y sexualidad. “¡Quemen a la bruja!”, gritaban los manifestantes.

Las recomendaciones de la ONU para evitar la discriminación por razones de género, identidad y orientación sexual han sido ignoradas en muchos países en América Latina. Lo mismo las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional sobre la discriminación civil y los crímenes de odio como la violación “correctiva”. Incluso en algunas democracias europeas se ha registrado un alto porcentaje de lesbianas víctimas de discriminación laboral, acoso sexual, rechazo familiar y violencia verbal o física.

¿Qué acciones deben tomarse?

En los países en los que se han hecho avances sobre derechos civiles —como Argentina y Uruguay— las recomendaciones de expertas como Magdalena Siegel y Maria von Känel son pertinentes. Para aumentar la visibilidad lésbica en el espacio político y los medios —menor que la de sus pares masculinos—, se puede incentivar la investigación interdisciplinaria. Se necesitan políticas distintas a las dirigidas a las mujeres heterosexuales que entiendan la doble discriminación recibida por las lesbianas: como homosexuales y como mujeres. Tales políticas deben abordar temas como seguridad personal, salud sexual y reproductiva, y participación en el mundo educativo y laboral, sobre todo en el caso de las jóvenes rechazadas por su familia.

Pero en los países en donde todavía no se han alcanzado los derechos civiles esenciales la lucha de las lesbianas, como la de todas las minorías sexuales, podría enmarcarse en los objetivos de las corrientes políticas que defiendan los derechos humanos.

Esta lucha se inserta en una batalla más ambiciosa, pero también más elemental: la defensa de la libertad como conquista democrática. Las lesbianas conforman un sector de la sociedad que demanda igualdad ante la ley. Pero también se trata de convertir una opción sexual y afectiva en un estilo de vida socialmente aceptado. Esta demanda es una interpelación a los líderes políticos y a la sociedad civil, es una demanda de origen democrático: exige preservar la separación entre la iglesia y el Estado, el respeto a las minorías y que priven los derechos humanos en vez de los prejuicios disfrazados de tradición cultural.

El temor a la reacción de los votantes conservadores a lo largo de América Latina es síntoma de una profunda debilidad democrática: significa que los derechos humanos quedan sometidos a las encuestas de popularidad. La vida democrática, plural y diversa, parte de la idea de que todos tenemos los mismos derechos. Ya es hora de que las lesbianas los tengan.

 

Gisela Kozak Rovero.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/12/28/la-lucha-democratica-por-los-derechos-de-las-lesbianas/

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Acompañemos a las personas trans en Venezuela a exigir su derecho a la identidad

Por Quiteria Franco

Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea General Ordinaria  (AGO) de Amnistía Internacional Venezuela.  En este evento se presentó la campaña mundial Valiente que será el eje de acción para los próximos dos años.  Los recientes ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo muestran la urgente necesidad de la nueva campaña.

Adicionalmente, en el ámbito nacional, se presentó la campaña por el derecho a la identidad de las personas trans. Esta campaña va de la mano con la campaña mundial por los defensores que persigue la educación en derechos humanos y  la captación de activistas.

Estas dos nuevas campañas se presentan como una excelente oportunidad para las personas trans.  En primer lugar, se están organizando talleres de formación en derechos humanos para personas trans y, en segundo lugar,  se les invita a unirse a la acción por su derecho a la identidad.

¿En qué consiste la acción?

Se trata de una recolección de firmas que, posteriormente, en el corto plazo, serán entregadas ante la Dirección de Registro Civil y Electoral para exigir se permita a las personas trans cambiar su nombre a través de un procedimiento administrativo simple y sin mayores exigencias que las que dictan las leyes.

Recordemos:

En el año 2009, la Asamblea Nacional realizó la modificación del artículo 146 de la Ley Orgánica de registro Civil, con la intención de permitir el cambio de nombre. El 31 de julio de 2009, la entonces Diputada Iris Varela declaró que las personas trans podrían realizar el cambio de nombre luego de la modificación de la mencionada Ley.[1] No obstante, siete años han transcurrido y ninguna persona trans ha podido realizar dicho cambio. El Estado venezolano está en deuda con el grupo de personas trans que hoy más que nunca ve vulnerados sus derechos ante la imposibilidad de adecuar sus documentos de identidad en concordancia con su apariencia física.

Creo importante que las personas trans se empoderen y se hagan participes de la demanda por sus derechos ante los organismos correspondientes. El empoderamiento pasa por adquirir el conocimiento necesario de las leyes y los mecanismos que permiten exigir el reconocimiento de nuestros derechos.

Extiendo la invitación para que no dejen pasar esta oportunidad de contar con el apoyo de Amnistía Internacional y acudir a los talleres de formación que son especialmente dirigidos a todas las personas trans.

Recomendaciones de organismos Internacionales de Derechos Humanos

Es oportuno recordar que varios organismos de derechos Humanos han recomendado a Venezuela emprender las acciones necesarias para proteger a las personas LGBTI.  Esto es sin duda, un elemento a considerar al momento de ejercer cualquier tipo de exigencia antes las instituciones venezolanas.

Primeramente,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 “instó al Estado venezolano adoptar una ley de identidad de género no patologizante”.

Ya en 2014 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas había recomendado al Estado venezolano “adoptar las disposiciones legales necesarias para proteger a las mujeres de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.”

También en 2015, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Comité de Derechos Humanos durante el  Examen a Venezuela sobre cumplimiento del Pacto sobre Derechos civiles y políticos recomendaron al Estado venezolano “agilizar la elaboración y adopción de una legislación que garantizase una protección suficiente con incorporación de los motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.”

Finalmente, en 2017 durante el Examen Periódico Universal España e Israel recomendaron a Venezuela  reconocer el derecho a la identidad de las personas Transgénero. La respuesta del Estado fue solo “toma nota” demostrando así su poco compromiso en avanzar en el reconocimiento de la identidad de las personas trans.

Acá les dejo el enlace a la página donde pueden apoyar con su firma a las personas trans en su exigencia al Consejo Nacional Electoral sobre su derecho al cambio de nombre como un primer paso al  reconocimiento de su identidad auto-percibida.

¡Actúa ya, haz clic aquí! 

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Reconocimiento de derechos a personas LGBTI no requiere de una AN Constituyente

Por Quiteria Franco

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como ha sido formulada, es fraudulenta ya que no contempla la realización de un referéndum que consulte a los ciudadanos sobre su opinión con dicha convocatoria.  Lo único que se requiere es el respeto y acato a la actual constitución vigente desde 1999.

 

La convocatoria sectorizada en la elección de las y los constituyentistas es contraria a principios universales de participación en procesos electorales, y convalidaría un mecanismo de participación abiertamente discriminatorio, que, de hecho, ya ha dejado por fuera a las personas LGBTI, quienes no fueron incluidas en los sectores seleccionados. Durante 18 años las demandas de las personas LGBTI han sido ignoradas por  quienes han estado al frente de las instituciones del Estado, ¿qué garantías existen de que ahora si serán tomadas en cuenta? Y, el hecho de haber sido excluidos ya responde a la pregunta de manera clara.

 

No usemos como excusa los derechos de las personas LGBTI para convocar o apoyar a una ANC innecesaria e impertinente. Para que personas LGBTI podamos disfrutar de una mejor situación legal y social solo hace falta contar con un verdadero estado de derecho, una verdadera separación de los poderes;  empleados y/o servidores públicos conscientes de su función conforme a las leyes, los derechos humanos  y con total y absoluto desapego de ideologías políticas y religiosas.

 

Derecho a la no-discriminación (artículo 21 de la CRBV)

En el año 1999, durante la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el fallecido presidente Hugo Chávez, los activistas de entonces hicieron un trabajo de incidencia para que en el artículo 21, numeral 1 se incluyera de manera explícita el derecho a la no discriminación por orientación sexual. No se hablaba en aquel entonces de identidad y expresión de género, términos que más tarde han sido incorporados a los estudios relacionados con las personas LGBTI.  Lamentablemente, no se logró por el rechazo de ciertos sectores y políticos de la época.

No obstante, Una solicitud de interpretación solicitado por Unión Afirmativa de Venezuela en el 2003, este asunto quedó resuelto en la sentencia 190- del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2008, en la que se aclaró que a pesar de haber mención explícita, la prohibición de no discriminación por orientación sexual está contemplada en ese artículo 21.

A fin de proteger a las personas LGBTI de la discriminación se requiere de una Ley amplia e integral que establezca los diferentes tipos de discriminación, sus respectivas sanciones y el ente encargado de su vigilancia y cumplimiento, no de una Asamblea Nacional Constituyente.

 

Derecho a formar familia a través del matrimonio y la unión de hecho y a la protección de todo tipo de familias (Artículos 75 y 77)

La misma sentencia 190/2008 del TSJ aclaró que la CRBV “ni prohíbe ni condena las relaciones entre personas del mismo sexo”.   Ciertamente, el artículo 77 es discriminatorio de las parejas y familias conformadas por personas del mismo sexo al no otorgarles la misma protección que las conformadas por parejas de distinto sexo. No obstante, solo basta con modificar el artículo 44 del Código Civil, tal como ya ha sido solicitado en la Asamblea Nacional para que parejas del mismo sexo puedan casarse y contar con la protección legal que necesitan. Igualmente, el mismo TSJ tiene la posibilidad de solventar este asunto legal a través de los recursos pendientes por decisión al respecto de este tema.

Adicionalmente, tanto Colombia como Brasil tienen en su Constitución artículos similares a los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana sobre el matrimonio y las familias. No obstante ambos países han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de estas familias a través de sentencias judiciales de su más alto órgano de justicia.

 

Estado Laico

El artículo 59 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libertad de culto y deja clara la prohibición de injerencias religiosas en el ordenamiento legal que imida el reconocimiento de derechos por ideologías religiosas.

Nuevamente, en Venezuela, se requiere el cabal cumplimiento de las leyes. Son los funcionarios públicos y demás servidores como políticos, diputados, ministros entre otros quienes deben actuar con estricto apego a la constitución vigente.

 

Identidad de las personas Trans e intersex

Este asunto no requiere de modificación de una Asamblea Nacional Constituyente, esta norma está establecida en la Ley Orgánica de Registro Civil, artículo 144. Tanto la Asamblea Nacional como el CNE y el TSJ pueden solicitar y/o realizar dicha modificación legal que permita a las personas Trans e Intersex disfrutar del derecho a la identidad que les permita cambar su nombre y género/sexo en los documentos de identidad.

 

Despenalización del Aborto

La despenalización del aborto ha sido una solicitud de los movimientos de mujeres desde hace muchos años. Así mismo ha sido solicitado por varios Comités de Naciones Unidas y es una deuda pendiente. De la misma manera, esta norma está contenida en el Código Penal  y su ejecución puede ser ejecutada a través de una solicitud por parte del Ministerio de la Mujer, defensoría, del TSJ del Ministerio Público y de los ciudadanos en general o de una iniciativa de la misma Asamblea Nacional. No se requiere de una ANC.

No nos dejemos engañar. El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente no obedece a un interés real y genuino de mejoras en la sociedad, sino la consolidación de una falsa ideología socialista fracasada que solo ha traído miseria a los venezolanos.

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