Organizaciones LGBTI ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional

Organizaciones LGBTI ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional

 

Les activistes y organizaciones de Derechos LGBTIQ+ mediante este comunicado rechazamos la posición contra el reconocimiento de Derechos Humanos que la Asamblea Nacional ha expresado en el “Acuerdo sobre Acciones Tendientes a Visibilizar y Mitigar el Impacto Diferenciado del COVID-19 sobre Población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex como Consecuencia de la Homofobia, Transfobia y Bifobia” introducido por la Diputada Tamara Adrián siendo aprobado por mayoría en la sesión del martes 19 de mayo de 2020.

 

Dicho acuerdo según palabras de la misma parlamentaria sufrió modificaciones por el partido Primero Justicia que incluyó la frase en defensa del artículo 77 de la Constitución, lo que representa una contradicción al espíritu mismo del Acuerdo.

 

Dentro del documento emitido, el punto Quinto establece que: “Se exhorta a las Comisiones Permanentes y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación vigente en Venezuela para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante las personas LGBTI incluyendo el inciso “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la CRBV. Siendo éste el artículo que establece la protección por parte del Estado del matrimonio entre un hombre y una mujer.

 

Desde nuestra perspectiva como activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ+ el uso de la coletilla para finalizar el Quinto Punto es un intento de obstaculizar la materialización de progresividad en nuestros derechos, recalcando y sobreponiendo la protección constitucional que tiene el matrimonio entre hombre y mujer y no las uniones entre personas del mismo sexo o lo establecido en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de nuestra Carta Magna. De allí que el artículo 77 Constitucional pese a no prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo posiciona en una situación de desigualdad frente a la institución conformada entre un hombre y una mujer.

 

Es deber de la Asamblea Nacional acatar la Opinión Consultiva OC-24/17 publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 9 de enero de 2018, en la cual se indicaba que todos los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos tienen la obligación de reconocer las uniones entre parejas del mismo género en igualdad de condiciones que las uniones entre parejas de diferente género, y la identidad de las personas trans, incluyendo el género con el que se identifican y el nombre que elijan, como parte del derecho humano a la identidad que tienen todas las personas, a través de trámites administrativos, gratuitos, confidenciales y expeditos.

 

Subrayamos que esta posición de la Asamblea Nacional y su mayoría de Diputados es cónsona con la decisión del Parlamento en el año 2014 de no debatir el proyecto de Matrimonio Igualitario. No incluir derechos LGBTIQ+ en el llamado “Plan País” ni legislar sobre las demandas y exigencias históricas que el Estado venezolano mantiene con nuestro colectivo.

 

También es consecuente con la posición LGBTIQfóbica del resto de Poderes Públicos en Venezuela que bloquean el avance de los derechos civiles como el Tribunal Supremo de Justicia que tiene engavetadas seis demandas vinculadas a la causa igualitaria, incluyendo la interpuesta por la misma diputada Tamara Adrian sobre su derecho a la identidad de género, pendiente por respuesta desde el año 2004.

 

En el marco de la Emergencia Humanitaria en Venezuela y de la crisis por el COVID-19, la situación de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ aumenta día tras día. Los intereses políticos, las posturas religiosas, el silencio y la negación a legislar o tomar medidas contundentes en materia de políticas públicas sobre la protección de derechos de nuestro colectivo se traduce en vidas, en indignidad y representa una violación a los Derechos Humanos y son responsabilidad hoy de quienes ostentan un curul en el parlamento y representan la pluralidad de ideas, creencias y sentires del país.

 

Alzamos la voz para denunciar que las personas LGBTIQ+ enfrentamos mayores amenazas debido a la vulnerabilidad ocasionada por el desconocimiento histórico de las instituciones y que esas vulnerabilidades se multiplican en grupos de mayor riesgo dentro de nuestra población: Niñes LGBTIQ+, infantes transgénero, personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de tercera edad, trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, intersexuales, personas no binarias, migrantes y refugiades, afrovenezolanes, campesines, personas que viven con VIH o condiciones crónicas y quienes están en situación de calle. Es necesario que desde el Estado, especialmente desde el poder Legislativo, se fijen posturas frente a estas realidades.

 

Insistimos en que sin reconocimiento de derechos para todas las personas, incluyendo a personas LGBTIQ+, no se visualiza un escenario democrático sostenible en Venezuela. No existirá inclusión e igualdad si millones de ciudadanes estamos por fuera de cualquier proyecto. La violencia contra gais, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers en Venezuela es estructural: empieza en nuestras casas y escuelas y se replica en liceos, universidades, espacios públicos, empresas, puestos de trabajo, hospitales, medios de comunicación, iglesias e instituciones. Debemos dar pasos contundentes para acabar con ella.

 

En ese sentido, activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ+ en Venezuela y el exilio unimos nuestras luchas y voces para:

 

  1. Repudiar los intentos partidistas de impedir reiteradamente el avance de los derechos LGBTIQ+ desde el seno del poder Legislativo y exigimos al resto de bancadas y partidos políticos presentar al país una postura contundente e inequívoca y propuestas concretas en materia de derechos de la población LGBTIQ+

 

  1. Exigir a la Asamblea Nacional la modificación inmediata del Acuerdo aprobado de forma poco transparente y respaldar la versión original de la propuesta.

 

  1. Exigir que se inicie en el menor plazo posible dentro de las Comisiones y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación y la recepción de proyectos de Ley que reconozcan y garanticen los derechos de la población LGBTIQ+ en su pluralidad y diversidad como el Proyecto de Ley de Identidad de Género, la Ley contra crímenes y Discursos de Odio y una Ley Antidiscriminación contra personas LGBTIQ.

 

  1. Exigir a la Asamblea Nacional abrir en primera discusión la propuesta del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario introducido en 2014 por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y 20.000 firmas de respaldo.

 

  1. Exigir la inclusión de activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ en Venezuela y el exilio dentro de las iniciativas propuestas para aportar distintos puntos de vista en los procesos de revisión y debate de proyectos de Ley que incluyan también a personas LGBTI que formen parte de otros grupos vulnerables (migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, de otras razas y personas que viven con VIH)

 

  1. Exigir que se reconozcan y garanticen no sólo el Derecho a la Identidad y al Matrimonio Igualitario, sino también a la Vivienda, la Alimentación, el Trabajo, la Educación, la Salud, la Familia, el Debido Proceso y a cualquier otro derecho, garantizando así el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales en esta materia.

 

  1. Hacer un llamamiento a todas las personas LGBTIQ+ que militan en los partidos políticos venezolanos a que alcen su voz y derrumben los muros que impiden el debate de la agenda igualitaria en sus toldas políticas y que prioricen, en este momento crucial, la lucha por derechos civiles frente a la militancia. Su resistencia y su voz es fundamental para esta lucha histórica.

 

Nuestros derechos son impostergables

 

Organizaciones nacionales:
– SOMOS
– Central ASI
– NUDDSO
– Joven Pride
– Prodiversxs
– Desiguales
– Diferentxs
– Provea
– Positivos en Colectivo
– Fundación Reflejos de Venezuela
– Unión Afirmativa
– País Plural
-Venezuela Diversa A.C
– Venezuela Igualitaria
Internacionales:
-Red Internacional de Activistas LGBTIQ Venezolanes Refuigiados y Migrantes.
– Aremidiar /Argentina
– Fuvadis / Colombia
-America Diversa / Estados Unidos
– Colective Trascendentes
Activistas:
-Jose Manuel Simons / Chile
-Juan Carlos Viera / Mexico
– Richelle Briceño
– Jeffrey Rodríguez
– Yendri Velásquez
-Ower Alexander Oberto / Canada Activista PVVIH y Refugiados

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Unión Afirmativa solicita modificación de Acuerdo de la AN sobre personas LGBTI

Unión Afirmativa solicita modificación del Acuerdo de AN sobre personas LGBTI.

ACUERDO SOBRE ACCIONES TENDIENTE A VISIBILIZAR Y MITIGAR EL IMPACTO DIFERENCIADO DEL COVID19 SOBRE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGENERO E INTERESEX COMO CONSECUENCIA DE LA HOMOFOBIA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

 

Agradecemos la Iniciativa de la Diputada Tamara Adrián al presentar esta propuesta de acuerdo ante la plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela. No obstante, nos permitimos hacer las siguientes observaciones al documento publicado.

El punto en agenda para el día 19 de mayo, nos sorprendió la manera como fue redactado el texto, el cual citamos: “proyecto de acuerdo sobre el impacto diferenciado en la salud del COVID 19 en el marco del 17 de mayo declarado por la Asamblea Nacional en 2016 como día Nacional contra la Homofobia, Trasfobia y Bifobia”. Logramos entender que se trata del impacto diferenciado del COVID 19 en las personas LGBTI.  Es importante, cuidar las formas y maneras en que se emprenden ciertas iniciativas.

Destacamos que no se haya consultado a la sociedad civil sobre  dicho “Acuerdo” y sus implicaciones, tal como corresponde en una sociedad democrática en la que los poderes se reúnen y discuten con las organizaciones de derechos humanos  y en temas específicos para escuchar recomendaciones y hacer contribuciones o modificaciones, en caso de ser necesarias . En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos por los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.  

Tuvimos oportunidad de ver por la sesión de la Asamblea a través de la plataforma YouTube, por el canal de la Asamblea Nacional. En dicha sesión se leyó y aprobó un acuerdo que contenía cinco considerandos y puntos de acuerdo. Sorpredentemente, en horas de la noche, se publica en las redes sociales el documento del Acuerdo en el que se incluye un nuevo punto de acuerdo identificado como el número cinco el cual se lee lo siguiente:  

QUINTO: Revisar, a través de las Comisiones Permanentes y Subcomisiones de la Asamblea Nacional, la legislación vigente en Venezuela, para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante la ley de las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 77 de la Constitución el cual dice: Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.

Esta mención al artículo 77 de la Constitución tira por tierra cualquier intento de coadyuvar en la eliminación de la discriminación a las personas LGBTI en Venezuela. Ya que a todas luces revela la negación de la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan contraer  matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas de distinto sexo.

Es un uso malintencionado de la Sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia del año 2008 en caso de recurso de interpretación solicitado por Unión Afirmativa para seguir segregando y discriminando a parejas del mismo sexo.   

Haber incluido esa mención va en contra del principio de igualdad y discriminación y cualquier intención inicial del Acuerdo para visibilizar y mitigar las consecuencias diferenciadas de la Emergencia Humanitaria Compleja y el COVID 19 en las personas LGBTI.

Esa mención además sienta un precedente lamentable en el respeto a los derechos humanos y el principio de progresividad de los mismos.

Reiteramos nuestro agradecimiento a la Diputada Adrián quien tuvo esta iniciativa en el cumplimiento de sus funciones como servidora pública y expresamos nuestro total apoyo al resto del contenido del Acuerdo.

Por lo tanto, solicitamos a la Asamblea Nacional

  1. Hacer una modificación inmediata del punto Quinto el Acuerdo publicado el día 19 de mayo de 2020, titulado: ACUERDO SOBRE ACCIONES TENDIENTE A VISIBILIZAR Y MITIGAR EL IMPACTO DIFERENCIADO DEL COVID19 SOBRE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGENERO E INTERESEX COMO CONSECUENCIA DE LA HOMOFOBIA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA.
  2. Incluir el compromiso de la Asamblea Nacional de cumplir con la Opinión Consultiva OC24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, en la que se insta a los Estados signatarios de la Convención Americana y miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a emprender las acciones con el fin de que todos los ciudadanos sin distinción alguna puedan disfrutar del derecho al matrimonio y a la identidad de género auto percibida.

 

  1. Emprender las modificaciones pertinentes a los instrumentos legales que impiden a las personas LGBTI el pleno disfrute de sus derechos humanos.

 

  1. Consultar a la sociedad civil organizada sobre las modificaciones a los instrumentos legales que lo ameriten. En especial a las organizaciones, grupos o personas LGBTi sobre leyes que les involucren o les sean pertinentes.

 

  1. Instamos a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional a actuar apegados a las leyes Nacionales e Internacionales en el cumplimiento de sus funciones. El deber de los servidores públicos es actuar en base a las leyes, normas y Pactos, Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que el Estado venezolano ha suscrito y ratificado, los cuales tienen prevalencia en el orden interno de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Nacional.

 

 

 

 

 

 

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Así iniciamos el 2019, y nos preguntamos… ¿Qué pasó con…?

En el año 2016, en ocasión de la XVI celebración del Orgullo LGBTI en Venezuela, Unión Afirmativa de Venezuela publicó un manifiesto en el que mencionamos las cosas buenas que teníamos para ese entonces; así como nuestras exigencias y demandas.

MANIFIESTO 2016

Acá lo reproducimos de manera parcial y lo acompañamos de algunas reflexiones y preguntas:

 

 

  • Que llegamos a la Asamblea Nacional eligiendo a dos diputados abiertamente sexodiversos: Tamara Adrián y Rosmit Mantilla. Tamara es la primera diputada transgénero elegida en América y en nuestro país, y Rosmit es el primer diputado abiertamente gay elegido en Venezuela.

 

Preguntamos:

 

¿Dónde están los resultados de estas dos diputaciones? Rosmit Mantilla se encuentra asilado en Francia. ¿Dónde están las leyes anunciadas por la diputada Adrián? ¿Dónde podemos leer la rendición de cuenta de la Diputada Adrián y del Diputado Mantilla? ¿Cuántas actividades relacionadas con  los derechos de las personas LGBTI se realizaron, cuantos foros se organizaron, cuántas mesas de trabajo se realizaron? ¿Cuántas reuniones realizó con las organizaciones de la sociedad civil y con cuáles? Si en efecto se realizaron ¿dónde están los resultados?

 

  • Que el Poder Ejecutivo haya creado el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Sexodiversidad, para comenzar a escuchar las propuestas de las organizaciones y movimientos sociales sexodiversos.

 

Preguntamos:

 

¿Dónde están las acciones realizadas por esta instancia? ¿Dónde podemos leer un reporte de resultados? ¿Se le asigno recursos a esta instancia? ¿Cómo se ejecutaron y cuáles fueron sus resultados? No tienen una página web dónde buscar información, solo una cuenta en la red social Twitter en la que la mayoría de la información son RT de otras cuentas del gobierno.

Ya en el año 2016, Quiteria Franco, Coordinadora de Unión Afirmativa de Venezuela les hizo unas preguntas sobre sus actuaciones al Consejo Presidencial  de Gobierno Popular de la sexodiversidad. Nunca hubo una respuesta.

 

  • Que la Asamblea Nacional haya aprobado por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se declara el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, como un primer gesto de apertura hacia nuestras demandas legislativas.

 

Ya sabemos que esta declaración fue anulada por el TSJ. Pero, posterior a ese terrible hecho. Pasó 2017 y 2018, ¿Cuántos actos se hicieron en esta fecha para observar las recomendaciones publicadas en la declaratoria? ¿por qué no se hicieron? ¿Cuántas iniciativas en esta materia se presentaron en la sub Comisión de derechos humanos?

 

  • Que el Gobierno del Distrito Capital haya creado la Oficina de Atención Integral para la Sexo-Género Diversidad, para brindar orientación y asistencia las personas vulneradas por su condición sexual o de identidad ante la sociedad y haya emitido el Decreto 006 para la Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad y/o Expresión de Género.

 

Para marzo de 2016, con el cambio de jefatura en el Gobierno del Distrito Capital se de Daniel Aponte a Carolina Cestari, la nueva jefa amenazó con derogar ese decreto. ¿Qué ha pasado con esa oficina? Aunque se anunció que continuaría, nos gustaría conocer cuáles han sido sus actividades. ¿Dónde está la memoria y cuenta de la Jefatura que refleje las acciones emprendidas por esa oficina? ¿Por qué esa oficina no ha actuado en los distintos casos de discriminación denunciados por los afectados?

 

  • La propuesta del concejal Diego Scharifker para que el Consejo Municipal de Chacaoapruebe próximamente la Ordenanza de Discriminación en Todos los Ámbitos y Formas.

 

Esta Ordenanza, en efecto, fue aprobada, ahí estuvimos presentes. Pero ¿Por qué no funcionó ni se puso en práctica ante el caso de discriminación en Pisko Bar en el CC. San Ignacio a finales de 2018? ¿La ausencia del concejal Sharifker significa la muerte de esa ordenanza? ¿Ningún otro concejal se hará responsable del cumplimiento de esta ordenanza?

 

  • Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, haya atendido las solicitudes de las organizaciones y movimientos sociales y haya elaborado el Exhorto referente a la transmisión de mensajes sobre la comunidad sexo género diversa, en radio, televisión y medios electrónicos. 

 

Preguntamos:

¿Qué otras acciones se han llevado a cabo para hacer cumplir este exhorto? ¿Ha CONATEL emprendido un plan de formación y capacitación a personal que labora en las televisoras venezolanas? ¿Cuál ha sido el impacto de tales procesos de formación? ¿Cómo se hace la supervisión de esa exhortación?

 

  • Que otros partidos políticos, luego de que Voluntad Popular lo hiciera, estén creando entidades de participación interna para personas LGBTI que quieren visibilizar nuestras demandas y hacer política desde su condición de sexodiversos, como lo son UNTdiverso de Un Nuevo Tiempo y la Coordinación Seccional de la Sexodiversidad en Acción Democrática.

 

Lamentablemente, todas estas iniciativas, hoy en día, a principios de 2019, ya no existen.  Pro-inclusión de Voluntad Popular cesó en sus actividades con la partida de su coordinador político, Edgar Baptista. UNT Diverso nació muerto.  Y la sección LGBTI en Acción Democrática nunca la vimos accionar. Por favor, si alguna de estas secciones de los partidos políticos tiene algún resultado o producto que mostrar por favor, hágalo saber. En una revisión rápida de las cuentas en Twitter de estas iniciativas políticas podrán constatar que la mayoría de sus mensajes eran RT de las cuentas de los partidos políticos o de algunos políticos de estos partidos.

Lo más reciente, es la creación de la Oficina de la “sexodiversidad” de la Alcaldía del Municipio Libertador, creada en junio de 2018, bajó la gestión de Erika Farias. Hasta ahora es muy poca la información que se conoce sobre su funcionamiento y sobre quienes están al frente de esa institución y sus capacidades. Esperemos no sea como acostumbra este gobierno, a que sean personas leales al proceso, pero sin ningún tipo de formación y preparación para el cargo. No es precisamente más espectáculos travestis los que necesitamos, de esos hay muchos en muchos locales privados. La función de esta y cualquier otra instancia del Estado es la crear e implementar políticas públicas a favor de la población.

20 años de un gobierno que se autodenomina revolucionario y feminista, ni Chávez ni maduro hicieron absolutamente nada concreto en favor de la población LGBTI. Nunca hubo tiempo, nunca hay tiempo. Siempre hay cosas más importantes. Legislaron para todos los grupos vulnerables excepto para las personas LGBTI.

Por el otro lado, responden “hay que recuperar la democracia”, “Eso no está en agenda” “la AN está bloqueada”.  Pero según noticias publicadas en la AN se discutieron y aprobaron varias leyes [1] en 2018, aunque no se hayan enviado al Poder Ejecutivo. ¿Entonces, cuál es la verdad?

Los derechos de las personas LGBTI en Venezuela no se pueden seguir postergando, el resto de nuestros países vecinos siguen avanzando y nosotros seguimos estancados.

[1] La AN aprobó 6 leyes y otras tantas esperan visto bueno http://www.eluniversal.com/politica/28931/la-an-aprobo-6-leyes-y-otras-tantas-esperan-visto-bueno

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Trabajo de Quiteria Franco como defensora de derechos humanos reconocido por Asamblea Nacional

Asamblea Nacional  reconoce el trabajo de Quiteria Franco como defensora de derechos humanos

El pasado jueves 15 de marzo en el Auditorio del Edificio José Maria Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional se llevó a cabo un acto de reconocimiento del trabajo de distintas mujeres venezolanas, entre ellas nuestra Coordinadora General, la Profesora Quiteria Franco.

El acto de reconocimiento fue organizado por la Comisión Permanente de Política Interior presidida por la diputada Delsa Solórzano y contó además con la presencia de la Diputada Adriana D’Elia presidenta de la Sub-Comisión de la Mujer.

El trabajo de activismo de Quiteria Franco se ha destacado desde hace muchos años. Aunque se ha destacado en la palestra pública desde el 2015 cuando presentó ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de las personas LGBTI en Venezuela. Posteriormente, ha presentado otros informes similares ante diferentes comisiones en  Naciones Unidas. Además de su trabajo en Venezuela formando a periodistas y funcionarios de instituciones públicas y privadas sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en el país.

Más recientemente, su trabajo fue reconocido al ser electa como integrante plena y principal del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para ONU-Mujeres en Latino América y el Caribe.

Pueden revisar y conocer más sobre la trayectoria de Quiteria Franco en nuestra sección de Reseña Histórica y en su blog.

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Derecho de palabra en Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional

Texto de Daniel Rojas. Publicado en Contrapunto.

Miércoles, 29 de Junio de 2016 a las 7:27 p.m.

A juicio de Quiteria Franco, en Venezuela no existe impedimento legal para reivindicar y consagrar los derechos de la población no heterosexual.  El reconocimiento legal de las parejas conformadas entre personas del mismo sexo, legalizar la identidad trans, sancionar cualquier tipo de discriminación, así como tipificar los crímenes de odio conforman la agenda de necesidades prioritarias que presentó, este miércoles, la Red LGBTI ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).

Por segunda vez este año, la coordinadora de dicho colectivo, Quiteria Franco, tuvo derecho de palabra en el Parlamento y entregó un documento que específica los alcances y la urgencia social de cada propuesta. Resaltó que si algo, actualmente, parece estar a favor de la población LGBTI del país es la voluntad parlamentaria para legislar a su favor y consagrar derechos humanos.

“Desde los últimos 17 años hemos venido muchas veces a esta Asamblea y, lamentablemente, no encontramos un interlocutor sensible a los Derechos Humanos. Eso, afortunadamente, creemos que está cambiando en esta nueva gestión de la Asamblea”, añadió.

Explicó que el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo es insoslayable y recordó que el 28 de febrero de 2008 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un caso de Unión Afirmativa, ratificó que el matrimonio en Venezuela se define como la unión entre un hombre y una mujer, de acuerdo con el artículo 44 del Código Civil. Puntualizó que dicha resolución le dejó al Parlamento venezolano la potestad de legislar y crear un nuevo estado civil que puede ser unión civil.

Al respecto, Un Nuevo Tiempo (UNT) promueve la reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil para establecer el reconocimiento de uniones civiles igualitarias entre parejas del mismo sexo.

“No puede ser que dos personas del mismo sexo, que tienen años unidas como pareja, cuando una de ellas dos fallece o se separa no se les reconozcan sus derechos patrimoniales. Esas son parte de las reivindicaciones justas por las cuales ha venido luchando la comunidad Lgbti y que nosotros impulsaremos desde la Comisión de Política Interior”, señaló la parlamentaria.

Con relación a la identidad trans, Franco aseveró que con el reconocimiento a la identidad de estas personas se les permitiría dejar de ser excluidos del sistema educativo, así como acceder a derechos básicos como la vivienda, la salud, entre otros.

“(Las personas trans) Son echadas de sus hogares, son excluidas del sistema educativo, son discriminadas en su lugar de trabajo y las que han logrado culminar una carrera universitaria, al momento de ir a buscar un empleo se les niega, por existir incongruencia entre su aspecto físico y lo que dice su documento de identidad”, señaló.

A pesar de que Ley Orgánica de Registro Civil, publicada en gaceta oficial en 2010, establece en su artículo 146 que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez (…) cuando este sea infamante, la someta al escarnio público”, en esta no se menciona ninguna posibilidad de cambio de género sexual en la documentación personal.

“Recuerdo claramente la declaración de la diputada, para ese entonces, Iris Varela que dijo que las personas trans podrían lograr el cambio de su identidad, sin embargo como no quedó establecido de manera clara lo que ha privado en los registros en el país es la discrecionalidad del empleo. Ninguna persona trans, hoy en día, ha podido realizar el cambio de su nombre y de su identidad en el documento de identificación”, apuntó Franco.

Entretanto, el impulso de una normativa contra los crímenes de odio, que es otra iniciativa que también estipula Un Nuevo Tiempo, busca otorgar protección a la integridad física y a la vida de las personas LGBTI. También permitirá investigar y sancionar las conductas y prácticas violatorias de los derechos a su vida y a la seguridad personal.

“Cuando se asesina a una persona por motivo de su orientación sexual, su identidad o expresión de género estamos en presencia de un crimen de odio”, mencionó.

Franco precisó que Acción Ciudadana contra el Sida, una organización miembro de la Red LGBTI, desde el año 2008 ha documentado los crímenes de odio en Venezuela, de acuerdo con investigaciones hemerográficas.

En ese sentido, recordó que el documento publicado por la organización en 2015 denunció que entre el período 2013-2015 se cometieron unos 175 crímenes de odio, de los cuales 75 fueron asesinatos a personas trans o a homosexuales.

“Al igual que el resto de asesinatos en el país están en la impunidad, no se hace mucho desde los organismos del Estado”, dijo.

Indicó la activista LGBTI que en el último informe que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 45% de los casos que se recibe en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo hay, al menos, una persona LGBTI involucrada.

 

Sentenció que se debe aprobar una ley antidiscriminación que garantice la inclusión plena de la población LGBTI en las políticas públicas del Estado, a fin de que le sean consagrados sus derechos a vivir libremente su orientación sexual o su identidad y expresión de género.

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Derecho de Palabra en Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional

El día miércoles 04 de mayo de 2016, Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela, hizo entrega de la Agenda Legislativa de las personas LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), durante el derecho de palabra concedido a la Red LGBTI en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. La activista se refirió a la discriminación, y cómo ésta afecta las diferentes áreas de la vida de las personas de esta comunidad.

En su intervención Quiteria Franco expresó:

“Estamos solicitando que se establezcan posiciones claras y precisas que incluyan órganos de protección específicos y sanciones en caso de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en todas las actividades humanas, incluyendo sin limitación educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes, trabajo, entre otras”.
Así mismo hizo énfasis en que “la discriminación de la que las personas LGBTI son objeto no se refiere solo al impedimento de reconocer las parejas, sino en todas las áreas de su vida: trabajo, educación y salud. “La activista solicitó que la comisión “apoye la solicitud introducida en la Asamblea Nacional para declarar el día contra la homofobia y transfobia el 17 de mayo de este año”.

Por su parte, Edgar Baptista afirmó que “esta agenda que presentamos es un trabajo de diversas organizaciones, vinculadas con el gobierno y con la oposición, así como organizaciones independientes, que trata temas sobre la discriminación que sufren las personas LGBTI en Venezuela”. Baptista hizo referencia a un trabajo de ACCSI, según el cual se han registrado desde 2008 más de cien casos de crímenes de odio, “donde se veía el ensañamiento y donde la mayoría fueron perpetrados por funcionarios de seguridad del Estado”. Además instó a que en la Asamblea Nacional se trabajara en una Ley Orgánica Contra la Discriminación, que incluya la orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

En su intervención, la Diputada Tamara Adrián señaló que el tema de derechos de personas LGBTI “no es un tema de caprichos ni de países del primer mundo, es un tema de dignidad de las personas”. Recordó que Venezuela se encuentra muy por detrás de sus vecinos latinoamericanos en cuanto a esta materia y que en los últimos 17 años de homofobia de Estado no habían existido avances. Invitó a la comisión para “acompañar el proceso de lucha en contra de la discriminación”.

Para concluir el presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, Miguel Pizarro ratificó la disposición de la Asamblea Nacional de declarar el próximo 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia y Transfobia en Venezuela.

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