Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) exhorta a las autoridades a aclarar los sucesos en Güiria

El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) se suma al duelo por la muerte, hasta los momentos, de 28 connacionales, entre ellos niñas y niños, que perecieron en el mar entre Venezuela y Trinidad y Tobago, víctimas de al menos dos naufragios, de la inacción de los Estados responsables en garantizar el derecho a la vida y la seguridad de estas personas.

El GTEMV se solidariza con los familiares de las víctimas y exige trabajo articulado con la sociedad civil en cuanto a la prevención del tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y otras prácticas que puedan considerarse como esclavitud moderna, hechos que han sido denunciados en los últimos cinco años.

La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y exposición de las personas venezolanas migrantes a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino. En este sentido, la sociedad civil venezolana ha rechazado los pronunciamientos de las autoridades de ambas naciones, que, diluyen responsabilidades, criminalizan y estigmatizan a quienes deciden escapar en búsqueda de una mejor calidad de vida.

El Estado venezolano tiene la obligación de disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de la impresión y entrega de documentos de viajes de la población venezolana. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes o personas con necesidad de protección internacional a situaciones de vulnerabilidad tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.

Se hace un llamado al gobierno de Trinidad y Tobago a cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVII), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22 numeral 7), así como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Convención Sobre los Derechos del Niño, Declaración de Cartagena sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en particular con el derecho a solicitar asilo y los principios de no devolución, no penalización, debido proceso y reunificación familiar.

De igual forma, se deben realizar acciones tendientes a la cooperación internacional en materia de migración y fortalecer las contribuciones de las personas migrantes y la migración al desarrollo sostenible establecidos entre ese Estado y Venezuela. Igualmente, solicitamos que Trinidad y Tobago y Venezuela rindan cuentas e investiguen de manera objetiva, imparcial, transparente, exhaustiva y expedita lo ocurrido desde el pasado sábado 12 de diciembre con las diversas embarcaciones.

Se exige a las autoridades venezolanas que las investigaciones sean transparentes y se hagan conforme a los protocolos internacionales, con un acto conclusivo que conduzca a la acusación para la posterior declaración de responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar.

Se solicita que en la investigación se tomen en cuenta elementos de corrupción que pueden estar presentes en las actividades de redes criminales y se determinen las responsabilidades de funcionarias y funcionarios públicos que pudiesen facilitar las actuaciones de estas redes de trata de persona en el estado Sucre, ya sea por actuar con abuso del poder conferido o por omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Se insta al Ministerio Público venezolano informar a INTERPOL sobre la desaparición de las personas que se encontraban en la embarcación “Mi Recuerdo” que embarcó el 6 de diciembre de 2020, así como la desaparición en altamar de 18 personas que abordaron la embarcación “Jonnaly José” el 23 de abril de 2019 y 33 personas del buque “Ana María” el 16 de mayo de 2019, embarcaciones que partieron desde Güiria, estado Sucre a Trinidad y Tobago, esto a los fines de solicitar las respectivas alertas amarillas.

El GTEMV condena y rechaza el acoso y hostigamiento contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han denunciado la situación por medio de testimonios de los familiares de víctimas y de investigaciones y seguimiento de lo ocurrido en Güiria desde los primeros reportes de devoluciones de personas venezolanas fuera de lo que establece las leyes que amparan a personas refugiadas y migrantes.

Por último, se hace imperativo recordar que la migración y la protección internacional son derechos humanos, las personas migrantes mantienen sus derechos desde la salida del país de origen, estando en tránsito y al llegar al país de destino, por lo que los Estados deben ajustar sus políticas migratorias y darles un enfoque que proteja el ejercicio de estos derechos universales.

Suscriben las organizaciones integrantes del GTEMV
Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa, CDH-UNIMET, Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB, Caleidoscopio Humano, CEPAZ, Éxodo, CDH-UCAB, Mulier y Defensores de Vida Bogotá en Venezuela.

Caracas, 17 de diciembre de 2020

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II Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas

II Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas

Representantes de la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas
El II Encuentro de la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas se realizó este 22, 23 y 24 de enero de 2020. El foro reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil de América y el Caribe que trabajan en conjunto para encontrar soluciones a la evidente Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela y otros países que afecta a personas LGBTI+ en situación de movilidad humana.
La vulneración de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales durante los movimientos transfronterizos trae como consecuencia conflictos que se intensifican en el caso de personas LGBTI+. Elementos como su orientación sexual, identidad y expresión de género, país de procedencia, pueblo, nacionalidad, etnia, situación de discapacidad, entre otras condiciones, les ha llevado a afrontar una doble, e, incluso, múltiple vulneración de libertades y derechos.
Con la premisa de brindar una respuesta inmediata frente a las necesidades de las personas refugiadas y migrantes, el II Encuentro tuvo como objetivo definir una agenda con una hoja ruta a seguir para articular acciones y coordinar mecanismos de intervención para la promoción y protección de derechos de las personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
Las organizaciones participantes dirigen su trabajo a las distintas situaciones que atraviesan las personas LGBTI+ en cada país de las Américas y el Caribe.
Todo el trabajo de la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ Refugiadas, Solicitantes de Asilo y Migrantes en las Américas se fundamenta en estatutos y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de las personas refugiadas de 1951 y Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Participaron en el Encuentro:
– Casa 1 – Brasil
– Casinha – Brasil
– Manifesta LGBT+ – Brasil
– União Libertária de Pessoas Trans e Travestis (Ultra) – Brasil
– Rede de Mulheres Imigrantes Lésbicas e Bissexuais (MILBI) – Brasil
– Caribe Afirmativo – Colombia
– Censurados – Colombia
– Fundación Sergio Urrego – Colombia
– Fundación de Atención Inclusiva, Social y Humana (FUVADIS) – Colombia
– FASIC – Chile
– Diálogo Diverso – Ecuador
– Fundación Equidad – Ecuador
– Organización Trans Reinas de la Noche – Guatemala
– Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual – México
– Presente – Perú
– Unión Afirmativa – Venezuela
– Azul Positivo – Venezuela

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Se constituye Primera Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de América Latina y El Caribe

Se constituye la Primera Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de América Latina y El Caribe

 

Junio de 2019

 

Organizaciones destacadas en la Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes creamos la Red Regional de Protección de Personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

 

Ante la complejidad de las dinámicas de movilidad humana en la región, constituidas por movimientos migratorios mixtos en los que personas con necesidades de protección internacional comparten las mismas rutas, y enfrentan riesgos de protección similares que las personas migrantes, como el riesgo de ser víctimas de trata o de tráfico ilícito de migrantes, vemos urgente reafirmar la vigencia de las normas internacionales de derechos humanos para la protección y realización de los derechos de las personas en situación de movilidad, y ratificando los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Brasil, el Pacto Mundial sobre Personas Refugiadas, y el Pacto Mundial para Migración.

 

Ante los desafíos que enfrentan las  personas LGBTI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la región, sobre todo en consecuencia a la discriminación, violencia, bajas perspectivas de integración local en los países de acogida, y la falta de conciencia por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTI+, incluido su derecho a buscar y recibir asilo debido a la persecución por su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como otros derechos establecidos en normativa nacional e internacional.

 

Ante las dificultades enfrentadas por personas LGBTI+ refugiadas y migrantes para acceder a la documentación, sobre todo personas trans que no tienen garantizado el derecho a la auto-identificación del género y al uso del nombre social, y familias LGBTI+ que muchas veces no están contempladas por los conceptos de familia adoptados por los gobiernos en la región. 

 

Ante la falta servicios sensibilizados y capacitados para el trabajo con personas LGBTI+ y/o personas que viven con VIH refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes representa un desafío para la protección de estas poblaciones, las cuales muchas veces no logran gozar de sus derechos o son obligadas a buscar alojamiento en espacios que no son seguros y que aumentan el riesgo de que sufran discriminación y violencia. 

 

Ante la ausencia de políticas de acciones afirmativas para promover el acceso de la población migrante, refugiada y solicitante de asilo a la educación superior, incluyendo a personas LGBTI+, como procedimientos de ingreso y revalidación de diplomas y certificados sensibles a las especificidades de esta población. 

Como organizaciones de la sociedad civil reunidas en Quito el 13 y 14 de marzo de 2019 por invitación de Dialogo Diverso, y con apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiado (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM):

 

Nos preocupan los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la región, sobre todo de las personas LGBTI+, incluido su derecho a buscar y recibir asilo debido a la persecución por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, así como otros derechos establecidos en normativa nacional e internacional.

 

Por ello, proponemos fortalecer el trabajo en red a nivel nacional y regional para la protección de personas LGBTI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, promoviendo y verificando el cumplimiento de los derechos de esta población a lo largo de las rutas, y en el caso de solicitantes de asilo, los reasentamientos de un país de asilo a otro país que acuerde recibirles y otorgarles residencia.

 

Es prioritario que los Estados y demás actores garanticen los derechos humanos de las personas LGBTI+, que están identificados a través de los principios de Yogyakarta y Yogyakarta 10+, incluido el derecho humano al asilo a las personas LGBTI+ que se desplazan a través de las fronteras huyendo de situaciones de persecución, conflictos armados, la violencia y la violación de los derechos humanos;  enfatizando en la necesidad de fortalecer el trabajo coordinado y la cooperación con el objetivo de asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en la región, con especial consideración a la difícil situación que enfrenta esta población debido a la ausencia de políticas migratorias y de asilo que contemplen sus necesidades específicas, y que tomen en cuenta la discriminación, violencia y marginalización que enfrentan sea en sus países de origen, en las rutas o en los países de acogida y destino;  prestando especial atención a:

 

  1. Acceso al procedimiento de asilo y regularización migratoria: garantizar el acceso a la información sobre el derecho de solicitar asilo y sobre mecanismos de regularización migratorias para personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes; Capacitar a las autoridades migratorias, los sistemas de asilo y a las organizaciones que trabajan con temas de movilidad humana para la identificación de personas LGBTI+ con necesidades de protección internacional.

 

  1. Identidad y documentación: asegurar el derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambios de nombre y género de personas trans refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en todos los momentos de su proceso de regularización en el país de acogida.

 

  1. Acceso a la justicia y protección integral: promover la asistencia legal gratuita a personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes a través de las defensorías públicas, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

 

  1. Albergue y vivienda: asegurar que, a lo largo de las rutas y en los países de acogida, las personas LGBTI+ en situación de movilidad puedan acceder a albergues que estén preparados para trabajar con esta población, y que los equipos de los albergues sean capacitados para trabajar de manera adecuada con personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

 

  1. Acceso a la salud: garantizar el acceso al tratamiento hormonal a la población trans refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, el acceso de las personas LGBTI+ a las pruebas diagnósticas de ITS, incluyendo el VIH y consejería individual y voluntaria en ambientes seguros y confidenciales, y el acceso al tratamiento antirretroviral de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que viven con VIH.

 

  1. Educación, medios de vida e integración local: combatir la discriminación laboral contra personas LGBTI+ refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, promoviendo oportunidades laborales dignas y sostenibles en conjunto con actores públicos y privados, y garantizando los derechos laborales de todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo y migrantes independientemente de su estatus migratorio.

 

SUSCRIBEN:

 

Las y los representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Unión Afirmativa de Venezuela (VEN), Caribe Afirmativo (COL), Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos (Regional), Presente (PER), Fundación Venezolana de Atención Directa, Inclusiva y Social (COL), LGBT+Movimento (BRA), Fundación Sergio Urrego (COL), Diálogo Diverso (ECU), Fundación Ecuatoriana Equidad (ECU), Fundación Pakta (ECU), Fundación País para Todos (CHI), Fundación Censurados (COL), Federación Argentina LGBT (ARG) y Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

 

 

 

 

 

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