Grandes valores humanos: comunicado de Unión Afirmativa a la Comisión Permanente del Episcopado venezolano

El día de hoy lunes 22 de marzo de 2021 la Comisión Permanente del Episcopado venezolano ha publicado un comunicado en el que llaman a sus seguidores a impedir la aprobación de leyes que reconocerían los derechos humanos de las mujeres, las parejas y familias homosexuales y el derecho a una muerte digna, ejerciendo así una injerencia en la vida civil totalmente inaceptables. 

A continuación compartimos un Comunicado que hemos elaborado en rechazo a esta injerencia por parte de la iglesia católica en Venezuela.  Enlace adjunto al documento en PDF al final, para descargar.  

 

Dios no odia a los homosexuales. Dios es amor, lo dice San Juan en la Biblia. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad. No en la discriminación. Pensar que amar a una persona del mismo sexo es malo es  pensar que Dios está mal, que Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Su creación es perfecta. Dios nos acepta como somos. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso nos hace dignos de su amor. En su palabra nos enseña que su valor va más allá de sus preferencias y que debes amar al prójimo como a ti mismo.  Mateo22:39.

Si una persona es homosexual y busca al señor, y tiene buena voluntad. ¿Quién soy yo para juzgarla? Papa Francisco.

 

Grandes Valores Humanos: comunicado de Unión Afirmativa en respuesta al Comunicado de la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano. 

 

 

Comunicado en respuesta a la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano

GRANDES VALORES HUMANOS

 

Unión Afirmativa de Venezuela fiel a sus principios y objetivos para la promoción y defensa de derechos humanos en el país, se manifiesta a través de este comunicado con el fin de expresar su rechazo al  comunicado de la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano (CPEV).

Coincidimos con la Iglesia cuando afirma “que todo ser humano debe ser respetado en su dignidad, de donde brotan sus derechos, en especial el más fundamental de todos, como lo es el derecho a la vida”. No obstante, nos corresponde aclarar que no hay un derecho humano  “más fundamental” que otro, o que alguno tenga más importancia que otro. No se pueden jerarquizar los derechos humanos.

Los derechos humanos, por el contrario, se fundamentan en dos principios básicos, el de la igualdad y la no discriminación, que además son los dos primeros derechos en ser mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el reconocimiento de estos derechos, se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política.

En el punto 3 de su comunicado la CPEV afirma lo siguiente:

En los últimos años, se ha buscado imponer en el mundo entero una mentalidad contraria al derecho a la vida y la integridad de la persona humana y de la familia. Hay grandes campañas publicitarias provenientes de corporaciones internacionales “poderosas” capaces de invertir inmensas sumas de dinero a fin de imponer, a como dé lugar, legislaciones a favor del aborto, de la eutanasia y de la ideología de género con todas sus implicaciones. Lo hacen apelando a un falso concepto de modernidad, inventando “nuevos derechos humanos” y justificando posturas reñidas con el designio de Dios.

Durante los últimos siglos la iglesia católica ha intentado imponer en el mundo entero una mentalidad y forma de vida contraria a la naturaleza humana. A través de grandes lobbies religiosos, haciendo uso de la fe de los cristianos, apelando al control y la dominación de los fieles creyentes en Dios, con “poderosas” inversiones de dinero, muchas de los cuales son donaciones de los fieles y de algunos  gobiernos, la iglesia católica ha pretendido imponer su visión del mundo, del ser humano, de las familias y de la sociedad. Lo hacen apelando al miedo y el temor de los seres humanos y su fe en un ser superior. Para lograr su cometido, durante siglos han estigmatizado, amenazado y asesinado a demasiadas personas, mujeres, judíos,  negros y a cualquier otro que se atreva a contradecirles. Al tiempo que ocultan los miles de delitos cometidos por monjas y sacerdotes contra niños inocentes en sus orfanatos, contra niñas, niños y mujeres violados por sus sacerdotes, obispos y, en definitiva, por toda la institución católica, sin que hasta ahora se haya rectificado y adoptado cambios en este sentido, ni se haya reparado a todas las víctimas ni se ofrezcan garantías de no repetición.

Esas grandes corporaciones a las que hacen referencia son Organizaciones No gubernamentales, corporaciones conscientes de su responsabilidad para con la dignidad de las personas y con sus derechos humanos. No, no son “nuevos derechos humanos”. Son los mismos derechos humanos que desde la Edad Media algunos miembros de la Iglesia Católica se han empeñado en arrebatarnos, en su intento de imponernos una única manera de vivir en sociedad. Pretender descalificarlas en su labor es por demás irresponsable e irrespetuoso. Incurren ustedes en la criminalización de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y el mundo.  

Es la iglesia católica la que se inventa teorías de conspiración y destrucción del mundo como “la ideología de género” para confundir a la población sobre lo que realmente son los estudios de género. Una aproximación académica que busca develar a hombres y mujeres las estructuras de control y dominación que desde algunas ideologías religiosas se nos han impuesto como normas morales para dirigir nuestro comportamiento individual, sexual y social. Es a eso lo que se opone la iglesia a que la ciudadanía reconozca las manipulaciones religiosas que nos han dominado durante siglos.

Coincidimos con la CPEV, cuando afirma que  “el sentir del pueblo venezolano, (…) se expresa en la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico venezolano.” En esa misma Constitución Nacional, en el artículo 59 se expresa que “nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.” Violan ustedes la Constitución y cometen delito al llamar a  “los legisladores, sean creyentes o no en Cristo, deben escuchar la voz de su conciencia y actuar con la sabiduría que proviene del temor de Dios” Mientras les dicen  “que no se dejen llevar por presiones”  incurren ustedes en esa presión con la excusa de “la voluntad de Dios”

Por otra parte, miente y manipula la CPEV al afirmar que “en Venezuela, siempre se ha cuidado y defendido la vida humana desde el instante de su concepción hasta el momento de la muerte natural.” En Venezuela legalmente la vida se protege desde el nacimiento.  Además, ya hay vida, en la mujer que tiene derecho a decidir sobre lo que desea para su presente y futuro.

Igualmente, miente la iglesia católica al asegurar que “También se ha promovido la unidad de la familia y la dignidad de los seres humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza, varón y hembra (Cf. Gén. 1,27).”. Lo que ha promovido la iglesia católica es un único modelo de familia que por consiguiente ha derivado en la exclusión de cualquier otra familia que no se apegue al ideal de la iglesia, varón y hembra visto como animales para  procrear. Negando el derecho a una mujer a separarse legalmente de un varón a quien ya no ama o que es agresivo o un violador. Para posteriormente, negar a esa mujer el ingreso a la iglesia por catalogarla como pecadora.

Coincidimos con la CPEV cuando menciona que “se mantiene la naturaleza del matrimonio entre un hombre y una mujer. (Const. Nacional, art. 77)”. No hay tal naturaleza en el matrimonio, puesto que se trata de una figura creada por la sociedad para otorgar protección a los integrantes de esa unión. Al hacerlo, incurre en discriminación hacia otros modelos de familias que también requieren de protección, como las conformadas por madres e hijos, en Venezuela constituyen casi el 50% de los hogares. Se excluye a las familias conformadas por parejas del mismo sexo. Se excluye, en definitiva, a cualquier familia no conformada por el modelo de la iglesia católica, lesionando así la dignidad del ser humano.  Pero la Constitución venezolana ni prohíbe ni condena las relaciones entre parejas del mismo sexo (Sentencia 190, TSJ, 2008).

Lo más grave de su comunicado es calificar a quienes desde la sociedad civil promovemos el matrimonio entre parejas del mismo sexo como quienes “pretenden destruir la familia” cuando por el contrario buscamos proteger a diversas familias. Lo grave es llamar a quienes promueven la interrupción del embarazo como “promotores de la cultura de la muerte” y auto denominar la iglesia como defensores de la vida o “pro vida”, cuando en realidad lo que realmente hacen es negar derechos. Ustedes son grupos religiosos anti derechos.  

Lo peligroso además es hacer uso de su poder e influencia, apelando a la manipulación de la población de fe cristiana para convocar a sus miles, millones de seguidores a emprender  

 

“con decisión y perseverancia, deben continuar realizando acciones de concientización en medio de la población. Los invitamos a anunciar el “Evangelio de la vida” y organizar todo tipo de iniciativas orientadas a impedir la aprobación de aquellas leyes que, alejadas de la centralidad de la persona, terminen imponiendo una cultura de la muerte, alejada de nuestra fe y de nuestro sentir solidario.”

Lo peligroso es este llamado a impedir la aprobación de leyes, esas palabras podrían traducirse en actos de discriminación y violencia hacia personas homosexuales, en exacerbación de los discursos y crímenes de odio por razón de orientación sexual contra defensores de derechos humanos y de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.   

Ahí, en esas líneas lo dice claramente, no está la iglesia católica a favor de la vida, ni de la dignidad del ser humano, ni de la solidaridad, están en contra de los derechos humanos de un grupo de personas. Están a favor de imponer su manera de ver la vida, de controlar la población a través de la fe. Esos no son grandes valores humanos. Esos son precisamente grandes antivalores humanos. Es la antítesis de los valores humanos.

Dios no odia a los homosexuales. Dios es amor, lo dice San Juan en la Biblia. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad. No en la discriminación. Pensar que amar a una persona del mismo sexo es malo es  pensar que Dios está mal, que Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Su creación es perfecta. Dios nos acepta como somos. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso nos hace dignos de su amor. En su palabra nos enseña que su valor va más allá de sus preferencias y que debes amar al prójimo como a ti mismo.  Mateo22:39.

Si una persona es homosexual y busca al señor, y tiene buena voluntad. ¿Quién soy yo para juzgarla? Papa Francisco.

 

Caracas, 22 de marzo de 2021.

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Informes sobre la situación de DDHH de personas LGBTI en Venezuela 2020

Les presentamos dos nuevos informes 

En un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela les actualizamos sobre el incumplimiento por parte del Estado venezolano de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos para todas y todos sin distinción alguna que, en particular, afectan a las personas LGBTI.

En este nuevo informe les compartimos sobre el Marco legal de protección y sus falencias para con las personas LGBTI, les comentamos sobre la Emergencia Humanitaria Compleja, el covid-19 y las personas LGTBI en Venezuela. Les mencionamos sobre como las Personas LGBTI siguen siendo víctimas de violencia y además como algunas viven bajo formas de explotación o esclavitud. Hacemos un recuento del contexto país ante la llegada de la COVID 19.  mencionamos los patrones de discriminación y violaciones de DDHH que fueron mencionados en el informe  de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Finalmente, hacemos unas recomendaciones al Estado venezolano.

 

Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela 2020

 

En este informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Venezuela les informamos sobre la evaluación a Venezuela en la CEDAW y sus recomendaciones para el Estado. Les comentamos sobre las mujeres lesbianas en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Les relatamos el incumplimiento del Derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por parte del Estado. Identificamos la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres LBT. Identificamos las falencias en cuanto a la Educación Sexual en el país. Develamos la discriminación laboral hacia LBT por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Develamos las carencias en la Ley en cuanto al Derecho de las mujeres LBT a una vida libre de violencia. Informamos sobre la trata de mujeres trans. Finalmente, hacemos varias recomendaciones al Estado venezolano.

 

Situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Venezuela 2020.   

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Manifiesto por el mes del orgullo LGBTI 2020

MANIFIESTO DE UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DEL ORGULLO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES)

Caracas, 5 de junio de 2020

EL DÍA DE HOY CELEBRAMOS QUE:

Estamos vivos a pesar de las circunstancias que atravesamos en el país, estamos en Venezuela y  seguimos trabajando por los derechos humanos de las personas LGBTI y que vamos rumbo a la celebración de nuestros 20 años de existencia como una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apegada a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Este año 2020 han surgido nuevas organizaciones LGBTI conformadas por jóvenes entusiastas y con gran potencial de desarrollo. Les auguramos mucho éxito, apostamos por que puedan realizar un trabajo honesto, original, autentico, en armonía, con objetivos claros, alcanzables; y de manera coordinada, apegados a la defensa y promoción de derechos humanos. 

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

Los poderes públicos del Estado venezolano no estén cumpliendo  con la responsabilidad que tienen para con la ciudadanía, es decir, proveer protección y garantizar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna tal como lo establece el pre-ambulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

El Poder Ejecutivo no ha cumplido con las personas LGBTI en relación a:

Las recomendaciones  de los Estados en el Primer Ciclo del Examen Periódico Universal en 2011.

Los objetivos establecidos en el Plan de la Patria 2013/2019  

Loa objetivos establecidos en el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013-2019

Los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015/2019

Las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2014

Las recomendaciones del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2014.

Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015

Las recomendaciones del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales en 2015

Las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos en 2015

Las recomendaciones de los Estados en el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal en 2016.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Poder Legislativo

En sus gestiones 2000/2006 con mayoría del Movimiento Quinta República,  2006/2011 con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela y, 2016/2020 con mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática ha ignorado las innumerables solicitudes que las organizaciones de LGBTI hemos presentado ante en dicha institución democrática.

La elección de Rosmit Mantilla como Diputado gay y Tamara Adrián como Diputada Trans, no se haya traducido en las modificaciones y adaptaciones legales necesarias para la inclusión social de las personas LGBTI y para el disfrute pleno de sus derechos humanos. 

La Declaración del Día Nacional contra la homofobia, transfobia y Bifobia haya sido un solo un gesto inicial y que no se haya reflejado en reformas legales efectivas.

No se haya promovido la discusión de temas cruciales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el Estado Laico, el matrimonio para todas y todos sin discriminación. 

No se hayan establecido acciones  a través de foros, reuniones y consultas a la sociedad civil organizada en ONG, grupos, colectivos y Asociaciones Civiles, entre otros para la creación de leyes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. 

El Acuerdo  sobre acciones tendentes a visibilizar y mitigar el impacto diferenciado del COVID 19 sobre la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex como consecuencia de la homofobia, transfobia y la bifobia haya incluido una oración favorable al Matrimonio heterosexual establecido en el artículo 77 de la Constitución el cual es discriminatorio contra las parejas del mismos sexo. 

A la fecha de hoy, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no haya respondido a nuestra solicitud de modificación del Acuerdo sobre personas LGBTI aprobado el 19 de mayo, ya mencionado en el punto anterior. 

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Poder Judicial

Haya declarado la nulidad de la Declaración de Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia realizada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo de 2016.  

Haya impedido el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional para que esta pudiera emprender las reformas legales que permitan a personas LGBTI el disfrute de sus Derechos Humanos. 

No responda las demandas legales introducidas ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre las distintas leyes que impiden el disfrute de Derechos Humanos a las personas LGBTI.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:      

La Defensoría del Pueblo

No ha materializado la promesa de creación y puesta en funcionamiento de una defensoría especializada en personas LGBTI realizada por la gestión de Gabriela del Mar Ramírez en 2010, con el objeto de facilitar la recepción de denuncias y gestión de casos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.  

No cuente con protocolos para la gestión de casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. 

No se avoque a la elaboración de recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial sobre políticas públicas y creación o adaptación de leyes que contribuyan a mejorar la situación de las personas LGBTI en Venezuela.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Ministerio Público

No cuente con un protocolo de atención a personas LGBTI víctimas de crímenes de odio 

No se hayan creado fiscalías especializadas para atender casos de violencia contra personas LGBTI.   

No se reflejen en las estadísticas de reportes criminales los datos de manera desagregada por sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otros datos relevantes que puedan dar información oficial sobre crímenes de odio contra personas LGBTI.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Consejo Nacional Electoral

Siga impidiendo a las personas trans realizar el cambio de nombre de acuerdo a su identidad auto-percibida tal como lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

Los estados y municipios que han declarado el 17 de mayo como día municipal y estadal contra  la homofobia, transfobia y Bifobia, y que adicionalmente han establecido una ordenanza contra la discriminación no hayan elaborado las diligencias pertinentes para crear programas de formación a sus empleados y funcionarios públicos civiles y policiales a este respecto, y la realización de actividades orientadas a visibilizar esta fecha y su propósito.

 

HOY DEMANDAMOS LO SIGUIENTE:

A todos los funcionarios y servidores de los poderes públicos del Estado el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos para con las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.

Al Poder Ejecutivo: Cumplir con las recomendaciones elaboradas por los diferentes organismos de derechos humanos y los compromisos adquiridos en este mismo sentido.  

Al Poder Legislativo: Someter a ratificación la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Emprender las modificaciones legales pertinentes según los estándares internacionales de Derechos Humanos para que las personas LGBTI puedan tener una vida digna en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

Al Tribunal Supremo de Justicia: Cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17 en relación a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así como permitir a las personas trans e intersex la modificación de nombre y género a través de un proceso administrativo de manera clara y expedita libre de procedimientos estigmatizantes. 

Responder a todas las demandas sobre personas LGBTI interpuestas ante su despacho y que permanecen sin ser atendidas.

A la Defensoría del Pueblo: cumplir con su deber de protección y defensa de las personas sin discriminación

Al Ministerio Publico: proceder a investigar todos los crímenes de odio contra personas LGBTI debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, a iniciar la reparación de los daños a víctimas y familiares y garantizar la no repetición de los mismos.

A los cuerpos policiales y de seguridad: Actuar apegados a los protocolos y procedimientos según los estándares internacionales de derechos humanos. Evitar incurrir en abusos de poder contra las y los venezolanos en particular con los más vulnerables como las personas LGBTI.  

A los gobernadores y alcaldes: cumplir con las disposiciones de los acuerdos contra la homofobia, transfobia y bifobia en sus estados y municipios. Elaborar políticas públicas de inclusión social para las personas LGBTI.  Emprender programas de capacitación y sensibilización a sus funcionarios en materia de Derechos Humanos.

A la empresa privada: Iniciar las medidas pertinentes para otorgar a los empleados que se identifiquen como homosexuales ambientes seguros a tal fin. Reconocer los beneficios laborales a los empleados en relaciones con personas de su mismo sexo en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

Emprender procesos de formación, capacitación y sensibilización a gerentes de personal, gerentes administrativos y empleados en general sobre ambientes de trabajo libres de acoso y discriminación por razón de género, orientación sexual, identidad y expresión de género, en concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la empresa privada y el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

A los partidos políticos: a emprender un dialogo real con las organizaciones de la sociedad civil que permita a sus integrantes entender e impulsar de manera genuina los derechos humanos de las personas LGBTI. Estar conscientes de su responsabilidad para con el progreso y bienestar de la ciudadanía en general, con mayor énfasis a los grupos discriminados y violentados en sus derechos.

A la sociedad venezolana:

Les instamos a abrazar la defensa de derechos humanos para todas y todos sin discriminación. Una sociedad verdaderamente democrática no establece condiciones para el disfrute de derechos humanos de acuerdo a características particulares de las personas. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Nadie puede quedar por fuera en la construcción de una nueva democracia.

La aprobación de derechos a personas LGBTI no significa que otras personas perderán sus derechos, por el contrario, significa que seremos una sociedad más justa, más equilibrada y más inclusiva para todos.

“A aquellos que usan argumentos religiosos o culturales para privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos les pregunto: ¿Qué ganas con hacer que otros sean menos iguales?, ¿es tu religión o cultura tan débil que necesitas privar a otros de sus derechos humanos fundamentales?” Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Septiembre 2016.

 

 

 

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Informe sobre derechos de personas LGBTI en Venezuela 2018

Crisis política en Venezuela y sus efectos en las personas LGBTI

Informe para la 169ª periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

El miércoles 21 de noviembre, la AC. Unión Afirmativa de Venezuela presentó en Caracas el segundo informe que envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; un informe con datos recabados durante los años 2016-2018 sobre la crisis política en el país y sus efectos en las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

 

Es un informe de 33 páginas en el que se abordan los siguientes temas:   I. Contexto político, económico y social en Venezuela 1.1. Adquisición de medicamentos y productos varios en escasez; 1.2. Escasez de medicamentos; 1.3. Escasez de antiretrovirales para personas que viven con VIH y muerte de activistas en el país; 1.4. Migración forzada de personas LGBTI y muerte de activistas fuera de Venezuela; 1.5. Trata y esclavitud moderna de mujeres trans.

Adicionalmente, se mencionan otros temas resaltados con ejemplos y datos cómo persiste la ausencia de un marco de protección legal las parejas del mismo sexo. Persiste la negación de la identidad a las personas trans e intersex.

Persiste la discriminación en las Fuerzas Armadas; discriminación en centros de salud receptores de donación de sangre; discriminación en centros educativos universitarios; discriminación laboral; discriminación en espacios públicos y privados; discriminación en instituciones del Estado; discriminación en medios de comunicación

Persisten las declaraciones y expresiones que incitan la homofobia en Venezuela por parte de funcionarios del estado comenzando por el Sr. Nicolás Maduro, y por parte de líderes religiosos. Adicionalmente, estamos incluyendo información sobre la situación de personas LGBTI privadas de libertad. A continuación, un resumen del informe.

Venezuela vive una grave crisis humanitaria compleja identificada y documentada por al menos 18 pronunciamientos e informes de organismos internacionales entre julio de 2016 y agosto de 2018.  Este organismo al que acudimos también ha identificado la situación en Venezuela como una crisis humanitaria al menos en tres ocasiones en dos años.

La situación legal de las personas LGBTI para 2018, no es muy distinta a la que reflejamos en nuestro informe ante la CIDH en 2015 y el informe que presentamos al Examen Periódico Universal en 2017. Lo que sí es diferente es cómo esa carencia legal y sus consecuencias en las personas LGBTI se han visto agravadas por la compleja situación humanitaria en el país desde el año 2016.  En marzo de 2016, se dio la declaración de un Estado de Excepción y de Emergencia Económica a nivel nacional.

1.1. Adquisición de alimentos y productos varios en escasez

Desde la declaración de emergencia económica se han implementado varios sistemas para la adquisición de alimentos y productos personales, así como de medicamentos. Algunos de ellos han sido utilizados para discriminar a cierta parte de la población que difiere del gobierno nacional.  También estas medidas han sido discriminatorias hacia la población LGBTI.

Al principio y dados los niveles de escasez se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo, según el gobierno para evitar el acaparamiento. Este sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad.

Otra medida adoptada por el gobierno fue la distribución de bolsas de comida casa por casa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción- CLAP. Para esta venta se ordenó la realización de un censo de familias. Esta medida afectó a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales no son censadas por no ser consideradas familias.

Venezuela vive una grave crisis humanitaria compleja identificada y documentada por al menos 18 pronunciamientos e informes de organismos internacionales entre julio de 2016 y agosto de 2018.  Este organismo al que acudimos también ha identificado la situación en Venezuela como una crisis humanitaria al menos en tres ocasiones en dos años.

La situación legal de las personas LGBTI para 2018, no es muy distinta a la que reflejamos en nuestro informe ante la CIDH en 2015 y el informe que presentamos al Examen Periódico Universal en 2017. Lo que sí es diferente es cómo esa carencia legal y sus consecuencias en las personas LGBTI se han visto agravadas por la compleja situación humanitaria en el país desde el año 2016.  En marzo de 2016, se dio la declaración de un Estado de Excepción y de Emergencia Económica a nivel nacional.

1.1. Adquisición de alimentos y productos varios en escasez

Desde la declaración de emergencia económica se han implementado varios sistemas para la adquisición de alimentos y productos personales, así como de medicamentos. Algunos de ellos han sido utilizados para discriminar a cierta parte de la población que difiere del gobierno nacional.  También estas medidas han sido discriminatorias hacia la población LGBTI.

Al principio y dados los niveles de escasez se estableció la asignación de un día de compra según el último número de la cédula de identidad. Posteriormente, se obligó a los comercios y supermercados a instalar máquinas lectoras biométricas para que cada comprador fuese identificado y así saber cuántos y cuáles productos ha comprado y cuándo, según el gobierno para evitar el acaparamiento. Este sistema de compra venta afectó a las personas trans debido a la incongruencia entre su identidad de género y la identidad legal reflejada en su documento de identidad.

Otra medida adoptada por el gobierno fue la distribución de bolsas de comida casa por casa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción- CLAP. Para esta venta se ordenó la realización de un censo de familias. Esta medida afectó a las familias conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales no son censadas por no ser consideradas familias.

1.2. Escasez de medicamentos  

Hemos recibido denuncias de personas trans que siguen un proceso de transición y deben consumir hormonas. Dada la falta de estos medicamentos les ha obligado a consumir hormonas animales, las cuales podrían ocasionarles la muerte o generarles graves consecuencias para su vida. Otras personas trans aseguran haber recurrido a la compra de hormonas en países vecinos a precios muy elevados y muchas veces les resulta imposible adquirirlas. Muchas veces las personas trans se ven forzadas a interrumpir su tratamiento por no poder acceder a las hormonas y otros medicamentos necesarios.

1.3. Escasez de antiretrovirales para personas que viven con VIH y muerte de activistas en Venezuela.

Desde el año 2009, distintas organizaciones han denunciando las fallas en la dotación de los antiretrovirales que requieren las personas que viven con VIH, especialmente la población más afectada como son los hombres homosexuales, los hombres que tienen sexo con otros hombres y las personas trans. En mayo de 2017, se denunció que esta situación podría agravarse dado que el Ministerio de la Salud no había firmado la orden de compra de los antiretrovirales. En estos momentos, las ONG denuncian que el desabastecimiento está en un 100%. Las más de 80 mil personas que están registradas aseguran tener más de seis meses sin consumir sus medicamentos. Esta situación ha obligado a muchas personas que viven con VIH a emigrar con la esperanza de lograr acceder a los antiretrovirales en países vecinos.

En el presente año, el secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, denunció que al menos cinco mil personas con VIH/SIDA han fallecido en Venezuela durante los primeros seis meses de 2018 debido a la falta de tratamientos antirretrovirales.

Vale destacar la muerte del activista homosexual Heisler Vaamonde de 38 años quien tenía una infección respiratoria y era paciente con VIH. Dada la crisis sanitaria entre el sábado 22 y el domingo 23 de julio de 2017, tres personas fallecieron luego de que se acabara el oxígeno central para atender los pacientes, uno de ellos fue Heisler Vaamonde, quien se identificaba como un activista de izquierda, fue portavoz nacional del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual (2005-2017), área LGTB del PSUV, el partido político del Presidente Hugo Chávez. Fue Director General del Movimiento Gay Revolucionario de Venezuela (2000-2005) y se postuló como candidato abiertamente gay a la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias de 2005.

1.4. Migración forzada de personas LGBTI y muerte de activistas fuera de Venezuela 

El contexto venezolano hasta ahora descrito ha llevado a que muchas personas opten por salir del país, dadas las condiciones de precariedad y las pocas posibilidades de superar la terrible coyuntura política, económica y social. Aunado a la ausencia de protección legal y la no existencia de políticas públicas para la atención e inclusión de las personas LGBTI.  Esta cantidad de venezolanos que han huido del país han pasado de ser migrantes voluntarios a migrantes forzados y ser considerados refugiados.

A principios de 2017, la Red LGBTI informaba sobre la emigración de varios activistas, trayendo como consecuencia una disminución en el número de organizaciones, movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y otras organizaciones de la sociedad civil independientes que trabajaban por la defensa de los Derechos Humanos de personas LGBTI en el país.

Este año, la organización colombiana Caribe Afirmativo ha publicado un informe titulado “Crisis humanitaria de venezolanos LGBT en el Caribe” en el que da cuenta de la muerte, en Colombia, de al menos cinco personas venezolanas en etapa sida por la falta de acceso a los antiretrovirales. También informan sobre el asesinato de una mujer trans y “han denunciado dos hechos colectivos de violencia policial hacia mujeres trans venezolanas en espacios públicos de la región y 42 quejas se han interpuesto por discriminación y xenofobia sumando el rechazo a su nacionalidad, su pertenencia a la población LGBT.”

Esta organización agrega que, en este año, han registrado 23 casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y trans venezolanos que han llegado al Caribe colombiano huyéndole a la crisis humanitaria.

A principios de noviembre se informó sobre la muerte de Luis Marchan activista homosexual quien participó como candidato en las elecciones primarias convocadas por un grupo de activistas con la intención de ser postulados por el Gran Polo Patriótico a las elecciones Parlamentarias en diciembre de 2015. Marchan era activista cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Su muerte fue a causa de una insuficiencia renal y ocurrió en la ciudad de Lima en Perú a dónde había emigrado con el fin de mejorar su situación económica y debido a la dificultad para acceder a los antiretrovirales en Venezuela.

Más recientemente, los responsables de la organización Orgullo Guayana ubicada en el estado Bolívar habrían tenido que huir del país luego de haber sido mencionados en el programa televisivo del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ellos expresaron haber sentido mucho temor ante las posibles represalias de los seguidores del dirigente político del PSUV, quien en múltiples ocasiones ha sido señalado de criminalizar la labor de defensores de derechos humanos en el país a través del canal del Estado Venezolana de televisión.

1.5. Trata de Mujeres Trans

“Tanto mujeres cisgénero como mujeres trans son susceptibles de ser víctimas de trata. Sin embargo, las características particulares de las mujeres trans las convierten en presa fácil del tratante. Las circunstancias sociales que viven las mujeres trans las hacen vulnerables.

En 2016 surgió una denuncia que mencionaba la existencia de una red dedicada al negocio de trata de mujeres trans procedentes de Venezuela.   Para ese entonces se mencionó la detención de tres personas y la liberación de tres víctimas en España. Para 2017, varios portales de noticias internacionales publicaron sobre la captura de catorce personas por explotar mujeres trans llegadas de Venezuela. En el procedimiento se logró la liberación de 24 víctimas.

A pesar de contar con una legislación para la protección de las mujeres y otra para el control del crimen organizado no son debidamente implementadas. Por lo tanto, no se trata de falta de leyes o normas. Este es un asunto que el Estado venezolano debe abordar con urgencia.

 

Acá pueden leer el informe completo

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