Resumen de actividades durante 2020

Les presentamos un resumen de las actividades realizadas durante el 2020.   

 

Enero

21 al 24 Asistimos al II Encuentro de la Red de personas LGBTI en situación de Movilidad que se llevo a cabo en Quito, Ecuador. 

 

 

Enero 25 al 31. . Nuestra Coordinadora Quiteria Franco asistió al Encuentro de la Mujer en su  calidad de integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil en ONU Mujeres para Latino America y El Caribe en Santiago de Chile. 

Febrero

 

8 de febrero. Nuestra Coordinadora facilito un taller de formación y capacitación a periodistas y abogados de Una Ventana a la libertad sobre personas LGBTI y derechos humanos.

 

 

14 de febrero. Dictamos un Taller de formación y capacitación al personal de Médicos sin Fronteras 

Marzo

  1. Nuestra Coordinadora dicto un taller sobre historia del movimiento LGBTI para el programa diversxs de Amnistía Venezuela. 

Abril

A partir de este mes las actividades comenzaron a ser todas en formato en linea debido a la llegada de la Pandemia COVID 19 y las medidas de aislamiento y distanciamiento social decretada por la mayoría de los gobiernos a nivel Mundial. 

El día 8 de abril nuestra Coordinadora General participo en un Foro/Entrevista sobre Migración de personas LGBTI y el Covid 19 en Venezuela, un evento organizado por  Dialogo Diverso y conducido por Danilo Manzano. 

 

el 26 de abril de 2020 publicamos en nuestras redes sociales el documental Lesbianas en Venezuela, una producción de Quiteria Franco y el equipo de AlternosLA, que muestra los inicios, retos y logros del movimiento lésbico en Venezuela. 

Durante tres meses el 22 de abril, el 1 de mayo y el 4 de junio se realizaron reuniones virtuales de la Red Regional de personas LGBTI en movilidad en las Américas y el Caribe. 

El 3 de mayo Quiteria Franco participo en una entrevista de radio para el programa Derechos al Aire de la organización Promedehum por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría 105.9 FM Mérida, junto a Rosa Acevedo de Uniandes y Alejandra Olivares de Defensa en Acción. 

Mayo

 

7 de mayo. Participamos en un foro en linea sobre Derechos y tratamiento de grupos vulnerables organizado por la Comisión Presidencial para los DDHH. En este evento se abordaron los temas relacionados con Adultos mayores, pueblos indígenas, población privada de libertad y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela.  

 

  1. El 13 de mayo participamos en una Mesa Redonda virtual organizada por la organización ecuatoriana Dialogo Diverso sobre los efectos del COVID 19 en las personas LGBTI refugiadas y migrantes en Latinoamérica. Participaron activistas de Guatemala, Republica Dominicana, un hombre trans migrante venezolano en Costa Rica y un periodista mexicano. 

El 19 de  mayo Quiteria Franco, Coordinadora General dicto un taller de formación a algunas organizaciones socias de ACNUR en Venezuela sobre personas LGBTI y derechos humanos.  

 

El día 26 mayo. Participamos en un Foro en la plataforma Instagram por invitación de la Fundación Vida jurídica del estado Zulia. 

 

El 27 de mayo participamos en una entrevista de Radio con Efraín Ruiz en el programa fuera de lugar por la emisora Sintonía 1420 AM.  

Junio. Mes del orgullo y dignidad LGBTI 

 

El 7 de junio publicamos un manifiesto en el que resumimos la actuaciones y omisiones de las diferentes instituciones y poderes del Estado venezolano en relación a las personas LGBTI. 

Acá te lo dejamos para que vuelvas a leer el Manifiesto 

 

El 22 de junio Nuestra Coordinadora facilito un Foro Chat via WhatsApp a los alumnos de la  Federación de estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo. 

El 29 de junio participamos en el  Foro sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, un evento organizado de manera conjunta con ONUSIDA y UNFPA. En el panel estuvieron Quiteria Franco, Vanesa Blanco, Cristina Palacios por UNFPA y Regina López por ONUSIDA. 

En el m es de junio se publicaron varios trabajos periodísticos sobre las personas LGBTI. 

Este año el diario Tal Cual no solo cambió su imagen de perfil en apoyo al mes del #orgullo también ha publicado siete trabajos sobre las personas #lgbti en Venezuela. #pride2020🏳️‍🌈
Acá se los compartimos. Puede leerlos en su portal.
 
1. Homofobia y transfobia dejan impunes los delitos de odio https://talcualdigital.com/homofobia-y-transfobia…/
2. En Venezuela se puede ser lesbiana pero en silencio. https://talcualdigital.com/elena-hernaiz-en-venezuela…/
3. La importancia de denunciar la violencia contra la comunidad LGBTI. https://talcualdigital.com/la-importancia-de-denunciar…/
4. Personas LGBTI son carnada fácil para las redes de tráfico humano. https://talcualdigital.com/personas-lgbti-son-carnada…/
5. Militancia LGBTI y los partidos políticos: líneas se rozan pero no lo suficiente. https://talcualdigital.com/militancia-lgbti-y-partidos…/
6. El otro closet: la comunidad LGBTI invisibilizada en los cargos públicos. https://talcualdigital.com/el-otro-closet-la-comunidad…/
7. Salir del closet: cuatro letras, cuatro historias. https://talcualdigital.com/lgbt-salir-del-closet-cuatro…/
 
Ademas publicaron nuestro manifiesto
Ni el ejecutivo ni el TSJ ni la Asamblea Nacional velan por derechos de LGBTI https://talcualdigital.com/ni-el-ejecutivo-el-tsj-ni…/…
 
RunRunes por su parte publicó el manifiesto y otro artículo de opinión sobre el tema
Unión Afirmativa exige al Estado cumplir compromisos con la comunidad LGBTI. 
 
Comunidad LGBTI orgullosa pero invisible para el Estado
https://runrun.es/rr-es-plus/412884/3×3-comunidad-lgtbi-orgullosa-pero-invisible-para-el-estado/ 
 
 

Agosto

 

Lunes 3. Quiteria Franco, coordinadora general, participo como ponente en el foro El Auge de la Trata de personas en Venezuela  organizado por la Comisión presidencial para los Derechos Humanos. 

 

Agosto

 

Lunes 3. Quiteria Franco, coordinadora general, facilito un foro chat vía whatsapp con profesionales del Colegio de Periodistas seccional Miranda. El tema abordado fue el tratamiento ético de los asuntos relacionados con las personas LGBTI en los medios de comunicación. 

Agosto

 

El Martes 4, Quiteria Franco participo en el foro sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela una actividad organizada por el grupo de Educación en Derechos Humanos de la UCAB.  

El Jueves 27 de agosto participamos en un Cine foro sobre la película Dallas Buyers Club organizado por la Alianza en Educación en DDHH, junto a ACCSI Y Acción Solidaria. 

Septiembre

 

Martes 1. Participamos en una Entrevista tuitera con Proiuris-Colombia

El resultado de esa entrevista pueden leerlo acá 

Las personas LGBTI migrantes y refugiadas requieren de mayor solidaridad.  

El Miércoles 2 de septiembre participamos en un Foro sobre Pedofilia por invitación de la Comisión de familia de la Asamblea Nacional- para hablar sobre las personas LGBTI

 

El Jueves 10. participamos en el Foro sobre Responsabilidad empresarial con el tema Género y diversidad por invitación de la Comisión presidencial de DDHH. 

Octubre

 

En octubre participamos en el Video por el 75 aniversario de Naciones Unidas

Noviembre

Miércoles 4 de noviembre. Participamos en un Foro organizado por la Red Naranja. Presentando como integrante de la plataforma Con Ellas.

El Miércoles 11 de noviembre participamos en el Foro sobre Gobierno Abierto y su relación con las personas LGBTI por invitación de Transparencia Venezuela. 

El sábado 21 de noviembre participamos en un Foro via instagram como parte de la IV Feria de Derechos Humanos del estado Zulia organizada por de CODHEZ- El Foro fue presentado por Jau Ramírez de Somos.

El martes 24 de noviembre celebramos el aniversario de Unión Afirmativa de Venezuela. Son 20 años desde que nuestra Asociación Civil  existe de manera oficial en el país. Lo celebramos haciendo lo que sabemos hacer trabajando en favor de los derechos humanos, documentando, denunciando y divulgando la situación de las personas LGBTI en Venezuela.

Agradecemos a todas y a todos quienes de alguna manera son responsables de nuestra existencia. A los fundadores, José Ramon Merentes, Jesús Ravelo, Richard Martines, Pedro Borges y Liliana Gómez.

Agradecemos a los diferentes integrantes de las Juntas directivas de la Organización en especial a Mauro Bellesi, Juan Daniel Márquez y a Madeline Rivas. A los colaboradores durante tanto tiempo como Jorge González Durand, Rafael Garrido y Esdras Catari. A Muchas otras personas que prefieren permanecer en el anonimato. 

Agradecemos a todas las organizaciones que nos han apoyado a lo largo de estos 20 años como Provea, Una Ventana a la libertad, ACCSI, Provea, Plafam, COFAVIC, Acción Solidaria, Civilis, Observatorio venezolano de Prisiones, Acceso a la Justicia, Cepaz  y tantas otras que han sido un ejemplo para Unión Afirmativa. 

Gracias a todas y todos. 

 

El miércoles 25 de noviembre participamos en el encendido Naranja en el marco del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Plaza Altamira del Municipio Chacao.  

Diciembre

El 1 y 2 de diciembre participamos en el VI Encuentro de defensoras y defensores de derechos Humanos en Venezuela. Organizado por CIVILIS y PROVEA.  Imagen

En este encuentro aprovechamos para agradecer a quienes desde sus organizaciones con un gesto en el mes del orgullo LGBTI cambiaron los logos en sus redes sociales para observar esa celebración.

Acceso a la Justicia, Aula Abierta, CODHEZ, CDH UNIMET, Clima 21, Codehciu, Dale Letra, Fundación Lucelia,  Humano Derecho, Observatorio de DDHH de la ULA, Plafam, Promedehum, Provea, Redes ayuda y Sinergia.

A los medios de comunicación el bus tv, RunRunes, Tal Cual, VPI, el Estímulo y el Diario.  

Y a la Embajada del Reino Unido en Caracas, ONU Mujeres, ACNUR, la CIDH y la OEA.

Diciembre

 

Participamos en un video testimonial para embajada de Alemania y Francia sobre inicios de activismo en el marco del Dia Internacional de los Derechos Humanos.  

El 16 de diciembre participamos en un foro organizado por la Alianza Mundial de legisladores por la igualdad en DDHH de personas LGBTI, en ingles conocido como Lawmakers for LGBTI equality. Global Equality Caucus. 

 

 

 Unión Afirmativa les desea un excelente año 2021. 

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Celebramos nuestro 20 aniversario

Estimadas, aliadas y amigas.

En Unión Afirmativa estamos de aniversario. Este 24 de noviembre de 2020 estamos celebrando 20 años de trabajo en Venezuela. Han sido muchas vivencias.

Queremos agradecer a todas las organizaciones que nos han acompañado en esta experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos. Nos gustaría poder mencionarlas a todas. Algunas ya no existen. Otras siguen y algunas son de reciente creación que nos han acompañado.

A cada persona lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex que nos ha apoyado, les expresamos nuestro agradecimiento y a quienes han confiado en nosotros y que nos hayan permitido ayudarles cuando más lo necesitaban. Para Unión Afirmativa es una responsabilidad enorme que ustedes confíen en nuestro trabajo.

Agradecidos con todas las personas que han pasado por nuestra organización, como fundadores, miembros de la junta directiva, voluntario, colaborador, financista, usuario, beneficiario, diseñador, editor, participante en nuestras actividades y periodistas, grandes aliados.

Seguimos trabajando para que en Venezuela se implementen los estándares internacionales que protegen a las personas de la discriminación debido a la orientación sexual, identidad o expresión de género.  

 

Reseña histórica de Unión Afirmativa de Venezuela con actividades desde el año 2000 hasta el 2013

 

Resumen de actividades durante 2014

 

Resumen de actividades durante 2015

 

Resumen de actividades durante 2016

 

Resumen de actividades durante 2017 

 

Resumen de actividades durante 2018

 

Resumen de actividades durante 2019

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Género y violencia sexual en el Informe de determinación de hechos en Venezuela

Género y violencia sexual en la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela

Por Quiteria Franco

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su informe publicado este miércoles 16 de septiembre identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

 

¿Qué es la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela?

En la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para que investigue lo siguiente: 1) las ejecuciones extrajudiciales, 2) las desapariciones forzadas, las 3) detenciones arbitrarias y 4) las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión de determinación de los hechos que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones, en septiembre de 2020.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas en español y 411 paginas en inglés presentados en ocho capítulos. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

La Misión identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

Las fuerzas de seguridad del estado en sus múltiples cuerpos, a saber, la Policía Nacional, policías locales, regionales y municipales, GNB, CICPC, SEBIN, DGCIM, FAES son identificadas como las perpetradoras de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, Reverol y Padrino López como responsables de ordenar, financiar u ordenar estas violaciones de derechos humanos.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Acá me voy a enfocar solo en el capítulo VI titulado Análisis de género, violencia sexual y de género; y dentro de este capítulo el  punto En la parte I. Impactos diferenciados, letra A. Impacto diferenciado de las condiciones de detención en mujeres y niñas; y II. Evaluación de la violencia sexual perpetrada en el contexto del mandato de la Misión, letra A. Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión.

En primer lugar la Misión destaca como las violaciones y los delitos documentados afectan de manera diferenciada a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres debido a  los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos previamente establecidos culturalmente en la sociedad venezolana.  Por un lado, los roles y estereotipos patriarcales que presentan a la mujer ideal como una figura materna dentro de la esfera doméstica, y sexualizan a las mujeres jóvenes fuera de este rol. Por otro lado, también se aplican estereotipos a los hombres a través del predominio continuo del machismo, que exige una masculinidad exagerada arraigada en el papel del hombre de defender a su familia y, por extensión, a su patria. Estos estereotipos machistas utilizan la homofobia y la misoginia como arma para desacreditar a oponentes masculinos, al insinuar su homosexualidad o feminidad, las cuales connotan debilidad e indefensión.

 

En la parte I. Impactos diferenciados, letra A. Impacto diferenciado de las condiciones de detención en mujeres y niñas se menciona lo siguiente:

 

En algunos casos, las condiciones de detención inadecuadas afectaron de manera desproporcionada los derechos de las mujeres y las niñas. La Misión investigo casos en los que hombres y mujeres, incluidos menores, fueron detenidos todos juntos en centros de detención oficiales o no oficiales, incluidas oficinas y cocinas de comisarías de policía, a veces durante varios días, antes de su audiencia de presentación.

En varios casos, hombres, mujeres, niños y niñas tuvieron que hacer sus necesidades en bolsas frente a funcionarios o frente a otras personas detenidas del sexo opuesto.

Debido a la falta de instalaciones adecuadas, una mujer dijo a la Misión que se vio obligada a ducharse desnuda en un vestidor masculino del CICPC durante su detención. Funcionarios varones entraban en el vestidor y le hablaban mientras se banaba, más tarde un oficial superior le hacía insinuaciones sexuales. En al menos dos casos, mujeres y hombres que no se conocían entre sí fueron retenidos juntos en pequeñas oficinas administrativas del SEBIN en El Helicoide durante varios días antes de ser al área formal de detencion.

 

En varios casos, mujeres que menstruaban fueron retenidas después de su arresto sin tener acceso a productos de higiene menstrual y sin poder bañarse adecuadamente. Esto resulto en que las mujeres usaran ropa mojada y ensangrentada durante varios días, a veces en presencia de hombres que ellas no conocían. En ocasiones, se presentaban a mujeres en el tribunal con estas ropas ensangrentadas y/o funcionarios de seguridad se burlaban de ellas y de la sangre. Sin excepción, las mujeres que hablaron con la Misión describieron estas situaciones como profundamente humillantes.

 

Ni los centros de detención del SEBIN ni de la DGCIM ofrecían condiciones adecuadas para mujeres, aunque permanecían allí durante semanas, meses o años. En El Helicoide, por ejemplo, permanecían hasta 30 mujeres recluidas en una celda hacinada, sin acceso a agua corriente. Cuando había agua disponible en el centro, se proporcionaba el primer acceso a los hombres. Esto afecto de manera desproporcionada a la población femenina, que además de tener menos acceso que los hombres al agua para beber, bañarse y limpiar, también necesitaban agua adicional durante la menstruación. Las mujeres detenidas informaron que también tenían menos acceso a la luz solar y a la actividad física en comparación de los hombres.

 

Mujeres bajo custodia también enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo. La Misión considera tales actos como violencia sexual precisamente por su carácter coercitivo. No se proporcionó protección adecuada contra estos actos, ni se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de todas las personas detenidas para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales.

 

El contacto sexual entre custodios y personas detenidas está prohibido tanto por el derecho nacional e internacional. La Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia prohíbe a los funcionarios públicos sostener relaciones sexuales con personas detenidas bajo su custodia, aun en ausencia de violencia o amenazas. En virtud del derecho internacional, se ha determinado que el entorno intrínsecamente coercitivo creado por la detención vicia la posibilidad de un consentimiento genuino para actos sexuales entre los funcionarios o custodios y la persona detenida.

 

A pesar de que los guardias del SEBIN cometían actos sexuales con personas detenidas en El Helicoide, por ejemplo, no se disponía de anticonceptivos ni se realizaban exámenes médicos para detectar o tratar infecciones de transmisión sexual o embarazos. Una testigo dijo a la Misión que a las detenidas, después de haber tenido relaciones sexuales con guardias, les preocupaba que pudieran quedar embarazadas y trataban de evitar la concepción. Otra detenida pidió a sus familiares que le llevaran anticonceptivos a El Helicoide para que ella los pudiera distribuir a las reclusas junto con información sobre salud sexual. Sin embargo, los anticonceptivos se volvieron cada vez menos disponibles en todo el país, lo que hacía imposible el suministro privado estos. Además, Venezuela mantiene leyes restrictivas que penalizan el aborto, incluso en casos de violación y de riesgos para la salud de la madre.

 

La Misión también recibió información preocupante relativa al trato a mujeres embarazadas detenidas por la DGCIM. La Misión recibió información confiable sobre una mujer que había sido brutalmente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento, a pesar de que tanto ella como su novio (quien también fue detenido) informaron a los oficiales que se encontraba en el primer trimestre de embarazo. Aproximadamente un mes después de su detención, oficiales llevaron a la víctima al hospital donde sufrió un aborto espontaneo. No se le había prestado atención médica en el ínterin, a pesar de las peticiones de su familia.

Las mujeres familiares de personas detenidas también se enfrentaron a desafíos importantes, especialmente cuando sus familiares estuvieron detenidos durante meses o años. Debido a la falta de agua, alimentos, medicinas y otros bienes básicos en los centros de detención, las mujeres de la familia acudían a estos diariamente, o con la mayor frecuencia posible, para entregar dichos artículos. El transporte hacia y desde los centros de detención también solía ser un desafío para los familiares, especialmente en épocas de escasez de gasolina o cuando un pariente se encontraba detenido lejos de su lugar de residencia. Por ejemplo, una mujer tuvo que trasladarse a otro estado para poder entregar alimentos y agua con regularidad a su marido. Algunas personas detenidas dijeron a la Misión que funcionarios de seguridad retuvieron algunas de estas entregas.

 

En los casos documentados por la Misión, el tiempo y los recursos necesarios para proporcionar estos artículos representaron una carga significativa para las mujeres de la familia. Muchas de las personas detenidas sostenían económicamente a la familia o contribuían de alguna otra manera al mantenimiento del hogar. Sin su apoyo, las mujeres de la familia luchaban por mantener los gastos del hogar mientras seguían cargando con las responsabilidades del cuidado de la familia, proporcionando apoyo a las personas detenidas y dando seguimiento a los procesos judiciales en curso. Varias personas detenidas describieron como regresaron a casa después de su excarcelación; encontraron despensas vacías y sus familiares parecían haber perdido mucho peso. Por lo menos en un caso, las familiares femeninas tuvieron que dejar sus empleos remunerados para dedicarse a atender tanto a la persona detenida como a su caso. Además, en cuatro casos, familiares mujeres dijeron a la Misión que habían sido sometidas a requisas corporales indebidas, invasivas o humillantes cuando visitaban a los centros de detención, lo que inhibía su capacidad para visitar a sus familiares y mantener su dignidad e integridad física.

 

En el apartado II de este capítulo VI titulado Evaluación de la violencia sexual perpetrada en el contexto del mandato de la Misión, se menciona la  investigación de 45 incidentes de violencia sexual perpetrados en el contexto de violaciones y delitos, 18 de los cuales fueron mencionados en detalle. Los 45 incidentes incluyeron 89 actos específicos de violencia sexual. De esos incidentes, nueve ocurrieron en el contexto de manifestaciones, 34 ocurrieron durante interrogatorios o detenciones de disidentes u opositores, y dos ocurrieron durante operaciones de seguridad. En el 74% de los incidentes la violencia sexual fue perpetrado contra hombres y en el 30% contra las mujeres.

La Misión indica además que el uso de la violencia sexual como técnica represiva durante circunstancias coercitivas como el arresto y la detención es generalizado y perpetrado por varios servicios de seguridad, y se practica sin investigación, enjuiciamiento o sanción adecuada.

 

Entre los actos de violencia sexual y de género documentados por la Misión incluyeron:

 

  • Violacion sexual, utilizando partes del cuerpo u objetos (tres casos confirmados)
  • Amenazas de violar a personas o hacer que otras personas las violen (19 casos confirmados, multiples victimas durante las detenciones en grupo) 3490
  • Amenazas de violacion u otros tipos de violencia de género contra familiares mujeres de las victimas (cinco casos confirmados)
  • Violencia sexual incluyendo el manoseo de senos, gluteos y genitales, azotes (diez casos confirmados)
  • Desnudez forzada, incluso durante periodos prolongados (23 casos confirmados, múltiples victimas adicionales durante las detenciones en grupo) 3491
  • Violencia dirigida a los genitales (masculinos y femeninos), los senos o el abdomen (en caso de mujeres), incluidas las palizas o la aplicación de descargas eléctricas (24 casos confirmados).
  • Requisas corporales invasivas e innecesarias (contra hombres y mujeres) de personas detenidas o visitantes (cinco casos confirmados, múltiples victimas adicionales)

 

La DGCIM y el SEBIN perpetraron la mayoría de los actos de violencia sexual documentados por la Misión (en 24 y 10 incidentes respectivamente). La Misión recibió información fidedigna de un hombre detenido que fue violado en la DGCIM Boleita. Teniendo en cuenta el nivel de coherencia entre los incidentes denunciados, junto con las descripciones detalladas de la tortura sexual, la Misión cree que la práctica será más extensa de lo que se ha documentado hasta la fecha.

En El Helicoide, funcionarios del SEBIN amenazaron con violar a hombres, mujeres y sus familiares mujeres durante el interrogatorio, y propinaron golpes y patadas en los genitales de los hombres.

 

“Siete incidentes que involucraron a múltiples víctimas se perpetraron cuando funcionarios de la GNB o PNB arrestaron a manifestantes. En esos incidentes, funcionarios utilizaron la violencia sexual para castigar a manifestantes por su participación en las protestas. Estos incidentes incluyen la violación de por lo menos dos manifestantes hombres y agresiones sexuales contra varias manifestantes mujeres. Además, funcionarios de la GNB y la PNB amenazaron con violar a los hombres y mujeres detenidos, incluidas personas de la población LGBTI. Por ejemplo, una testigo detenida en 2014 dijo a la Misión que funcionarios de la GNB retuvieron a una manifestante transgenero con los manifestantes hombres, y amenazaban con violarla cuando iba al baño.”

 

El apartado A. Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión menciona lo siguiente:

 

La Misión documentó que, en al menos 18 casos y con múltiples víctimas, funcionarios del SEBIN, DGCIM, GNB, PNB y FAES insultaron a hombres y mujeres con palabras homofóbicas y sexistas durante la perpetración de otros actos de violencia en su contra, incluida la violencia sexual. Estos actos ocurrieron durante redadas domiciliarias, arrestos, interrogatorios y detenciones. En varios incidentes de extrema violencia, funcionarios atacaron la masculinidad de las víctimas hombres durante actos de violación u otros actos graves de violencia sexual, equiparando ser un “sucio” “traidor” con la homosexualidad y la debilidad.

Expresiones de feminidad y homosexualidad siguen siendo consideradas como culturalmente incompatibles con la identidad militar y policial, y la DGCIM, en particular, utilizó conceptos machistas de masculinidad para humillar y degradar a disidentes militares durante los interrogatorios. Además, el Código de Justicia Militar aun criminaliza actos homosexuales, castigándolos con prisión y destitución de las fuerzas armadas. Un testigo dijo a la Misión que una funcionaria que solía asfixiar a los detenidos decía cosas como, “esos son hombres que dicen ser comandos, vamos a ver cuál es su madera”

Un detenido civil afirmó a la Misión que un oficial de la DGCIM le dijo que sólo le darían 220 voltios de electricidad en lugar de 440 porque era “mariquita”, antes de aplicarle descargas eléctricas a su cuerpo desnudo. Un detenido militar contó a la Misión cómo los oficiales de la DGCIM sometían a los nuevos presos a un “juego” llamado “dar la teta”. Golpeaban a detenidos desnudos con un bate donde se había escrito la palabra “teta”. Oficiales sujetaban el bate de forma perpendicular en una pared y empujaban a los hombres desnudos hacia atrás, con el objetivo de penetrarlos analmente.

En otros casos, funcionarios de la DGCIM y del SEBIN amenazaron con violar o lastimar a sus familiares mujeres, atacando así al rol social de los detenidos. Un hombre dijo a la Misión que esas amenazas le hacían sentir avergonzado y culpable por no haber hecho lo suficiente para proteger a su familia.

Asimismo, funcionarios castigaron a mujeres por participar en manifestaciones o por comportarse de una forma contraria a las expectativas patriarcales de género. Por ejemplo, durante la detención arbitraria de una niña de 13 años en Zulia en 2017, funcionarios de la PNB le manosearon los pechos, la entrepierna y las nalgas, mientras la llamaban puta por “andar con tantos hombres” en la protesta de ese día.  Un funcionario de la PNB apuntó con un arma a la cabeza de una mujer durante una protesta en Táchira en 2014 mientras que otro le dijo “Mata a esa perra”. Funcionarios le echaron vinagre en la cara y la golpearon, llamándola “perra” y “guarimbera hija de puta. Un guardia del SEBIN le acusó a una mujer de comportarse de manera promiscua por hablar con sus amigos varones durante la hora de visita, y la castigó quitándole sus derechos de visita.  

La Misión también documentó casos en que funcionarios de seguridad insultaron a madres, esposas y novias, culpándolas de la ejecución de sus parientes varones o de otros actos de violencia.

Funcionarios del Estado utilizaron los roles y estereotipos de género como armas durante la perpetración de violaciones y delitos analizados en el presente informe, ocasionando graves daños físicos, psicológicos y morales adicionales a las víctimas. El discurso discriminatorio se reflejaba en declaraciones homofóbicas y sexistas de altos funcionarios públicos durante el período del mandato de la Misión.

Acceso a la justicia

La mayoría de las mujeres y hombres cuyos casos se mencionan en el Capítulo optaron por no presentar denuncias formales por temor a represalias, estigmatización y desconfianza en el sistema jurídico3514. El joven violado por un funcionario de la GNB en febrero de 2014 se denunció pública y oficialmente por la violencia perpetrada contra él y los demás detenidos. En lugar de brindar apoyo a la víctima o emprender una investigación efectiva, la Fiscal General hizo declaraciones públicas desacreditándolo y poniendo en duda sus acusaciones. Su caso fue ampliamente discutido en los medios tradicionales y redes sociales, lo que le provocó a él y a su familia una gran retraumatización. Es posible que al ver esa experiencia, otras víctimas de violencia sexual hayan decidido no denunciar.

Personas pertenecientes a la población LGBTQI que hablaron con la Misión describieron las barreras adicionales que impiden a las minorías sexuales presentar denuncias sobre actos perpetrados por funcionarios del estado. Una defensora de derechos LGBTQI dijo: “En Venezuela, hay un temor de denunciar. Este temor es aún más fuerte cuando eres homosexual. Uno no se va a presentar a una fiscalía, decir que le torturaron por ser homosexual. Este proceso significa la revictimización. Se sabe que se van a burlar de uno. Como mujer lesbiana, hombre gay, y aún más si eres transgénero”.

Nota final

Este capítulo del informe de la Misión de determinación de hechos de Naciones Unidas proporciona ejemplos dolorosos de lo que en 2015 presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 154 periodo de sesiones, durante nuestra comparecencia denunciamos a Nicolás Maduro  y otros miembros de su gobierno como promotores de un Estado homofóbico que estaba exacerbando vicios patriarcales como el machismo, la homofobia que podrían ser muy dañinos para la sociedad venezolana. Para ese entonces solicitamos prestar atención a esa tendencia negativa. Posteriormente, hicimos la misma denuncia en Naciones en 2015 y 2016, en el marco de la evaluación a Venezuela sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y durante el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal a Venezuela.  

Tal como lo menciona la Misión se presume que haya muchas más víctimas que se abstienen de denunciar por temor, vergüenza, desconfianza entre muchas otras razonables. Es bueno reconocer la valentía de cada víctima, espero que algún día podamos conseguir justicia y reparación para todas y cada una de las víctimas de estos tiempos tan oscuros para nuestro país.

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UNIÓN AFIRMATIVA MANIFIEST ON PRIDE MONTH 2020

Caracas, June 5th, 2020

TODAY WE CELEBRATE THAT:

We are alive despite the circumstances we are going through in the country, we are in Venezuela and we continue working for the human rights of LGBTI people and that we are on the way to celebrating our 20 years anniversary as an independent, non-profit civil association and with a profound respect for the principles of the Universal Declaration of Human Rights.

This 2020 new LGBTI organizations have emerged, they are made up of enthusiastic young people with great potential for development. We wish them a lot of success, we are certain they can carry out an honest, original, authentic work, in harmony, with clear, achievable objectives; and in a coordinated manner, with respect for the defense and promotion of human rights.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The public powers of the Venezuelan State are not fulfilling the responsibility they have towards citizens, that is, providing protection and guaranteeing the right to life, work, culture, education, social justice and equality without any discrimination or subordination as established in the pre-ambula of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.

The Executive Branch has not complied with LGBTI people in relation to:

The recommendations of the States in the First Cycle of the Universal Periodic Review in 2011.

The objectives established in the Plan of the Homeland 2013/2019

The objectives established in the Plan for Gender Equality and Equity “Mamá Rosa” 2013-2019

The objectives established in the National Plan for Human Rights 2015/2019

The recommendations of the United Nations Committee on the Rights of the Child in 2014

The recommendations of the Committee for the elimination of all forms of discrimination against women in 2014.

The recommendations of the Inter-American Commission on Human Rights in 2015

The recommendations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in 2015

The recommendations of the Committee on Civil and Political Rights in 2015

The recommendations of the States in the Second Cycle of the Universal Periodic Review in 2016.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The Legislative Power

In its 2000/2006 period with the majority of the Fifth Republic Movement, 2006/2011 with the majority of the United Socialist Party of Venezuela and, 2016/2020 with the majority of the Bureau of Democratic Unity, it has ignored the innumerable requests that LGBTI organizations have submitted before the National Assembly.

The election of Rosmit Mantilla as gay Deputy and Tamara Adrián as Trans Deputy, has not resulted in the modifications and legal adaptations necessary for the social inclusion of LGBTI people and for the full enjoyment of their human rights.

The Declaration of the National Day against homophobia, transphobia and Biphobia has only been an initial gesture and has not been reflected in effective legal reforms.

The discussion of crucial issues such as the right to equality and non-discrimination, a secular State, and marriage for all without discrimination has not been promoted.

No actions have been established through forums, meetings and consultations with organized civil society in NGOs, groups, collectives and Civil Associations, among others, for the creation of laws in accordance with international human rights standards.

The Agreement on actions aimed at making visible and mitigating the differentiated impact of COVID 19 on the lesbian, gay, bisexual, trans and intersex population as a consequence of homophobia, transphobia and biphobia has included a sentence favorable to heterosexual marriage established in article 77 of the Constitution which is discriminatory against same-sex couples.

As of today, the Board of Directors of the National Assembly has not responded to our request to modify the Agreement on LGBTI people approved on May 19, already mentioned in the previous point.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The Judicial Power

The Judicial power has declared the invalidity of the National Day Declaration against Homophobia, Transphobia and Biphobia made by the National Assembly on May 12, 2016.

It has impeded the full operation of the National Assembly so that it could undertake the legal reforms that allow LGBTI people to enjoy their Human Rights.

Do not respond to the legal claims filed before the Supreme Court of Justice on the different laws that prevent the enjoyment of Human Rights by LGBTI people.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The Ombudsman’s Office

It has not materialized the promise to create and put into operation an ombudsman’s office specialized in LGBTI persons made by the management of Gabriela del Mar Ramírez in 2010, in order to facilitate filing complaints and case management based on sexual orientation, identity and gender expression.

It does not have protocols for the management of cases of discrimination based on sexual orientation, identity and gender expression.

Does not work on making recommendations to the Executive Branch, the Legislative Branch and the Judiciary on public policies and the creation or adaptation of laws that contribute to improving the situation of LGBTI people in Venezuela.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The Public Ministry

Does not have a protocol for caring for LGBTI people who are victims of hate crimes

No specialized prosecutors offices have been created to deal with cases of violence against LGBTI people.

Data disaggregated by sex, gender, sexual orientation, gender identity and expression, among other relevant data that may give official information on hate crimes against LGBTI people, are not reflected in the criminal reporting statistics.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The National Electoral Council

Continues preventing trans people from making the name change according to their self-perceived identity as established in Article 146 of the Organic Civil Registry Law.

WE DENOUNCE AND REGRET THAT:

The states and municipalities that have declared May 17 as the municipal and state day against homophobia, transphobia and Biphobia, and that have also established an ordinance against discrimination, have not developed the pertinent measures to create training programs for their employees and officials and police in this regard, and the implementation of activities aimed at making this date and its purpose visible.

 

TODAY WE DEMAND THE FOLLOWING:

To all the officials and servants of the public powers of the State, the fulfillment of their commitments in the matter of human rights towards Lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people.

To the Executive Power: Comply with the recommendations made by the different human rights organizations and the commitments made in this regard.

To the Legislative Branch: Subscribe to the Inter-American Convention against all forms of Discrimination and Intolerance to ratification.

Undertake the pertinent legal modifications according to international Human Rights standards so that LGBTI people can have a decent life on equal terms with the rest of the citizens.

To the Supreme Court of Justice: Comply with the recommendations of the Inter-American Court of Human Rights in Advisory Opinion 24/17 regarding allowing marriage between same-sex couples. As well as allowing trans and intersex people to change their name and gender through an administrative process in a clear and expeditious way free of stigmatizing procedures.

Respond to all the demands on LGBTI people filed before her office and that remain unanswered.

To the Ombudsman: fulfill your duty to protect and defend people without discrimination

To the Public Ministry: proceed to investigate all hate crimes against LGBTI people due to their sexual orientation, identity and gender expression, to initiate reparation of the damages to victims and family members and guarantee their non-repetition.

To the police and security bodies: Act in compliance with protocols and procedures according to international human rights standards. Avoid abuses of power against Venezuelans, in particular with the most vulnerable, such as LGBTI people.

To the governors and mayors: comply with the provisions of the agreements against homophobia, transphobia and biphobia in their states and municipalities. Prepare public policies for social inclusion for LGBTI people. Undertake training and awareness programs for its officials on Human Rights.

To the private company: Initiate the pertinent measures to give employees who identify themselves as homosexual safe environments for working. Recognize benefits to employees  with same sex partners on equal terms to couples of different sex.

Undertake education, training and sensitization processes for personnel managers, administrative managers and employees in general on work environments free from harassment and discrimination based on gender, sexual orientation, gender identity and expression, in accordance with the recommendations of the United Nations on private companies and compliance with Human Rights.

To political parties: to undertake a real dialogue with civil society organizations that allows their members to genuinely understand and promote the human rights of LGBTI people. Be aware of their responsibility for the progress and well-being of citizens in general, with greater emphasis on groups discriminated and violated in their rights.

Undertake education, training and awareness workshops among its members and in particular those with decision-making power in social plans and policies.

To Venezuelan society:

We urge you to embrace the defense of human rights for all without discrimination. A truly democratic society does not establish conditions for the enjoyment of human rights according to the particular characteristics of people. We are all born free and equal in dignity and rights. No one can be left out in the construction of a new democracy.

The approval of rights to LGBTI people does not mean that other people will lose their rights, on the contrary, it means that we will be a fairer, more balanced and more inclusive society for all.

“To those who use religious or cultural arguments to deprive LGBTI people of their human rights, I ask: What do you gain by making others less equal? Is your religion or culture so weak that you need to deprive others of their fundamental human rights? ” Secretary General of the United Nations, Ban Ki-moon. September 2016.

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Manifiesto por el mes del orgullo LGBTI 2020

MANIFIESTO DE UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DEL ORGULLO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES)

Caracas, 5 de junio de 2020

EL DÍA DE HOY CELEBRAMOS QUE:

Estamos vivos a pesar de las circunstancias que atravesamos en el país, estamos en Venezuela y  seguimos trabajando por los derechos humanos de las personas LGBTI y que vamos rumbo a la celebración de nuestros 20 años de existencia como una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apegada a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Este año 2020 han surgido nuevas organizaciones LGBTI conformadas por jóvenes entusiastas y con gran potencial de desarrollo. Les auguramos mucho éxito, apostamos por que puedan realizar un trabajo honesto, original, autentico, en armonía, con objetivos claros, alcanzables; y de manera coordinada, apegados a la defensa y promoción de derechos humanos. 

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

Los poderes públicos del Estado venezolano no estén cumpliendo  con la responsabilidad que tienen para con la ciudadanía, es decir, proveer protección y garantizar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna tal como lo establece el pre-ambulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

El Poder Ejecutivo no ha cumplido con las personas LGBTI en relación a:

Las recomendaciones  de los Estados en el Primer Ciclo del Examen Periódico Universal en 2011.

Los objetivos establecidos en el Plan de la Patria 2013/2019  

Loa objetivos establecidos en el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013-2019

Los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015/2019

Las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2014

Las recomendaciones del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2014.

Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015

Las recomendaciones del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales en 2015

Las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos en 2015

Las recomendaciones de los Estados en el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal en 2016.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Poder Legislativo

En sus gestiones 2000/2006 con mayoría del Movimiento Quinta República,  2006/2011 con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela y, 2016/2020 con mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática ha ignorado las innumerables solicitudes que las organizaciones de LGBTI hemos presentado ante en dicha institución democrática.

La elección de Rosmit Mantilla como Diputado gay y Tamara Adrián como Diputada Trans, no se haya traducido en las modificaciones y adaptaciones legales necesarias para la inclusión social de las personas LGBTI y para el disfrute pleno de sus derechos humanos. 

La Declaración del Día Nacional contra la homofobia, transfobia y Bifobia haya sido un solo un gesto inicial y que no se haya reflejado en reformas legales efectivas.

No se haya promovido la discusión de temas cruciales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el Estado Laico, el matrimonio para todas y todos sin discriminación. 

No se hayan establecido acciones  a través de foros, reuniones y consultas a la sociedad civil organizada en ONG, grupos, colectivos y Asociaciones Civiles, entre otros para la creación de leyes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. 

El Acuerdo  sobre acciones tendentes a visibilizar y mitigar el impacto diferenciado del COVID 19 sobre la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex como consecuencia de la homofobia, transfobia y la bifobia haya incluido una oración favorable al Matrimonio heterosexual establecido en el artículo 77 de la Constitución el cual es discriminatorio contra las parejas del mismos sexo. 

A la fecha de hoy, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no haya respondido a nuestra solicitud de modificación del Acuerdo sobre personas LGBTI aprobado el 19 de mayo, ya mencionado en el punto anterior. 

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Poder Judicial

Haya declarado la nulidad de la Declaración de Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia realizada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo de 2016.  

Haya impedido el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional para que esta pudiera emprender las reformas legales que permitan a personas LGBTI el disfrute de sus Derechos Humanos. 

No responda las demandas legales introducidas ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre las distintas leyes que impiden el disfrute de Derechos Humanos a las personas LGBTI.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:      

La Defensoría del Pueblo

No ha materializado la promesa de creación y puesta en funcionamiento de una defensoría especializada en personas LGBTI realizada por la gestión de Gabriela del Mar Ramírez en 2010, con el objeto de facilitar la recepción de denuncias y gestión de casos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.  

No cuente con protocolos para la gestión de casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. 

No se avoque a la elaboración de recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial sobre políticas públicas y creación o adaptación de leyes que contribuyan a mejorar la situación de las personas LGBTI en Venezuela.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Ministerio Público

No cuente con un protocolo de atención a personas LGBTI víctimas de crímenes de odio 

No se hayan creado fiscalías especializadas para atender casos de violencia contra personas LGBTI.   

No se reflejen en las estadísticas de reportes criminales los datos de manera desagregada por sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otros datos relevantes que puedan dar información oficial sobre crímenes de odio contra personas LGBTI.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Consejo Nacional Electoral

Siga impidiendo a las personas trans realizar el cambio de nombre de acuerdo a su identidad auto-percibida tal como lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

Los estados y municipios que han declarado el 17 de mayo como día municipal y estadal contra  la homofobia, transfobia y Bifobia, y que adicionalmente han establecido una ordenanza contra la discriminación no hayan elaborado las diligencias pertinentes para crear programas de formación a sus empleados y funcionarios públicos civiles y policiales a este respecto, y la realización de actividades orientadas a visibilizar esta fecha y su propósito.

 

HOY DEMANDAMOS LO SIGUIENTE:

A todos los funcionarios y servidores de los poderes públicos del Estado el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos para con las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.

Al Poder Ejecutivo: Cumplir con las recomendaciones elaboradas por los diferentes organismos de derechos humanos y los compromisos adquiridos en este mismo sentido.  

Al Poder Legislativo: Someter a ratificación la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Emprender las modificaciones legales pertinentes según los estándares internacionales de Derechos Humanos para que las personas LGBTI puedan tener una vida digna en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

Al Tribunal Supremo de Justicia: Cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17 en relación a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así como permitir a las personas trans e intersex la modificación de nombre y género a través de un proceso administrativo de manera clara y expedita libre de procedimientos estigmatizantes. 

Responder a todas las demandas sobre personas LGBTI interpuestas ante su despacho y que permanecen sin ser atendidas.

A la Defensoría del Pueblo: cumplir con su deber de protección y defensa de las personas sin discriminación

Al Ministerio Publico: proceder a investigar todos los crímenes de odio contra personas LGBTI debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, a iniciar la reparación de los daños a víctimas y familiares y garantizar la no repetición de los mismos.

A los cuerpos policiales y de seguridad: Actuar apegados a los protocolos y procedimientos según los estándares internacionales de derechos humanos. Evitar incurrir en abusos de poder contra las y los venezolanos en particular con los más vulnerables como las personas LGBTI.  

A los gobernadores y alcaldes: cumplir con las disposiciones de los acuerdos contra la homofobia, transfobia y bifobia en sus estados y municipios. Elaborar políticas públicas de inclusión social para las personas LGBTI.  Emprender programas de capacitación y sensibilización a sus funcionarios en materia de Derechos Humanos.

A la empresa privada: Iniciar las medidas pertinentes para otorgar a los empleados que se identifiquen como homosexuales ambientes seguros a tal fin. Reconocer los beneficios laborales a los empleados en relaciones con personas de su mismo sexo en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

Emprender procesos de formación, capacitación y sensibilización a gerentes de personal, gerentes administrativos y empleados en general sobre ambientes de trabajo libres de acoso y discriminación por razón de género, orientación sexual, identidad y expresión de género, en concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la empresa privada y el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

A los partidos políticos: a emprender un dialogo real con las organizaciones de la sociedad civil que permita a sus integrantes entender e impulsar de manera genuina los derechos humanos de las personas LGBTI. Estar conscientes de su responsabilidad para con el progreso y bienestar de la ciudadanía en general, con mayor énfasis a los grupos discriminados y violentados en sus derechos.

A la sociedad venezolana:

Les instamos a abrazar la defensa de derechos humanos para todas y todos sin discriminación. Una sociedad verdaderamente democrática no establece condiciones para el disfrute de derechos humanos de acuerdo a características particulares de las personas. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Nadie puede quedar por fuera en la construcción de una nueva democracia.

La aprobación de derechos a personas LGBTI no significa que otras personas perderán sus derechos, por el contrario, significa que seremos una sociedad más justa, más equilibrada y más inclusiva para todos.

“A aquellos que usan argumentos religiosos o culturales para privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos les pregunto: ¿Qué ganas con hacer que otros sean menos iguales?, ¿es tu religión o cultura tan débil que necesitas privar a otros de sus derechos humanos fundamentales?” Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Septiembre 2016.

 

 

 

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Ilgalac y los coronapapers… que no están

ILGALAC y los coronapapers…  que no están

El pasado 17 de mayo en ocasión del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, La Organización Internacional de Lesbianas y Gays en su capítulo para Latinoamérica y el Caribe/ILGALAC ha lanzado una publicación con “16 artículos escritos por activistas LGBTI de toda América Latina y el Caribe” como lo reseña en la página web. No, no son de toda América Latina. No están los activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.  ¿Por qué?

ILGALAC, la institución, está secuestrada por personas con profundos sesgos ideológicos de izquierda que les impide reconocer las violaciones de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y cualquier otro que en apariencia sea de izquierda, aunque en la práctica no lo sea.  No podemos hablar por Cuba, México o Nicaragua, si podemos hacerlo por Venezuela.

ILGALAC, es decir, las personas que la controlan, intentan invisibilizar, por segunda vez, esta realidad venezolana. A nuestro parecer es porque se los impide su sesgo ideológico. Lo hicieron en el Informe de ILGA sobre Homofobia de Estado en 2019. Afortunadamente, posterior a una carta de protesta que enviamos desde Unión Afirmativa,  ILGA Internacional rectifico el informe a finales de ese mismo año con una actualización en el cual se incluyó información algo más apegada a nuestra trágica realidad en Venezuela.

Desde 2015, en Venezuela estamos padeciendo las consecuencias de una Emergencia Humanitaria Compleja, ahora agravada por el Covid 19. Una crisis de larga instalación que las organizaciones de DDHH venezolanas habían advertido que sucedería. Ante esta realidad, no ha habido por parte de ILGALAC, como tampoco la ha habido de los movimientos de mujeres y grupos feministas latinoamericanos, textos ni de apoyo a los venezolanos ni de rechazo al gobierno, que sean creíbles y apegados a la realidad. Por el contrario, si ha habido menciones de apoyo a lo que ellos creen que fue o es un gobierno de izquierda como el de Chávez (1999-2013) y el de Maduro pero nunca poniendo en el centro al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de un sistema de gobierno que no es democrático.

La única explicación que podemos imaginar es que, algunos integrantes de ILGALAC, se han desviado de la verdadera misión de una organización que trabaja por los derechos humanos y han interpuesto sus ideologías personales, lo cual les lleva a defender gobiernos en lugar de defender a las personas LGBTI que están sufriendo las consecuencias de gobiernos no democráticos.  Son esas personas las mismas que atacaron verbalmente a nuestra Coordinadora Quiteria Franco y a la Diputada Tamara Adrián durante un foro sobre la situación de Venezuela en el Encuentro sobre Liderazgos LGBTI en 2019 en Colombia.

Entendemos que ILGALAC es una organización independiente con una junta directiva que decide sobre sus actividades y acciones, pero nos llama poderosamente la atención que en sus foros, charlas, conversatorios, encuentros, informes o publicaciones nunca hay presencia de activistas venezolanos independientes en calidad de invitados ponentes. La muestra más evidente es este reciente documento titulado los coronapapers, donde no están presenten activistas o investigadores con textos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Han decidido eliminar del mapa de las Américas a estos tres países y a sus activistas y defensores de derechos humanos.  Incluir a Venezuela y su realidad en sus actividades no hará que estas mejoren, pero si hará que estas sean visibles y que la ayuda para quienes padecen dentro y fuera del país sean una posibilidad. Pero excluirlas, les resta a ustedes  credibilidad personal como activistas y a ILGALAC como institución u organización regional. Los mas de cinco millones de personas que han huido de Venezuela y están en condición de migrantes y refugiados según ACNUR y OIM han hecho que la situación de nuestro país sea muy difícil de ocultar.  

Lamentamos profundamente que la sección Latinoamericana y del Caribe de una organización como ILGA que en sus inicios y durante mucho tiempo ha sido una referencia mundial se haya desviado de su misión para con las personas LGBTI.

Esperamos que ILGA Internacional tome las riendas de este asunto que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo.

Estamos #RompiendoElSilencio como el lema de este 2020 en el Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Rompamos el silencio y hablemos sobre los gobiernos que oprimen a las personas LGBTI, sobre todo en tiempos del coronavirus.

Les compartimos un documento de reciente publicación en el cual resumimos la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y ahora agravada por el COVID 19.

Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

 

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Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

Emergencia Humanitaria Compleja,  coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

A inicios de este 2020, se dieron a conocer varios informes sobre personas LGBTI en Venezuela. Vale la pena resaltar algunos puntos muy interesantes que nos sirvan para entender cómo se encuentra la población LGBTI en Venezuela para enfrentar un nuevo flagelo como es el coronavirus que viene a agravar la Emergencia Humanitaria Compleja en la que estamos desde hace ya demasiado tiempo.

Por Quiteria Franco

Ya a finales de 2018, Unión Afirmativa publicó un informe que daba cuenta de la situación de las personas LGBTI afectada por la EHC, se trata de  “Crisis política en Venezuela y sus efectos en la población LGBTI. 2018” esto es parte de lo que mencionamos en ese informe.

Condición pre/existente: antes de la Emergencia Humanitaria Compleja y antes del coronavirus

No existe en Venezuela una ley amplia que prohíba la discriminación por diversas razones, entre esas por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.  No se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, a las personas trans no se les permite el cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad. Aún existe en la legislación venezolana la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el Código Orgánico de Justicia Militar establece en su artículo 565 que “El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura.” Se prohíbe a personas homosexuales (mujer y hombre) y personas trans la donación de sangre. Y por último, existe discriminación en los ámbitos de salud, trabajo, educación, espacios públicos y privados, y en algunos medios de comunicación.

Personas LGBTI víctimas de violencia

Según un informe de la organización ACCSI sobre crímenes de odio desde enero de 2009 hasta agosto de 2017 hubo un total de 192 personas LGBTI fueron víctimas de violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género y un total de 109 personas LGBTI fueron asesinadas. En la región Centro y Sudamérica, Venezuela ocupa el cuarto lugar con mayor número de asesinatos a personas trans de acuerdo al Observatorio de personas trans asesinadas. [1] En este mismo informe se afirma que “Se desconoce el estatus de todas las investigaciones de los casos de asesinatos y agresiones contra personas de la comunidad LGBTI y personas no LGBTI. Por tanto, se puede deducir que la impunidad de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, real o percibida, se encuentra en un 100%. [2]

Durante la Emergencia Humanitaria Compleja

Como consecuencia de la EHC, han surgido nuevos delitos y violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI que ya hemos reportado en el informe de 2018, antes mencionado.

Personas LGBTI bajo formas de explotación o esclavitud

En el informe de Unión Afirmativa del año 2018, se reportó un total de 27 mujeres trans que habían sido rescatadas en España en un lugar donde las mantenían bajo trabajo sexual en condiciones de esclavitud. [3]   Igualmente, denunciamos el desabastecimiento de hormonas para el tratamiento que deben seguir las personas trans durante su proceso de transición, que obligo a muchas/muchos a consumir hormonas de uso animal; crecimiento del delito de trata de personas trans, prostitución por sobrevivencia por hombres homosexuales y mujeres trans, desabastecimiento y escasez de antiretrovirales para personas que viven con VIH. 

Contexto país ante la llegada del COVID 19

Alimentación: a finales de febrero, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) publico un informe sobre los hallazgos de una evaluación de seguridad alimentaria en Venezuela realizada desde julio a septiembre de 2019. El informe revela que “el 7.9% de la población en Venezuela (2.3 millones) está en inseguridad alimentaria severa. Un 24.4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Basándose en el enfoque CARI, WFP estima que una de cada tres personas en Venezuela (32.3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia.” [4]

En cuanto a la población LGBTI, según el informe comparativo de condiciones sociales, económicas, y culturales de la población LGBT venezolana en Venezuela y en el extranjero elaborado por la Diputada Tamara Adrián en 2019, 50% de las personas encuestadas (306) aseguran haber bajado de peso debido a una diminución en su ingesta alimentaria. Aseguran además realizar dos comidas o una comida al día. 

Hiperinflación: El mismo informe de WFP menciona que “La hiperinflación ha afectado la habilidad de las familias para adquirir comida y otras necesidades básicas. El 59% de los hogares no tiene ingresos suficientes para comprar comida y el 65% no es capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa y calzado.”

Servicios básicos: agua, electricidad, transporte, gas, gasolina, internet.

El informe de WPF también recolectó datos sobre el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, vivienda, electricidad, instalaciones de cocina) para poder entender las condiciones de vida. Los resultados muestran que las familias están gravemente preocupadas por el deterioro de los servicios básicos. “Al momento de la encuesta, cuatro de cada diez hogares tenía interrupciones diarias en el servicio de electricidad y el 72% tenía un suministro irregular de gas. Cuatro de cada diez hogares tenía interrupciones recurrentes en el servicio de agua, por lo cual las familias tienen que usar estrategias alternativas como la compra de agua embotellada o el uso de camiones cisterna, para acceder a agua potable. El 25% de los hogares no tenía acceso estable a agua potable.”

Trabajo

En relación al empleo, la investigación de WPF revela que “cuando se les preguntó cómo ha afectado la situación actual en Venezuela las fuentes de ingreso del hogar, la mitad de los encuestados declaró haber tenido una pérdida parcial de sus ingresos (51%), como una reducción de sus salarios o la pérdida de un trabajo. Más de un tercio de los encuestados (37%) había experimentado una pérdida total de sus ingresos, como haber perdido su único trabajo o su negocio.”

En cuanto a las personas LGBTI Según un “Estudio diagnóstico sobre la situación laboral de jóvenes en condición de vulnerabilidad social en Venezuela, de la organización Acción Ciudadana contra el sida ACCSI en 2019 con 532 encuestas aplicadas 98% reveló que percibían sueldos o ingresos que no superaban los cinco salarios mínimos nacionales, menos de 1,90 US$ diarios. [5] [6] [7]

De las 532 entrevistas aplicadas, 28,2% pertenece a la comunidad LGBTI. La caracterización de este subgrupo recae fundamentalmente en la orientación sexual expresada por hombres y mujeres (19% gays, 4% bisexuales, 4% lesbianas y 1% pansexuales –persona que siente inclinación erótica-afectiva por las personas independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual).

En el total del sector LGBTI consultado, el porcentaje de extrema pobreza laboral alcanza 98,6%, en el caso de los hombres esta cifra asciende a 100%, mientras que en las mujeres representa 94,3%.

Salud

El sistema de salud en Venezuela está en una situación de catástrofe, luego de décadas de mal manejo y corrupción, migración del personal de salud entre médicos, enfermeros, anestesiólogos entre muchos otros profesionales.

El jueves 21 de junio de 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un informe sobre la situación sanitaria de Venezuela. Advierte que el país “ha estado enfrentando una situación sociopolítica y económica que ha afectado negativamente los indicadores sociales y de salud”. El documento da cifras sobre los brotes de difteria, sarampión, malaria e infecciones por VIH. La OPS muestra “inquietud” por el aumento de la mortalidad materna y en menores de 1 año, y la dificultad para acceder a los medicamentos y la atención adecuada de las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. La OPS advierte que el sistema de salud venezolano está fragmentado y su capacidad para responder a las necesidades prioritarias disminuyó. [8]

Para 2018, la Federación Médica Venezolana estimaba que 22.000 médicos venezolanos habían emigrado, lo cual representa un tercio de los profesionales que había en el país en 2014. Por su parte, la OPS menciono que  el sistema de salud venezolano disponía de “una capacidad significativa” ya que cuenta con 288 hospitales, 421 centros de atención ambulatoria y 17.986 centros de atención primaria. Dos años han pasado de ese informe.

Hoy en día, los hospitales no están en condiciones de atender a la población actual aun en condiciones normales. Carecen de equipos y medicinas básicas. El sistema de salud venezolano cuenta con apenas 8 camas por cada 10.000 habitantes, según las últimas cifras manejadas por la OMS y algunos periodistas. La falla del servicio eléctrico fue responsable de 164 muertes en 2019.

El virólogo venezolano Julio Castro explicó que en el país solo hay disponibles 84 camas con ventiladores en las unidades de cuidados intensivos del país. La Encuesta Nacional de Hospital realizada por la organización de Médicos por la Salud arrojó que para 2019, la escasez de agua fue denunciada en el 70% de los hospitales del país, que tenían un servicio de agua intermitente y solo contaron con ello una o dos veces por semana. Y antes de la aparición del Covid-19 en Venezuela, más de un 53% de los hospitales no contaban con las mascarillas que debe usar el personal médico para evitar contagios. La escasez de medicamentos sigue ubicándose en el 80%. [9]

En cuanto a la población LGBTI, según el informe comparativo de condiciones sociales, económicas, y culturales de la población LGBT venezolana en Venezuela y en el extranjero elaborado por la Diputada Tamara Adrián en 2019, se encuesto a 306 personas en Venezuela, 91% son cisgénero y el 9% son personas trans.  El 100% de las personas trans aseguro no encontrar ni tener acceso a hormonas para realizar su tratamiento de reemplazo hormonal. Es bueno recordar que a diferencia de otros países, en Venezuela este tratamiento se hace de manera privada. En 2017, denunciamos que algunas personas trans informaron haber recurrido a consumo de hormonas animales para no detener su proceso de transición y sufrir las consecuencias.

Por su parte, las personas que viven con VIH, han manifestado no tener acceso a su tratamiento con antiretrovirales, debido a la escasez de tales medicamentos. En 2018, hubo 100% de desabastecimiento de ARV, según la RED venezolana de personas positivas. [10] [11]

Cabe destacar además que en recientes estudios elaborados por ONUSIDA en 2019, sobre prevalencia de VIH en Venezuela se encuesto a 283 hombres que tienen sexo con hombres/HSH, se confirma que existen centros de salud que mantienen prácticas de discriminación contra personas lgbti, dado que 38,8% manifestó haber sido discriminado en servicios de salud. Por su parte, cuando se le pregunto a 205 mujeres trans 3% reporto haber sido discriminada en servicios de salud.

Para muchas personas en Venezuela quedarse en casa es una medida que les lleva a plantearse “contagiarme con el COVID 19 o morir de hambre”. Otra realidad de quedarse en casa para los jóvenes y adolescentes homosexuales, bisexuales y trans es estar bajo un ambiente hostil debido a la discriminación de la que son objeto por parte de su familia. Es arriesgarse a ser echados a la calle, aunque vivir en la calle ya es una realidad para muchas otras personas en Venezuela.

Urge encontrar la manera para que las diferencias políticas dejen de ser un obstáculo en la implementación de soluciones a los problemas de la población venezolana, en especial, a quienes desde sus particularidades representan grupos vulnerables. Es durante las crisis cuando más atención debe darse a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad.  

 

[1] Informe Anual del TTM 2016. Disponible en http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol15-2016.pdf

[2]  Situación de derechos humanos en Venezuela.  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

[3] Crisis política en Venezuela y sus efectos en personas LGBTI.  https://unionafirmativa.org.ve/unaf/wp-content/uploads/Crisis-pol%C3%ADtica-en-Venezuela-y-sus-efectos-en-las-personas-LGBTI.pdf

[4] WFP Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria: Principales hallazgos | Datos recolectados de julio a septiembre de 2019 https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales

[5]  Mayoría de la población joven que tiene VIH e indígenas están en pobreza laboral extrema https://cronica.uno/mayoria-de-la-poblacion-joven-que-tiene-vih-e-indigenas-estan-en-pobreza-laboral-extrema/

[6] 98% de la población juvenil en Venezuela está en pobreza laboral extrema.  https://www.elimpulso.com/2020/02/13/98-de-la-poblacion-juvenil-en-venezuela-esta-en-pobreza-laboral-extrema-13feb/

[7]  Al menos 27 % de jóvenes venezolanos están desempleados, según estudio https://efectococuyo.com/la-humanidad/al-menos-27-de-jovenes-estan-desempleados/

[8] 10 datos sobre la situación de salud en Venezuela según la OPS  https://prodavinci.com/10-datos-sobre-la-situacion-de-salud-en-venezuela-segun-la-ops/

[9]  Venezuela cuenta con solo 84 camas para enfermos del coronavirus en sus UCI  https://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-cuenta-solo-84-camas-para-enfermos-coronavirus-202003180222_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[10]   EN VENEZUELA NO EXISTE ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD https://www.accsi.org.ve/noticias/comunicado-de-rvg-en-venezuela-no-existe-acceso-universal-a-la-salud.html

[11] “En Venezuela se violan los derechos a la vida y la salud” https://www.accsi.org.ve/noticias/2794.html

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Recomendaciones para prevenir ser víctima de trata y delitos asociados a la esclavitud moderna

Alertas a la sociedad venezolana ante peligro de delitos asociados a la esclavitud moderna

Recomendaciones para prevenir ser víctima de trata y delitos asociados a la esclavitud moderna

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio a continuación presentamos algunas advertencias que provienen de la observación de casos concretos y de modos de captación que suelen usar los victimarios para captar a posibles víctimas de delitos asociados a la esclavitud moderna en el contexto venezolano.

  • No hacer entregas de niños, niñas y adolescentes al cuidado de terceras personas sin la participación de las autoridades competentes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aun cuando se trate de personas que ofrezca alimentar, cuidar y educarle.
  • Documentar y denunciar las situaciones de las que sea testigo, en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes no acompañados, y que parezcan sospechosas de ser formas de explotación.
  • Desconfiar de las ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas.
  • Identificar organizaciones seriamente dedicadas al estudio de estos temas que puedan ayudar a identificar cuándo una oferta de empleo o de otro beneficio no resulta confiable.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aun cuando provengan de personas que parecen confiables, aunque provengan de familiares o personas conocidas (puede tratarse de alguien que está siendo obligado actuar como captador).
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas que provengan de personas que le han contactado a través de las tecnologías de información y comunicación (email, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, u otra), aunque provengan de personas con las que tiene mucho tiempo, incluso años, intercambiando mensajes.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aunque provengan de personas que han establecido con usted un vínculo amoroso, bien sea por medios virtuales o presenciales
  • Los victimarios son astutos y van modificando sus modos de captación. Recomendamos no limitarse a tener precaución en los supuestos que aquí mencionamos, sino estar alerta en todos los supuestos.
  • No cometer nunca el error de creer que, ante una oferta sospechosa se puede sacar provecho inicial y luego decidir cuándo tomar distancia. Parte del engaño de las ofertas consiste en hacer creer que eso es posible, pero una vez que se inicia el contacto todo el control pasa a estar en manos del victimario que suele actuar en red.
  • Identificamos que algunos elementos que aumentan la vulnerabilidad pueden ser disminuidos desde la propia persona y su entorno familiar, y alentamos a la comunidad a tomar conciencia al respecto.
    1. Personas que están dispuestas a correr altos riesgos.
    2. Personas con propensión a esperar obtener resultados en el corto plazo.
    3. Personas rodeadas de familiares o amigos que constantemente insinúan que tomen riesgos, o que busquen oportunidades en otros lugares, o que sigan el ejemplo de otras personas que lo han hecho[1].
  • Si decide migrar, asegúrese o trate de:
    1. Planificar
    2. Buscar información sobre los requisitos legales de ingreso, permanencia, trabajo y estudio en el país de destino.
    3. Portar la documentación necesaria
    4. Tener redes de apoyo de familiares y amigos, presenciales o que pueda contactar mediante la tecnología de comunicación.

 

[1] Según estudio elaborado en el año 2007 por la Organización Internacional para las Migraciones en la frontera colombo-venezolana.

 

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Cinco alertas sobre la trata de personas

En el contexto de la emergencia humanitaria compleja

El Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV), una alianza de organizaciones de la sociedad civil,  insta al Estado a tomar medidas urgentes, entre ellas disminuir los riesgos asociados a la migración forzada  y crear fiscalías especializadas para realizar investigaciones más efectivas y revertir la impunidad generalizada

 

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) identificó las principales amenazas que surgen de la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país, expresada en un indetenible deterioro de la calidad de vida de la población venezolana por el quiebre del Estado y la incapacidad de sus instituciones para dar respuestas efectivas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos.

El GTEMV es una alianza de organizaciones de la sociedad civil interesadas  en las dinámicas de esclavitud moderna. Desde septiembre de 2017 y con el respaldo de la Embajada Británica en Caracas, el GTEMV ha desarrollado un debate con el propósito de contribuir con la comprensión de los problemas y, en la medida de la posible, aportar soluciones.

Los integrantes del GTEMV llamaron la atención sobre las cinco alertas más apremiantes en materia de trata de personas:

  • El hambre

La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación. Una parte importante de la población padece necesidades extremas, que la hacen vulnerable a la explotación, de modo que proliferan las prácticas de sobrevivencia. El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas.

 

  • La migración forzada

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en América Latina. La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino.

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes, porque, al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder.

 

 

  • Las mujeres son las principales víctimas

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género. Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. El abuso, la violencia sexual y el sexo transaccional como posibles fuentes de ingresos  aumentan la posibilidad de que sean víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. Las mujeres adultas constituyen 70% del total de víctimas.

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente.

Por su parte, los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

 

  • Otros grupos en situación de vulnerabilidad

Los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja, los NNA  pueden convertirse en proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y pueden llegar a involucrarse en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. En zonas de frontera  se ven involucrados con grupos armados irregulares y corren el riesgo de reclutamiento forzado, mientras que en zonas mineras aumentan las posibilidades de que sean sometidos a explotación laboral y sexual. El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante, que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir.

En medio de la migración forzada, las redes de delincuencia han aprovechado la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

Población LGBTI. En el caso de las mujeres trans, la captación de víctimas de trata  puede incluir  la oferta de pago del tratamiento médico para su proceso de transición sexual, implantes. En algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención.

Indígenas. Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a las dificultades para obtener documentos de identidad, el aumento de la presencia de actores armados no estatales y el caos de la minería ilegal.

 

  • La impunidad

El desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país favorece el delito de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna. En líneas generales, los grupos delictivos actúan con libertad, en un entorno de impunidad, y esto aplica también respecto a los grupos delictivos que se dedican a la trata de personas o a otras formas de explotación. Del mismo modo, en ciertas zonas del país, particularmente hacia las fronteras, el control del territorio y de la población no está en manos de los órganos del Poder Público, sino de grupos armados irregulares, lo cual favorece situaciones de explotación.

 

Lo que debe hacer el Estado

El trabajo del GTEMV tiene enfoque de derechos humanos y, en ese sentido, se fundamenta en las obligaciones de prevención y protección que tienen los Estados respecto de la trata de personas y demás modalidades de esclavitud moderna.

El Estado venezolano se ha esforzado en suscribir y ratificar los principales instrumentos internacionales que rigen la materia, sin embargo persisten serios retos en cuanto a:

  • Políticas integrales y efectivas de prevención con participación de la sociedad civil,
  • Persecución penal de los victimarios/as, y
  • Protección, resguardo y alojamiento de las víctimas en condiciones seguras, lo cual incluye proporcionarles alimentación adecuada, atención psicosocial y oportunidades de empleo y de educación.
  • Reparación de daños.

Como medidas de aplicación urgente, el GTEMV propone a las autoridades estatales:

  • Optimizar los registros oficiales de víctimas del delito de trata de personas y de otras formas de explotación para precisar la dimensión del problema.
  • Desagregar y publicar las estadísticas oficiales por edad, género, condición étnica, tipo de explotación, modo de captación, lugar o países de destino y origen de la trata, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
  • Fomentar la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos especializados en trata y otras formas análogas de esclavitud moderna, con el fin de fortalecer las políticas públicas de prevención, investigación y sanción sobre la materia en Venezuela.
  • Incluir  la perspectiva de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, con énfasis en las necesidades de rehabilitación y reparación de daños causados a las víctimas.
  • Fortalecer el Sistema de Protección de NNA, sobre todo para prevenir los riesgos asociados a la desintegración familiar, en el contexto de la crisis de movilidad humana causada por la emergencia humanitaria compleja.
  • Propiciar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado dedicado a la trata de personas y otras formas análogas de esclavitud moderna.
  • Facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y/o sus representantes.
  • Crear fiscalías especializadas para optimizar los procedimientos de la justicia penal para desarrollar investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos.
  • Disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de procedimientos en materia de libre tránsito y derecho a la identidad. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes, víctimas de trata o personas con necesidad de protección internacional a vulnerabilidades tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.

 

Lo que puede hacer la ciudadanía

Previa advertencia de que la trata de personas y las formas análogas de esclavitud moderna constituyen graves violaciones de derechos humanos que deben ser prevenidas y sancionadas por los Estados, el GTEMV propuso una serie de medidas preventivas en planos más domésticos:

  • No hacer entregas de niños, niñas y adolescentes al cuidado de terceras personas sin la participación de las autoridades competentes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aun cuando se trate de personas que ofrezca alimentarlos, cuidarlos y educarlos.
  • Documentar y denunciar las situaciones de las que sea testigo o le parezcan sospechosas de ser formas de explotación, en especial aquellas en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes no acompañados.
  • Desconfiar de las ofertas de empleo o de otros beneficios que considere excesivamente ventajosos.
  • Identificar organizaciones seriamente dedicadas al estudio de estos temas que puedan ayudar a identificar cuándo una oferta de empleo o de otro beneficio no resulta confiable.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios (ofrecimientos de viajes por placer, invitaciones a bodas) excesivamente provechosas que provengan de personas que le han contactado a través de las tecnologías de información y comunicación (email, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, u otra), aunque sean personas con las que tiene mucho tiempo, incluso años, intercambiando mensajes.
  • Desconfiar de ofertas de empleo o de otros beneficios que parezcan excesivamente provechosas aunque provengan de personas que han establecido con usted un vínculo amoroso, bien sea por medios virtuales o presenciales.
  • Los/as victimarios/as son astutos/as y van modificando sus modos de captación. Recomendamos no limitarse a tener precaución en los supuestos que aquí mencionamos, sino estar alerta en todos los supuestos.
  • No cometer nunca el error de creer que, ante una oferta sospechosa se puede sacar provecho inicial y luego decidir cuándo tomar distancia. Parte del engaño de las ofertas consiste en hacer creer que eso es posible, pero una vez que se inicia el contacto todo el control pasa a estar en manos del victimario/a que suele actuar en red.
  • Identificamos algunos elementos que aumentan la vulnerabilidad pueden ser disminuidos desde la propia persona y su entorno familiar, y alentamos a la comunidad a tomar conciencia al respecto.
    1. Personas que están dispuestas a correr altos riesgos.
    2. Personas con propensión a esperar obtener resultados en el corto plazo.
    3. Personas rodeadas de familiares o amigos que constantemente insinúan que tomen riesgos, o que busquen oportunidades en otros lugares, o que sigan el ejemplo de otras personas que lo han hecho[1].
  • Si decide migrar, asegúrese o trate de:
    1. Planificar su viaje y estimar los costos de manutención: alquiler, servicios, alimentación, transporte, medicamentos que utilice, seguro médico y compare con el sueldo mínimo del país.
    2. Buscar información sobre los requisitos legales de ingreso, permanencia, trabajo y estudio (para usted o sus familiares) en el país de destino.
    3. Portar toda la documentación necesaria y no perder de vista nunca su pasaporte ni entregarlo a terceras personas.
    4. Tener redes de apoyo de familiares y amigos en el lugar de destino o que pueda contactar mediante la tecnología de comunicación.
    5. Busque la dirección de la Embajada o Consulado de Venezuela en la ciudad más cercana a la cual se dirige y téngala a mano.
    6. Mantener la comunicación con su familia en el país de origen y establecer algún patrón de comunicación que permita identificar cuando algo ande mal.

 

 

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La migración como factor que propicia la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna

La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela ha generado una crisis de movilidad humana en la región de América Latina, ha ocasionado un flujo irregular de población venezolana por toda la región que se ha convertido en una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobre exposición de los habitantes de Venezuela a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela que es el país de origen, como en los países de tránsito y destino.

  • Aumento desbordado de población venezolana migrante

El deterioro de la calidad de vida, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicamentos, el colapso de los servicios básicos como la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el transporte, y la elevada inseguridad personal y social son aspectos que propician la disposición al riesgo de algunos migrantes porque al no tener garantizadas sus necesidades básicas, sienten que no tienen nada que perder. Y si a este panorama se suma el acceso extremadamente limitado a la atención en salud —debido al deterioro de las instalaciones, falta de mantenimiento de equipos o las precarias condiciones en las que se imparte el servicio—, episodios de fuerte represión a manifestantes, la inseguridad ciudadana y la cantidad de muertes violentas que ocurren en el país, son factores que llevan a muchas personas, especialmente las más jóvenes, a tomar la decisión de migrar.

 

  • Aumento de la población femenina migrante

En cuanto a las necesidades particulares que impulsan a las mujeres a viajar se observan las acentuadas desigualdades sociales, la falta de acceso a anticonceptivos y medicamentos propios para afecciones de la mujer o relacionados con el embarazo, el índice de mortalidad materna, la ausencia de antirretrovirales para las mujeres que viven con VIH, las mujeres solas con hijos, hijas o parientes con alguna discapacidad, condición especial o simplemente dependiente de algún medicamento o tratamiento de alto costo o escaso en el país. Motivos como estos han hecho que mujeres se vean forzadas a migrar con la responsabilidad de cubrir, además de las propias, las necesidades de la familia que queda en el país, con lo cual ha cambiado la dinámica familiar y su rol en la sociedad, reduciéndose cada vez más la edad a la que se inician en actividades productivas sacrificando la continuación de su educación.

Las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son particularmente afectadas en los contextos de movilidad. Los factores de riesgo que en éstos se potencian apuntan a quienes viajan a pie, solas, pertenecen a alguna etnia indígena, son madres o tienen personas dependientes de ellas con necesidades inmediatas, si no cuentan con la documentación necesaria para el viaje, si poseen pocas redes de apoyo familiar, si han vivido situaciones de violencia previa, abuso sexual o si ya en el país son víctimas de explotación sexual. Los riesgos que enfrentan en estos contextos de movilidad son variados, desde situaciones de sexo transaccional, que es un mecanismo implementado sobre todo en la etapa de tránsito, por quienes controlan los cruces irregulares de frontera; hasta el riesgo de ser captadas por redes de trata de personas.

  • Aumento de la población de niños, niñas y adolescentes migrantes

Es especialmente preocupante el constante aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados quienes enfrentan serios riesgos para su protección como consecuencia de la separación familiar, ausencia de regularización migratoria, violaciones al derecho a la identidad de las y los infantes que pueden catalogarse en riesgo de apatridia, por las limitaciones de acceso al registro de nacimiento ante el cierre de Embajadas y Consulados en el exterior, lo que les hace sumamente vulnerables a la exclusión del sistema educativo, la mendicidad, al trabajo infantil y trabajo en condiciones peligrosas, la esclavitud, la venta de niños y niñas, situaciones de reclutamiento forzado, explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna.

  • Carencia de documentos de identidad

Muchas de las personas que requieren, por diversos motivos, ejercer su derecho a la circulación y entrar o salir del territorio nacional, se ven forzadas a hacerlo ilegalmente, pues carecen de documentos, debido a que el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) tiene más de tres años incumpliendo su función de proveer a la ciudadanía de sus documentos de identidad, y ha generado una crisis de pasaportes. Se ven de esta manera forzados a vincularse con redes de traficantes, que en muchas ocasiones funcionan además como redes de trata de personas, y una vez realizado el cruce de fronteras, proceden además a someterles a situaciones de explotación.

  • Corrupción

La corrupción ha jugado un rol fundamental al facilitar la perpetración del delito de trata de personas, entre otros. La carencia de integridad y fortaleza en las instituciones venezolanas da paso a la impunidad y muchas veces a la revictimización. Algunos funcionarios en las fronteras venezolanas permiten el tráfico ilícito de migrantes a cambio de beneficios económicos, ayudando a las redes de trata a obtener “presas fáciles” para sus fines, generando crímenes impunes del otro lado de la frontera[1].

  • Estigmatización, xenofobia y discriminación

La percepción negativa respecto de los migrantes contribuye a dificultar su incorporación a la vida regular en el país de destino y aumenta la vulnerabilidad a las formas de explotación. En ocasiones se criminaliza en otros países a la población venezolana migrante, a través de los medios de comunicación y redes sociales, cuando en casos de delitos que causan gran conmoción en la sociedad, los mismos son atribuidos a la nacionalidad de sus perpetradores. En algunos países el ingreso ilegal al territorio está tipificado como delito, sancionado con penas privativas de libertad, que en ocasiones pueden ser sustituidas por fianzas, pero sólo mediante el pago de grandes sumas de dinero y estas normas pueden llegar a aplicarse a personas que han sido trasladadas a esos países luego de la captación como víctimas de trata de personas[2]. En este sentido, es necesario se extienda y se siga profundizando la labor de algunos Estados que han implementado procesos de regularización y campañas de concientización frente a situaciones de xenofobia y discriminación, así como las medidas humanitarias que, entendiendo las dificultades que existen para la obtención de pasaportes, han decidido aceptar este documento fuera de su fecha de vencimiento o incluso la cédula de identidad[3], lo cual contribuye a mejorar la protección jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas de esclavitud moderna en esos territorios.

  • Incumplimiento del deber de no devolución

En situaciones de migración forzada debe insistirse en que los países receptores de personas con necesidad de protección internacional, deben abstenerse de devolverlas al país de origen, y si no pueden recibirle, deben gestionar su recepción por un tercer país. Tal es el caso de los migrantes venezolanos en la actualidad, que no se movilizan por meras razones económicas, solo en busca de mejores condiciones, sino que ello va acompañado del elemento de necesidad, porque en el propio país no están dadas las condiciones para satisfacer las necesidades mínimas, y por tanto la movilidad guarda relación con el resguardo de la vida y la salud. Los países receptores que incumplen el deber de no devolución exponen a los venezolanos a graves riesgos, entre los que se encuentra el de ser víctimas de trata u otras formas de esclavitud moderna.

  1. Grupos particularmente vulnerables a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna
    • Niños, niñas y adolescentes

Niños, niñas y adolescentes (NNA) son particularmente vulnerables en Venezuela frente a la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, pues se entrecruzan distintas variables, entre las que podemos mencionar: enormes dificultades de las familias para tener acceso a bienes y servicios indispensables para el sustento de la vida; NNA  actuando como proveedores, para satisfacer sus propias necesidades o las de sus familias, y que llegan a estar involucrados en situaciones de sexo transaccional como mecanismo de sobrevivencia. NNA en zonas de frontera que se ven involucrados con la actuación de Grupos Armados Irregulares. NNA en zona minera víctimas de explotación sexual y laboral. NNA obligados por explotadores a ejercer la mendicidad, lo que pasa inadvertido por la naturalización del recurso a la mendicidad, al que se han visto obligados a acudir muchos, incluso grupos familiares, como mecanismo para subsistir; entre otras formas de explotación. Estas situaciones se ven potenciadas por las fallas en los sistemas públicos de identificación de la población de recién nacidos.

Adicionalmente, están otras situaciones vinculadas con la migración forzada, en la que no solo está la problemática de los propios niños, niñas y adolescentes migrantes, en ocasiones no acompañados, sino también las situaciones de niñez dejada atrás por representantes que migran y los dejan a cargo de familiares sin la debida capacidad para proveerles sustento y protección, o a cargo de personas que los someten a explotación. En estos contextos las redes de delincuencia han sabido aprovechar la desintegración familiar para captar a NNA no acompañados, separados o que están al cuidado de la familia extendida o de otras personas. Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes que no ofrece respuestas, ni de manera autónoma ni de manera coordinada con otras autoridades competentes en las materias vinculadas a los fenómenos de esclavitud moderna.

La trata de personas es un delito que afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes, pues esa sola condición de ser sujetos cuyas capacidades están precisamente en proceso de desarrollo, hace que su condición de poder frente a otros esté disminuida, y les lleva a tener un grado mayor de riesgo de llegar a ser víctimas de este delito caracterizado por el ejercicio de poder de una persona sobre otra, de manera abusiva y absoluta.

Al respecto se sabe que el fenómeno ocurre, y que está en aumento, pero se desconoce con precisión su magnitud así como otros detalles. Se ha expuesto que del total de víctimas de trata de personas en el mundo, un cuarenta por ciento (40%) son niños, niñas y adolescentes. Se hace referencia a que ciertas modalidades de trata de personas (trata con el propósito de explotación a través de trabajo forzoso) afectan más a los niños y adolescentes hombres, mientras que otras modalidades de trata de personas (trata con el propósito de explotación sexual) afectan más a niñas y adolescentes mujeres. Sin embargo, la ausencia de cifras precisas impide determinar si en general existe una mayor proporción de niñas y adolescentes mujeres afectadas (en comparación con los niños y adolescentes hombres)[4].

En Venezuela uno de los aspectos sobre los que se carece de suficiente información en materia de trata de personas es el referido a la victimización de niños, niñas y adolescentes

  • Mujeres

Las nuevas formas de esclavitud no son neutrales al género, las mujeres, incluidas las mujeres trans, lesbianas, adolescentes mujeres, y niñas son el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir situaciones de explotación. Adicionalmente, otras situaciones que las victimizan como el abuso y la violencia sexual, o las situaciones que llevan al sexo transaccional como forma de sobrevivencia, configuran factores que aumentan su vulnerabilidad como potenciales víctimas de trata de personas y otras formas de esclavitud moderna.

En el caso de mujeres adultas, en el perfil de las víctimas de trata que arrojan algunos estudios, se observa que las mujeres son mucho más victimizadas que los hombres y que los menores de edad pues constituyen un 70% del total de víctimas[5].

Adicionalmente, las mujeres son utilizadas como “anzuelo” para captar a nuevas víctimas, aprovechando la relación de confianza y empatía que las mujeres generan entre sí. Muchas de las captadoras han sido víctimas de trata anteriormente y producto de chantajes y relaciones desiguales de poder se les conmina a participar en la cadena del delito, siendo éstas el eslabón más vulnerable.

  • Población LGBTI

En el caso de las mujeres transgénero el mecanismo de captación no se centra únicamente en el tipo o condiciones de empleo, sino que la oferta engañosa va hasta el pago del tratamiento médico para su proceso de transición, implantes mamarios, sesiones de fotografías y casting para compañías de modelaje.[6] Esto sumado a la situación general de que estas personas están siendo severamente impactadas por la emergencia humanitaria compleja, y en algunos casos se ven forzadas a salir de Venezuela para ejercer la prostitución, porque son cabezas de familia y no tienen sustento fijo para su manutención[7].

  • Indígenas

Para la población indígena y particularmente para las mujeres indígenas los factores de riesgo se asocian a la carencia de condiciones para el derecho a la identificación, el aumento de la presencia de actores armados no estatales, provenientes en gran medida del conflicto armado colombiano, quienes controlan las minas y los territorios indígenas generando un escenario propicio para la esclavitud moderna. Asimismo, la contaminación producto de la minería ilegal, aunada a la afectación del cambio climático en los procesos de desertificación y cambio en los patrones de lluvia, desmantela la economía tradicional del auto-sustento haciéndose necesaria la búsqueda de alternativas económicas para mitigar los efectos de pauperización. Todo esto profundizado, además, por el contexto de la emergencia humanitaria compleja.

Particularmente desde la creación del Arco Minero y con la presencia de grupos armados irregulares en el estado Bolívar, se ha visto especialmente afectada la población indígena. La afectación en el orden ambiental de la actividad minera ha traído consecuencias económicas, culturales y de salud, que fuerzan a un cambio en los hábitos de vida tradicional de estas poblaciones, obligando a los hombres a dedicarse a la minería y creando la dependencia de actividades comerciales informales. Grupos que operan con la lógica de crimen organizado inducen bajo amenazas, intimidación y coacción a muchas mujeres y jóvenes a situaciones de prostitución forzada, lo que, en el marco de una situación de crisis y pobreza generalizada, obliga a estas mujeres a insertarse en redes de trabajo sexual o en la explotación sexual comercial como forma de sustento, situándose en una condición de víctimas potenciales de cualquiera de las formas de esclavitud moderna. En las denominadas “currutelas[8] que circundan las minas, prolifera la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, de diversas nacionalidades y procedencias étnicas[9].

  • Hombres

Los hombres, adolescentes hombres y los niños son vulnerables a situaciones de trabajo forzado y en condiciones peligrosas, al reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares ligado a actividades de contrabando, pero también en el sector agrícola, pesquero y minero.

En el caso de los hombres adultos son situaciones que pueden estar invisibilizadas pues se ocultan tras el hecho aparentemente legal y natural del trabajo.

 

[1] Transparencia Venezuela: Se necesitan instituciones sólidas para abordar la delincuencia organizada. Disponible en: https://www.transparency.org/news/feature/venezuela_se_necesitan_instituciones_solidas_para_abordar_la_delincuencia_o

[2] Contraviniendo los Principios y Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativos a la no penalización de las personas objeto de trata (2009) en los que se expone claramente que: “Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino…”

[3] Haciendo valer el Acuerdo de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes y Asociados del Mercosur vigente desde el 2014.

[4] World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018

[5] World Free Foundation. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2018. https://www.globalslaveryindex.org/2018

[6] Franco Quiteria (2017, septiembre 4) Trata de mujeres trans o esclavitud moderna. Disponible en: http://alternos.la/2017/09/04/trata-de-mujeres-trans-o-esclavitud-moderna/

[7] Según la organización Caleidoscopio Humano, esto se observa en casos que han documentado.

[8] Nombre en portugués dado al lugar que expende bebidas, ofrece música y personas en situación de explotación sexual.

[9] Moncada, Alicia. Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en América y El Caribe. Aportes para el análisis de la violencia contra las mujeres indígenas en contextos mineros. Universidad de Limonges, 2016. Pág. 135.

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