Dia contra la homofobia en el deporte

19 de febrero es el Día Internacional contra la Homofobia en el Futbol 

Día Internacional contra la homofobia en el deporte. 

¿Por qué el 19 de Febrero?

El 19 de febrero de 1961 es la fecha de nacimiento de Justin Fashanu, un jugador de futbol profesional de Inglaterra. Fashanu fue el primer futbolista que se atrevió a dar el paso de reconocer públicamente que era homosexual (1990). Desde ese momento tuvo que soportar una dura presión pública y acabó suicidándose el 2 de mayo de 1998. (1)

Justin comenzó su carrera en 1978, jugando para el Norwich City. Tras varias temporadas en las que se lució, el Nottingham Forest pagó 1 millón de libras por su pase en 1981, transformando el pase de Fashanu en el más alto de la historia –hasta ese momento- para un jugador negro. Si bien sus condiciones como futbolista eran notables, a su entrenador -Brian Clough- le molestaban los rumores sobre la homosexualidad de Fashanu, por lo que dejó de ser tenido en cuenta y el club lo cedió a préstamo al Southampton. En adelante comenzó un derrotero para el jugador y –tras un paso por las ligas de EE.UU. y Canadá- desfiló por distintos clubes (Manchester City, West Ham, Ipswich Town) en los que no lograba asentarse en el primer equipo por los rumores que lo condenaban.

En 1990, en una entrevista al masivo diario The Sun, se transformó en el primer futbolista en actividad en el mundo en salir del clóset. A partir de allí, el rechazo en el medio futbolístico fue insoportable. Se probó en el Newcastle pero su DT –nuestro conocido Osvaldo Ardiles- se negó a incorporarlo y se vio obligado a deambular en clubes de ascenso.

En 1998, cuando estaba en EE.UU. prácticamente retirado, un joven de 17 años lo acusó de abuso sexual, fue detenido y la prensa presentó como verídico el hecho, sin constatar nada, avivando los prejuicios discriminatorios. La policía constató que era una acusación falsa pero no se preocupó en divulgar la investigación. Deprimido, Justin Fashanu se suicidó el 2 de Mayo, en Londres. Se despidió con una nota que destilaba profunda tristeza: «Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia (…) espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”.

Para rescatar su lucha, su coraje y su memoria, cada vez más deportistas se apropian los 19 de Febrero del Día Internacional contra la homofobia en el deporte. (2)

  1. 1990 – Justin Fashanu conmociona el fútbol inglés con su confesión de homosexualidad. http://contralahomofobiaenelfutbol.blogspot.com/
  2. ¿Qué es el Día Internacional contra la homofobia en el deporte? http://www.laizquierdadiario.com/Que-es-el-Dia-Internacional-contra-la-homofobia-en-el-deporte
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Informes sobre la situación de DDHH de personas LGBTI en Venezuela 2020

Les presentamos dos nuevos informes 

En un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela les actualizamos sobre el incumplimiento por parte del Estado venezolano de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos para todas y todos sin distinción alguna que, en particular, afectan a las personas LGBTI.

En este nuevo informe les compartimos sobre el Marco legal de protección y sus falencias para con las personas LGBTI, les comentamos sobre la Emergencia Humanitaria Compleja, el covid-19 y las personas LGTBI en Venezuela. Les mencionamos sobre como las Personas LGBTI siguen siendo víctimas de violencia y además como algunas viven bajo formas de explotación o esclavitud. Hacemos un recuento del contexto país ante la llegada de la COVID 19.  mencionamos los patrones de discriminación y violaciones de DDHH que fueron mencionados en el informe  de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Finalmente, hacemos unas recomendaciones al Estado venezolano.

 

Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela 2020

 

En este informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Venezuela les informamos sobre la evaluación a Venezuela en la CEDAW y sus recomendaciones para el Estado. Les comentamos sobre las mujeres lesbianas en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Les relatamos el incumplimiento del Derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por parte del Estado. Identificamos la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres LBT. Identificamos las falencias en cuanto a la Educación Sexual en el país. Develamos la discriminación laboral hacia LBT por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Develamos las carencias en la Ley en cuanto al Derecho de las mujeres LBT a una vida libre de violencia. Informamos sobre la trata de mujeres trans. Finalmente, hacemos varias recomendaciones al Estado venezolano.

 

Situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Venezuela 2020.   

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Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) exhorta a las autoridades a aclarar los sucesos en Güiria

El Grupo de Trabajo sobre Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) se suma al duelo por la muerte, hasta los momentos, de 28 connacionales, entre ellos niñas y niños, que perecieron en el mar entre Venezuela y Trinidad y Tobago, víctimas de al menos dos naufragios, de la inacción de los Estados responsables en garantizar el derecho a la vida y la seguridad de estas personas.

El GTEMV se solidariza con los familiares de las víctimas y exige trabajo articulado con la sociedad civil en cuanto a la prevención del tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y otras prácticas que puedan considerarse como esclavitud moderna, hechos que han sido denunciados en los últimos cinco años.

La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y exposición de las personas venezolanas migrantes a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela, como en los países de tránsito y destino. En este sentido, la sociedad civil venezolana ha rechazado los pronunciamientos de las autoridades de ambas naciones, que, diluyen responsabilidades, criminalizan y estigmatizan a quienes deciden escapar en búsqueda de una mejor calidad de vida.

El Estado venezolano tiene la obligación de disminuir los riesgos asociados a la migración forzada, mediante la agilización de la impresión y entrega de documentos de viajes de la población venezolana. Las dificultades para acceder a los documentos necesarios para migrar son en sí un factor de riesgo que expone a migrantes o personas con necesidad de protección internacional a situaciones de vulnerabilidad tanto en la salida como al intentar establecerse en el país de destino.

Se hace un llamado al gobierno de Trinidad y Tobago a cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVII), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22 numeral 7), así como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, la Convención Sobre los Derechos del Niño, Declaración de Cartagena sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en particular con el derecho a solicitar asilo y los principios de no devolución, no penalización, debido proceso y reunificación familiar.

De igual forma, se deben realizar acciones tendientes a la cooperación internacional en materia de migración y fortalecer las contribuciones de las personas migrantes y la migración al desarrollo sostenible establecidos entre ese Estado y Venezuela. Igualmente, solicitamos que Trinidad y Tobago y Venezuela rindan cuentas e investiguen de manera objetiva, imparcial, transparente, exhaustiva y expedita lo ocurrido desde el pasado sábado 12 de diciembre con las diversas embarcaciones.

Se exige a las autoridades venezolanas que las investigaciones sean transparentes y se hagan conforme a los protocolos internacionales, con un acto conclusivo que conduzca a la acusación para la posterior declaración de responsabilidades penales, civiles y administrativas a las que haya lugar.

Se solicita que en la investigación se tomen en cuenta elementos de corrupción que pueden estar presentes en las actividades de redes criminales y se determinen las responsabilidades de funcionarias y funcionarios públicos que pudiesen facilitar las actuaciones de estas redes de trata de persona en el estado Sucre, ya sea por actuar con abuso del poder conferido o por omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Se insta al Ministerio Público venezolano informar a INTERPOL sobre la desaparición de las personas que se encontraban en la embarcación “Mi Recuerdo” que embarcó el 6 de diciembre de 2020, así como la desaparición en altamar de 18 personas que abordaron la embarcación “Jonnaly José” el 23 de abril de 2019 y 33 personas del buque “Ana María” el 16 de mayo de 2019, embarcaciones que partieron desde Güiria, estado Sucre a Trinidad y Tobago, esto a los fines de solicitar las respectivas alertas amarillas.

El GTEMV condena y rechaza el acoso y hostigamiento contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han denunciado la situación por medio de testimonios de los familiares de víctimas y de investigaciones y seguimiento de lo ocurrido en Güiria desde los primeros reportes de devoluciones de personas venezolanas fuera de lo que establece las leyes que amparan a personas refugiadas y migrantes.

Por último, se hace imperativo recordar que la migración y la protección internacional son derechos humanos, las personas migrantes mantienen sus derechos desde la salida del país de origen, estando en tránsito y al llegar al país de destino, por lo que los Estados deben ajustar sus políticas migratorias y darles un enfoque que proteja el ejercicio de estos derechos universales.

Suscriben las organizaciones integrantes del GTEMV
Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa, CDH-UNIMET, Instituto de Investigaciones Jurídicas UCAB, Caleidoscopio Humano, CEPAZ, Éxodo, CDH-UCAB, Mulier y Defensores de Vida Bogotá en Venezuela.

Caracas, 17 de diciembre de 2020

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Declaración de Unión Afirmativa por el Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se observa el Día Mundial de la Salud Mental. La conmemoración fue impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año, la WFHM, propone, a modo de lema, un aspecto de la salud mental junto a diversos contenidos sobre esta temática. El objetivo que persigue, es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Esto tiene una estricta correlación con la definición de “salud” (1946) propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la considera como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El Día Mundial de la Salud Mental de este año se celebra en un momento en que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En el caso de las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex estas consecuencias son desproporcionadamente altas.  

Las personas LGBTI permanecen entre los grupos más marginados y odiados de la sociedad. Debido a esto, las personas LGBTI son más propensas a experimentar problemas de salud mental como depresión, ansiedad, abuso de sustancias e ideas suicidas, en comparación con el resto de la población.  Aunque estos números están disminuyendo a medida que crece la aceptación social, todavía son demasiado altos.

Adicionalmente, con demasiada frecuencia las personas LGBTI carecen de aceptación por parte de maestros, compañeros de clase, los empleadores, las iglesias e incluso por parte de los miembros de la familia. Las actitudes discriminatorias también dan lugar a que no se disponga de apoyo para tener servicios en salud mental. Por el contrario, en algunos casos, al acudir a algunos profesionales de salud mental, que deberían apoyarles en proceso de aceptación son los principales perpetradores de daños profundos e irreparables a través de procesos para intentar cambiar lo que consideran una conducta sexual inapropiada.  Esto a pesar de que la homosexualidad fue eliminada como una enfermedad mental en 1990 por la OMS.

Es oportuno agregar que algunas iglesias llevan a cabo tratamientos ortodoxos y perjudiciales, tanto física y mentalmente en personas LGBTI que redundan en graves daños a la salud mental. En clara contradicción a o recomendado por la OMS en relación a la prohibición de las terapias de conversión o cambio de orientación sexual, las cuales han demostrado ser dañinos para quienes son sometidos a estas prácticas.   

Los últimos meses han traído muchos retos para todas y todos, debido al aislamiento social, el poco contacto con amigos y familiares, con pérdida de trabajo, el temor a contagiarse del COVID 19, y aún más en Venezuela, donde contamos con muy poca protección sanitaria, en medio de un contexto de emergencia humanitaria y el ingente número de personas atrapadas en la pobreza y la falta de alimentos y servicios públicos.

La OMS espera que en un futuro cercano las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán considerablemente. Por eso la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año se ha propuesto conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental.

En este Día Mundial de la Salud Mental es hora de crear conciencia sobre la prevalencia de estos problemas en las personas LGBTI para exigir una atención médica que sea accesible e inclusiva de sus necesidades. Así mismo seguir trabajando para eliminar por completo el estigma asociado a esta población.

 

Unión Afirmativa statement on World Mental Health Day

 

Every October 10 we celebrate World Mental Health Day. The commemoration was promoted by the World Federation for Mental Health (WFMH) and supported by the World Health Organization (WHO). Every year, the WFHM proposes, as a motto, an aspect of mental health along with various content on this subject. The objective that it pursues is to remember that the health of each individual is the solid foundation for the construction of full and satisfying lives. This has a strict correlation with the definition of “health” (1946) proposed by the World Health Organization (WHO) that considers it as a “state of complete physical, mental and social well-being, not only the absence of affections or diseases. “.

This year’s World Mental Health Day is celebrated at a time when our daily lives have been significantly disrupted as a result of the COVID-19 pandemic. In the case of women and lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people these consequences are disproportionately high.

LGBTI people remain among the most marginalized and hated groups in society. Because of this, LGBTI people are more likely to experience mental health problems such as depression, anxiety, substance abuse, and suicidal thoughts, compared to the rest of the population. Although these numbers are decreasing as social acceptance grows, they are still too high.

Additionally, too often LGBTI people lack acceptance from teachers, classmates, employers, churches, and even family members. Discriminatory attitudes also result in the lack of support for mental health services. On the contrary, in some cases, when they go to some mental health professionals, who should support them in the process of acceptance, they are the main perpetrators of deep and irreparable damage through processes to try to change what they consider to be inappropriate sexual behavior. This despite the fact that homosexuality was eliminated as a mental illness in 1990 by the WHO.

It is appropriate to add that some churches carry out orthodox and harmful treatments, both physically and mentally, on LGBTI people that result in serious damage to mental health. In clear contradiction to or recommended by the WHO in relation to the prohibition of conversion or change of sexual orientation therapies, which have proven to be harmful for those who are subjected to these practices.

The last few months have brought many challenges for everyone, due to social isolation, little contact with friends and family, job loss, fear of catching COVID 19, and even more so in Venezuela, where we have very little protection in the midst of a context of humanitarian emergency and the huge number of people trapped in poverty and the lack of food and public services.

WHO expects that in the near future the needs for mental health and psychosocial support will increase considerably. That is why this year’s World Mental Health Day campaign has set out to achieve increased investments in favor of mental health.

On this World Mental Health Day it is time to raise awareness about the prevalence of these problems in LGBTI people to demand health care that is accessible and inclusive of their needs. Likewise, we continue working to completely eliminate the stigma associated with this population.

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Gender Analysis, sexual and gender based violence in the UN Fact Finding Mission on Venezuela

Gender Analysis, sexual and gender based violence in the UN Fact Finding Mission on Venezuela

 

By Quiteria Franco

 

The United Nations Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela in its report published this Wednesday, September 16, “found reasonable grounds to believe that the Venezuelan authorities and security forces have planned and carried out serious human rights violations since 2014, some of which – including arbitrary executions and the systematic use of torture – constitute crimes of Against humanity,”

 

What is the United Nations fact-finding mission for Venezuela?

 

In resolution 42/25, of September 27, 2019, the Human Rights Council established an Independent Mission to Determine the Facts about the Bolivarian Republic of Venezuela to investigate the following: 1) extrajudicial executions, 2) enforced disappearances, 3) arbitrary detentions and 4) torture and other cruel, inhumane or degrading treatment since 2014, in order to ensure full accountability of the perpetrators and justice for the victims. The Human Rights Council requested the fact-finding Mission to report on its findings during an interactive dialogue at its 45th session, in September 2020.

 

The Mission investigated 223 cases, 48 of which are included as comprehensive case studies in the 443-page Spanish and 411-page English report presented in eight chapters. Additionally, the Mission examined 2,891 other cases to corroborate the patterns of violations and crimes.

The Mission identified highly coordinated patterns of violations and crimes in accordance with State policies and part of a generalized and systematic course of conduct, thus constituting crimes against humanity.

 

The state security forces in their multiple bodies, namely the National Police, local, regional and municipal police, GNB, CICPC, SEBIN, DGCIM, FAES are identified as the perpetrators of these crimes against humanity. Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, Reverol and Padrino López as responsible for ordering, financing or ordering these human rights violations.

 

“The Mission found reasonable grounds to believe that the Venezuelan authorities and security forces have planned and carried out serious human rights violations since 2014, some of which – including arbitrary executions and the systematic use of torture – constitute crimes of Against humanity, ”said Marta Valiñas, president of the Mission.

 

Here I am going to focus only on chapter VI entitled Analysis of gender, sexual and gender violence; and within this chapter point II. Assessment of sexual violence perpetrated in the context of the Mission’s mandate, letter A. Homophobic and sexist insults during acts of violence investigated by the Mission.

 

 

The Mission stated that in Venezuela “Patriarchal roles and stereotypes emphasize the ideal woman as a mother figure within the domestic sphere, and sexualize young women outside this role. Stereotypes also apply to men through the continued prevalence of machismo, which demands an exaggerated masculinity rooted in a man’s role to defend his family, and, by extension, his homeland. Machista stereotypes weaponize homophobia and misogyny to discredit male opponents by insinuating their homosexuality or femininity, both of which connote weakness and defenselessness.These gender roles and stereotypes are reinforced during the perpetration of violence.”

 

The Mission investigated 45 incidents of sexual violence perpetrated in the context of violations and crimes documented in the report. The 45 incidents included 89 specific acts of sexual violence, as listed below. Many of the incidents involved multiple victims.3487 Of these incidents, nine occurred in the context of demonstrations, 34 occurred during the interrogation or detention of targeted dissidents or opponents, and two occurred during security operations.

Seventy-four percent of the incidents involved sexual violence against men, and 30% involved sexual violence against women.

 

The cases investigated and verified by the Mission are consistent with wider reporting trends on sexual and gender-based violence in Venezuela from 2014 to 2019, which still cannot be considered exhaustive, due to the likelihood of underreporting. Revictimization by public and judicial officials, lack of support for victims during accountability processes, lack of trust in law enforcement and prosecution services, and fear of reprisals, often stemming from explicit and implicit threats were all factors likely to contribute to underreporting.

 

Mission investigations indicate that the use of sexual violence as a repressive technique during coercive circumstances such as arrest and detention is pervasive, and perpetrated by a number of different security services without adequate investigation, prosecution or sanction.

The acts of sexual and gender-based violence documented by the Mission included:

Rape, using body parts or objects (three confirmed instances)

  • Threats to rape individuals, or have others rape them (19 confirmed instances, multiple victims during group detentions)
  • Threats of rape or other gender violence against victims’ female loved ones (five confirmed instances)
  • Sexual violence, including e.g. groping of breasts, buttocks and genitals, spanking (ten confirmed instances)
  • Forced nudity, including for prolonged periods (23 confirmed instances, multiple additional victims during group detentions)
  • Targeted violence against genitals (male and female), breasts or abdomens (female), including targeted beatings or the delivery of electric shocks (24 confirmed instances).
  • Invasive and unnecessary body searches (male and female) of detainees or visitors (five confirmed instances, multiple additional victims)

 

Seven incidents involving multiple victims occurred when GNB or PNB officials arrested demonstrators. In these incidents, officials used sexual violence to punish demonstrators for their participation in protests. These incidents included the rape of at least two male protesters and the sexual assault of several female protesters.3495 Additionally, GNB and PNB officials threatened to rape both male and female arrestees, including members of the LGBTI population.3496 For example, a witness arrested in 2014 told the Mission that GNB officials held a transgender woman protester with the male detainees, threatening to rape her when she went to the bathroom.

 

  1. Homophobic and Sexist Insults during Acts of Violence Investigated by the Mission

The Mission documented at least 18 cases, generally with multiple victims, in which SEBIN, DGCIM, GNB, PNB and FAES officials used homophobic and sexist insults against both male and female individuals while perpetrating acts investigated by the Mission, including sexual violence.

These acts occurred during home raids, arrests, interrogations and detention. In several particularly violent episodes, officials attacked the masculinity of male victims during acts of rape or other severe sexual violence, equating being a “filthy” “traitor” with male homosexuality and weakness.

Expressions of femininity and male homosexuality are considered culturally incompatible with military and police identity,3498 and DGCIM, in particular, used machista concepts of masculinity to humiliate and degrade military dissidents during interrogation. Additionally, the Military Justice Code continues to criminalize homosexual acts, and punish them with imprisonment and dismissal from the armed forces.3499 A witness told the Mission that a female official who regularly asphyxiated detainees would say things like, “these are men who claim to be commandos, let’s see what kind of wood they’re made from.”

A civilian detainee told the Mission that an officer told him that since he was a mariquita (faggot), they would only apply 220 volts of electricity rather than 440, before applying electric shocks to his naked body.3501 One military detainee told the Mission how DGCIM officials would subject new prisoners to a ‘game’ called “breastfeeding”. They beat naked detainees with a bat with the word “teta” (tit) written on it. Officials also attached the bat perpendicularly to a wall and pushed the naked men backwards towards it, with the aim of anally penetrating them.

In other cases, DGCIM and SEBIN officials attacked men’s social identity by threatening to rape or otherwise harm their female relatives.3503 One man told the Mission that these threats made him feel guilty and ashamed he had not done enough to protect his family.

Likewise, officials punished women for participating in demonstrations or otherwise behaving in ways that departed from patriarchal gender expectations. For example, during the arbitrary detention of a 13-year-old girl in Zulia in 2017, PNB officers groped her breasts, crotch and buttocks, while calling her a whore for “hanging around so many men” in the protest that day.3505 A GNB official held a gun to a woman’s head during a protest in Táchira in 2014 while another told him to “Kill that bitch.” Officials poured vinegar onto her face and beat her, calling her a bitch and a “guarimbera hija de puta” (protesting daughter of a whore).3506 In SEBIN custody, a guard accused a woman of behaving promiscuously for talking with her male friends during visiting hours, and punished her by removing her visitation rights.

The Mission also documented cases in which security officials insulted mothers, wives and girlfriends, blaming them for the execution of their male relatives, or for other acts of violence.

By weaponizing gender roles and stereotypes during the perpetration of the violations under consideration in this report, State officials generated additional severe physical, psychological and moral harm to victims. This discriminatory rhetoric seemed to echo homophobic and sexist statements by high-ranking public officials during the period under review.

  1. Additional cases of violence witnessed by detainees

Some men and women interviewed by the Mission witnessed acts of sexual and nonsexual violence perpetrated against women detained for non-political reasons.

In SEBIN El Helicoide, the women’s cell was located directly under an office used by SEBIN officials to torture detainees, from which the women could hear what occurred in the office above. Several women who had been detained there described the range of torture they regularly overheard against both men and women, including beatings, electric shocks and asphyxiation with plastic bags.3510 On one occasion, SEBIN officials asked the women if they had any extra bags, which they then used to asphyxiate victims.3511 They also saw the battered detainees as they were brought through the hallway into the detention area after the abuses.

Two witnesses told the Mission about an incident which occurred in December 2015 in which they overheard the rape of a female detainee in the office above them.3512 They told the Mission they heard an official tell the woman to “turn over” or “get on your knees”, because it was her “turn”. They then heard her cries of pain. One witness had to move to another area of the cell because she could not bear to listen. The victim was later brought into the women’s cell, where she confirmed that she had been raped. One witness described that hearing a woman being raped was like torture for all the women in the cell.

  1. Access to justice

Most of the women and men whose cases are mentioned here chose not to make complaints for fear of reprisals, stigmatization, and distrust in the legal system.3514 The young man raped by a GNB officer in February 2014 complained publicly and officially about the violence perpetrated against him and the other detainees. Rather than providing victim support or undertaking an effective investigation, the Attorney General made public statements discrediting him and casting doubt upon his accusations. His case was widely discussed in traditional and social media, causing him and his family significant retraumatization.3515 It is possible that this discouraged many subsequent victims of sexual violence from reporting.

Members of the LGBTQI population who spoke to the Mission said additional barriers kept sexual minorities from filing complaints about state officials.3516 One advocate of LGBTQI rights stated, “In Venezuela, we are afraid to make formal complaints. This fear is even stronger when you are homosexual. You will not go to a prosecutor’s office and tell them you were tortured for being homosexual. That process signifies revictimization. You know they will make fun of you. As a lesbian woman, as a gay man, even more so if you are transgender.”

 

Final note

This chapter of the report of the United Nations Fact-finding Mission provides painful examples of what we presented to the Inter-American Commission on Human Rights in 2015 during the 154th period of sessions, during our appearance we denounced Nicolás Maduro and other members of his government as promoters of a homophobic state that was exacerbating patriarchal vices such as machismo, homophobia that could be very harmful to Venezuelan society. By then we requested paying attention to this negative trend. Subsequently, we made the same complaint in United Nations in 2015 and 2016, within the framework of the evaluation of Venezuela on compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights and during the Second Cycle of the Universal Periodic Review.

As mentioned by the Mission, it is presumed that there are many more victims who refrain from reporting out of fear, shame or distrust. It is good to recognize the courage of each victim, I hope that one day we can achieve justice and reparation for each and every one of the victims of these dark times for our country.

 

 

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Género y violencia sexual en el Informe de determinación de hechos en Venezuela

Género y violencia sexual en la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela

Por Quiteria Franco

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su informe publicado este miércoles 16 de septiembre identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

 

¿Qué es la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas para Venezuela?

En la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para que investigue lo siguiente: 1) las ejecuciones extrajudiciales, 2) las desapariciones forzadas, las 3) detenciones arbitrarias y 4) las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión de determinación de los hechos que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones, en septiembre de 2020.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas en español y 411 paginas en inglés presentados en ocho capítulos. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

La Misión identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

Las fuerzas de seguridad del estado en sus múltiples cuerpos, a saber, la Policía Nacional, policías locales, regionales y municipales, GNB, CICPC, SEBIN, DGCIM, FAES son identificadas como las perpetradoras de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, Reverol y Padrino López como responsables de ordenar, financiar u ordenar estas violaciones de derechos humanos.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Acá me voy a enfocar solo en el capítulo VI titulado Análisis de género, violencia sexual y de género; y dentro de este capítulo el  punto En la parte I. Impactos diferenciados, letra A. Impacto diferenciado de las condiciones de detención en mujeres y niñas; y II. Evaluación de la violencia sexual perpetrada en el contexto del mandato de la Misión, letra A. Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión.

En primer lugar la Misión destaca como las violaciones y los delitos documentados afectan de manera diferenciada a niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres debido a  los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos previamente establecidos culturalmente en la sociedad venezolana.  Por un lado, los roles y estereotipos patriarcales que presentan a la mujer ideal como una figura materna dentro de la esfera doméstica, y sexualizan a las mujeres jóvenes fuera de este rol. Por otro lado, también se aplican estereotipos a los hombres a través del predominio continuo del machismo, que exige una masculinidad exagerada arraigada en el papel del hombre de defender a su familia y, por extensión, a su patria. Estos estereotipos machistas utilizan la homofobia y la misoginia como arma para desacreditar a oponentes masculinos, al insinuar su homosexualidad o feminidad, las cuales connotan debilidad e indefensión.

 

En la parte I. Impactos diferenciados, letra A. Impacto diferenciado de las condiciones de detención en mujeres y niñas se menciona lo siguiente:

 

En algunos casos, las condiciones de detención inadecuadas afectaron de manera desproporcionada los derechos de las mujeres y las niñas. La Misión investigo casos en los que hombres y mujeres, incluidos menores, fueron detenidos todos juntos en centros de detención oficiales o no oficiales, incluidas oficinas y cocinas de comisarías de policía, a veces durante varios días, antes de su audiencia de presentación.

En varios casos, hombres, mujeres, niños y niñas tuvieron que hacer sus necesidades en bolsas frente a funcionarios o frente a otras personas detenidas del sexo opuesto.

Debido a la falta de instalaciones adecuadas, una mujer dijo a la Misión que se vio obligada a ducharse desnuda en un vestidor masculino del CICPC durante su detención. Funcionarios varones entraban en el vestidor y le hablaban mientras se banaba, más tarde un oficial superior le hacía insinuaciones sexuales. En al menos dos casos, mujeres y hombres que no se conocían entre sí fueron retenidos juntos en pequeñas oficinas administrativas del SEBIN en El Helicoide durante varios días antes de ser al área formal de detencion.

 

En varios casos, mujeres que menstruaban fueron retenidas después de su arresto sin tener acceso a productos de higiene menstrual y sin poder bañarse adecuadamente. Esto resulto en que las mujeres usaran ropa mojada y ensangrentada durante varios días, a veces en presencia de hombres que ellas no conocían. En ocasiones, se presentaban a mujeres en el tribunal con estas ropas ensangrentadas y/o funcionarios de seguridad se burlaban de ellas y de la sangre. Sin excepción, las mujeres que hablaron con la Misión describieron estas situaciones como profundamente humillantes.

 

Ni los centros de detención del SEBIN ni de la DGCIM ofrecían condiciones adecuadas para mujeres, aunque permanecían allí durante semanas, meses o años. En El Helicoide, por ejemplo, permanecían hasta 30 mujeres recluidas en una celda hacinada, sin acceso a agua corriente. Cuando había agua disponible en el centro, se proporcionaba el primer acceso a los hombres. Esto afecto de manera desproporcionada a la población femenina, que además de tener menos acceso que los hombres al agua para beber, bañarse y limpiar, también necesitaban agua adicional durante la menstruación. Las mujeres detenidas informaron que también tenían menos acceso a la luz solar y a la actividad física en comparación de los hombres.

 

Mujeres bajo custodia también enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo. La Misión considera tales actos como violencia sexual precisamente por su carácter coercitivo. No se proporcionó protección adecuada contra estos actos, ni se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de todas las personas detenidas para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales.

 

El contacto sexual entre custodios y personas detenidas está prohibido tanto por el derecho nacional e internacional. La Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia prohíbe a los funcionarios públicos sostener relaciones sexuales con personas detenidas bajo su custodia, aun en ausencia de violencia o amenazas. En virtud del derecho internacional, se ha determinado que el entorno intrínsecamente coercitivo creado por la detención vicia la posibilidad de un consentimiento genuino para actos sexuales entre los funcionarios o custodios y la persona detenida.

 

A pesar de que los guardias del SEBIN cometían actos sexuales con personas detenidas en El Helicoide, por ejemplo, no se disponía de anticonceptivos ni se realizaban exámenes médicos para detectar o tratar infecciones de transmisión sexual o embarazos. Una testigo dijo a la Misión que a las detenidas, después de haber tenido relaciones sexuales con guardias, les preocupaba que pudieran quedar embarazadas y trataban de evitar la concepción. Otra detenida pidió a sus familiares que le llevaran anticonceptivos a El Helicoide para que ella los pudiera distribuir a las reclusas junto con información sobre salud sexual. Sin embargo, los anticonceptivos se volvieron cada vez menos disponibles en todo el país, lo que hacía imposible el suministro privado estos. Además, Venezuela mantiene leyes restrictivas que penalizan el aborto, incluso en casos de violación y de riesgos para la salud de la madre.

 

La Misión también recibió información preocupante relativa al trato a mujeres embarazadas detenidas por la DGCIM. La Misión recibió información confiable sobre una mujer que había sido brutalmente golpeada y asfixiada hasta el punto de perder el conocimiento, a pesar de que tanto ella como su novio (quien también fue detenido) informaron a los oficiales que se encontraba en el primer trimestre de embarazo. Aproximadamente un mes después de su detención, oficiales llevaron a la víctima al hospital donde sufrió un aborto espontaneo. No se le había prestado atención médica en el ínterin, a pesar de las peticiones de su familia.

Las mujeres familiares de personas detenidas también se enfrentaron a desafíos importantes, especialmente cuando sus familiares estuvieron detenidos durante meses o años. Debido a la falta de agua, alimentos, medicinas y otros bienes básicos en los centros de detención, las mujeres de la familia acudían a estos diariamente, o con la mayor frecuencia posible, para entregar dichos artículos. El transporte hacia y desde los centros de detención también solía ser un desafío para los familiares, especialmente en épocas de escasez de gasolina o cuando un pariente se encontraba detenido lejos de su lugar de residencia. Por ejemplo, una mujer tuvo que trasladarse a otro estado para poder entregar alimentos y agua con regularidad a su marido. Algunas personas detenidas dijeron a la Misión que funcionarios de seguridad retuvieron algunas de estas entregas.

 

En los casos documentados por la Misión, el tiempo y los recursos necesarios para proporcionar estos artículos representaron una carga significativa para las mujeres de la familia. Muchas de las personas detenidas sostenían económicamente a la familia o contribuían de alguna otra manera al mantenimiento del hogar. Sin su apoyo, las mujeres de la familia luchaban por mantener los gastos del hogar mientras seguían cargando con las responsabilidades del cuidado de la familia, proporcionando apoyo a las personas detenidas y dando seguimiento a los procesos judiciales en curso. Varias personas detenidas describieron como regresaron a casa después de su excarcelación; encontraron despensas vacías y sus familiares parecían haber perdido mucho peso. Por lo menos en un caso, las familiares femeninas tuvieron que dejar sus empleos remunerados para dedicarse a atender tanto a la persona detenida como a su caso. Además, en cuatro casos, familiares mujeres dijeron a la Misión que habían sido sometidas a requisas corporales indebidas, invasivas o humillantes cuando visitaban a los centros de detención, lo que inhibía su capacidad para visitar a sus familiares y mantener su dignidad e integridad física.

 

En el apartado II de este capítulo VI titulado Evaluación de la violencia sexual perpetrada en el contexto del mandato de la Misión, se menciona la  investigación de 45 incidentes de violencia sexual perpetrados en el contexto de violaciones y delitos, 18 de los cuales fueron mencionados en detalle. Los 45 incidentes incluyeron 89 actos específicos de violencia sexual. De esos incidentes, nueve ocurrieron en el contexto de manifestaciones, 34 ocurrieron durante interrogatorios o detenciones de disidentes u opositores, y dos ocurrieron durante operaciones de seguridad. En el 74% de los incidentes la violencia sexual fue perpetrado contra hombres y en el 30% contra las mujeres.

La Misión indica además que el uso de la violencia sexual como técnica represiva durante circunstancias coercitivas como el arresto y la detención es generalizado y perpetrado por varios servicios de seguridad, y se practica sin investigación, enjuiciamiento o sanción adecuada.

 

Entre los actos de violencia sexual y de género documentados por la Misión incluyeron:

 

  • Violacion sexual, utilizando partes del cuerpo u objetos (tres casos confirmados)
  • Amenazas de violar a personas o hacer que otras personas las violen (19 casos confirmados, multiples victimas durante las detenciones en grupo) 3490
  • Amenazas de violacion u otros tipos de violencia de género contra familiares mujeres de las victimas (cinco casos confirmados)
  • Violencia sexual incluyendo el manoseo de senos, gluteos y genitales, azotes (diez casos confirmados)
  • Desnudez forzada, incluso durante periodos prolongados (23 casos confirmados, múltiples victimas adicionales durante las detenciones en grupo) 3491
  • Violencia dirigida a los genitales (masculinos y femeninos), los senos o el abdomen (en caso de mujeres), incluidas las palizas o la aplicación de descargas eléctricas (24 casos confirmados).
  • Requisas corporales invasivas e innecesarias (contra hombres y mujeres) de personas detenidas o visitantes (cinco casos confirmados, múltiples victimas adicionales)

 

La DGCIM y el SEBIN perpetraron la mayoría de los actos de violencia sexual documentados por la Misión (en 24 y 10 incidentes respectivamente). La Misión recibió información fidedigna de un hombre detenido que fue violado en la DGCIM Boleita. Teniendo en cuenta el nivel de coherencia entre los incidentes denunciados, junto con las descripciones detalladas de la tortura sexual, la Misión cree que la práctica será más extensa de lo que se ha documentado hasta la fecha.

En El Helicoide, funcionarios del SEBIN amenazaron con violar a hombres, mujeres y sus familiares mujeres durante el interrogatorio, y propinaron golpes y patadas en los genitales de los hombres.

 

“Siete incidentes que involucraron a múltiples víctimas se perpetraron cuando funcionarios de la GNB o PNB arrestaron a manifestantes. En esos incidentes, funcionarios utilizaron la violencia sexual para castigar a manifestantes por su participación en las protestas. Estos incidentes incluyen la violación de por lo menos dos manifestantes hombres y agresiones sexuales contra varias manifestantes mujeres. Además, funcionarios de la GNB y la PNB amenazaron con violar a los hombres y mujeres detenidos, incluidas personas de la población LGBTI. Por ejemplo, una testigo detenida en 2014 dijo a la Misión que funcionarios de la GNB retuvieron a una manifestante transgenero con los manifestantes hombres, y amenazaban con violarla cuando iba al baño.”

 

El apartado A. Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión menciona lo siguiente:

 

La Misión documentó que, en al menos 18 casos y con múltiples víctimas, funcionarios del SEBIN, DGCIM, GNB, PNB y FAES insultaron a hombres y mujeres con palabras homofóbicas y sexistas durante la perpetración de otros actos de violencia en su contra, incluida la violencia sexual. Estos actos ocurrieron durante redadas domiciliarias, arrestos, interrogatorios y detenciones. En varios incidentes de extrema violencia, funcionarios atacaron la masculinidad de las víctimas hombres durante actos de violación u otros actos graves de violencia sexual, equiparando ser un “sucio” “traidor” con la homosexualidad y la debilidad.

Expresiones de feminidad y homosexualidad siguen siendo consideradas como culturalmente incompatibles con la identidad militar y policial, y la DGCIM, en particular, utilizó conceptos machistas de masculinidad para humillar y degradar a disidentes militares durante los interrogatorios. Además, el Código de Justicia Militar aun criminaliza actos homosexuales, castigándolos con prisión y destitución de las fuerzas armadas. Un testigo dijo a la Misión que una funcionaria que solía asfixiar a los detenidos decía cosas como, “esos son hombres que dicen ser comandos, vamos a ver cuál es su madera”

Un detenido civil afirmó a la Misión que un oficial de la DGCIM le dijo que sólo le darían 220 voltios de electricidad en lugar de 440 porque era “mariquita”, antes de aplicarle descargas eléctricas a su cuerpo desnudo. Un detenido militar contó a la Misión cómo los oficiales de la DGCIM sometían a los nuevos presos a un “juego” llamado “dar la teta”. Golpeaban a detenidos desnudos con un bate donde se había escrito la palabra “teta”. Oficiales sujetaban el bate de forma perpendicular en una pared y empujaban a los hombres desnudos hacia atrás, con el objetivo de penetrarlos analmente.

En otros casos, funcionarios de la DGCIM y del SEBIN amenazaron con violar o lastimar a sus familiares mujeres, atacando así al rol social de los detenidos. Un hombre dijo a la Misión que esas amenazas le hacían sentir avergonzado y culpable por no haber hecho lo suficiente para proteger a su familia.

Asimismo, funcionarios castigaron a mujeres por participar en manifestaciones o por comportarse de una forma contraria a las expectativas patriarcales de género. Por ejemplo, durante la detención arbitraria de una niña de 13 años en Zulia en 2017, funcionarios de la PNB le manosearon los pechos, la entrepierna y las nalgas, mientras la llamaban puta por “andar con tantos hombres” en la protesta de ese día.  Un funcionario de la PNB apuntó con un arma a la cabeza de una mujer durante una protesta en Táchira en 2014 mientras que otro le dijo “Mata a esa perra”. Funcionarios le echaron vinagre en la cara y la golpearon, llamándola “perra” y “guarimbera hija de puta. Un guardia del SEBIN le acusó a una mujer de comportarse de manera promiscua por hablar con sus amigos varones durante la hora de visita, y la castigó quitándole sus derechos de visita.  

La Misión también documentó casos en que funcionarios de seguridad insultaron a madres, esposas y novias, culpándolas de la ejecución de sus parientes varones o de otros actos de violencia.

Funcionarios del Estado utilizaron los roles y estereotipos de género como armas durante la perpetración de violaciones y delitos analizados en el presente informe, ocasionando graves daños físicos, psicológicos y morales adicionales a las víctimas. El discurso discriminatorio se reflejaba en declaraciones homofóbicas y sexistas de altos funcionarios públicos durante el período del mandato de la Misión.

Acceso a la justicia

La mayoría de las mujeres y hombres cuyos casos se mencionan en el Capítulo optaron por no presentar denuncias formales por temor a represalias, estigmatización y desconfianza en el sistema jurídico3514. El joven violado por un funcionario de la GNB en febrero de 2014 se denunció pública y oficialmente por la violencia perpetrada contra él y los demás detenidos. En lugar de brindar apoyo a la víctima o emprender una investigación efectiva, la Fiscal General hizo declaraciones públicas desacreditándolo y poniendo en duda sus acusaciones. Su caso fue ampliamente discutido en los medios tradicionales y redes sociales, lo que le provocó a él y a su familia una gran retraumatización. Es posible que al ver esa experiencia, otras víctimas de violencia sexual hayan decidido no denunciar.

Personas pertenecientes a la población LGBTQI que hablaron con la Misión describieron las barreras adicionales que impiden a las minorías sexuales presentar denuncias sobre actos perpetrados por funcionarios del estado. Una defensora de derechos LGBTQI dijo: “En Venezuela, hay un temor de denunciar. Este temor es aún más fuerte cuando eres homosexual. Uno no se va a presentar a una fiscalía, decir que le torturaron por ser homosexual. Este proceso significa la revictimización. Se sabe que se van a burlar de uno. Como mujer lesbiana, hombre gay, y aún más si eres transgénero”.

Nota final

Este capítulo del informe de la Misión de determinación de hechos de Naciones Unidas proporciona ejemplos dolorosos de lo que en 2015 presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 154 periodo de sesiones, durante nuestra comparecencia denunciamos a Nicolás Maduro  y otros miembros de su gobierno como promotores de un Estado homofóbico que estaba exacerbando vicios patriarcales como el machismo, la homofobia que podrían ser muy dañinos para la sociedad venezolana. Para ese entonces solicitamos prestar atención a esa tendencia negativa. Posteriormente, hicimos la misma denuncia en Naciones en 2015 y 2016, en el marco de la evaluación a Venezuela sobre el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y durante el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal a Venezuela.  

Tal como lo menciona la Misión se presume que haya muchas más víctimas que se abstienen de denunciar por temor, vergüenza, desconfianza entre muchas otras razonables. Es bueno reconocer la valentía de cada víctima, espero que algún día podamos conseguir justicia y reparación para todas y cada una de las víctimas de estos tiempos tan oscuros para nuestro país.

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ILGALAC and the coronapapers that were not included

On May 17th on the occasion of the International Day against homophobia, transphobia and biphobia, The International Organization of Lesbians and Gays in its chapter for Latin America and the Caribbean / ILGALAC has launched a publication with “16 articles written by LGBTI activists from all over the Americas Latin and the Caribbean” as reviewed on the website. No, they are not from all of Latin America. There are no activists from Cuba, Nicaragua and Venezuela. Why?

ILGALAC, the institution, is kidnapped by people with deep left-wing ideological biases that prevent them from recognizing human rights violations in countries such as Cuba, Nicaragua and Venezuela and any other that appears to be from the left wing, although in practice it is not. We cannot speak for Cuba, Mexico or Nicaragua, we can speak for Venezuela.

ILGALAC, that is, the people who control it, try to make this Venezuelan reality invisible for the second time. In our opinion it is because their ideological bias prevents them from doing it. They did so in the ILGA Report on State Homophobia in 2019. Fortunately, after a letter of protest that we, Union Afirmativa, sent, ILGA International rectified the report at the end of that same year with an update that included somewhat information much closer to our tragic reality in Venezuela.

Since 2015 we have been suffering the consequences of a Complex Humanitarian Emergency, now aggravated by Covid 19. A long-standing crisis that Venezuelan human rights organizations had warned would happen. In the face of this reality, there has been no credible declaration by ILGALAC, nor has there been any other text from the Latin American women’s movements and feminist groups, that support Venezuelans or reject the government. On the contrary, if there have in fact been mentions of support for what they believe was or is a left-wing government like that of Chávez (1999-2013) and that of Maduro but never putting the at the center the Venezuelan people, who suffer the consequences of a system of government that is not democratic.

The only explanation we can imagine is that some members of ILGALAC have deviated from the true mission of an organization that works for human rights and have interposed their personal ideologies, which leads them to defend governments instead of defending LGBTI people who are suffering the consequences of undemocratic governments. These are the same people who verbally attacked our Coordinator Quiteria Franco and Deputy Tamara Adrián at the Meeting on LGBTI Leadership in 2019 in Colombia.

We understand that ILGALAC is an independent organization with a board of directors that decides on its activities and actions, but we are strongly struck by the fact that in its forums, talks, meetings, reports or publications there are never independent Venezuelan activists as guests speakers. The most evident sample is this recent document entitled the coronapapers, where activists or researchers with texts on Cuba, Nicaragua and Venezuela are absent. You have decided to remove these three countries and their human rights activists and defenders from the map of the Americas and the Caribbean. Including Venezuela and its reality in its activities will not make them improve, but it will make them visible and help for those who suffer inside and outside the country is a possibility. But excluding them reduces your personal and institutional credibility.

We deeply regret that the Latin American and Caribbean section of an organization like ILGA that in its beginnings and for a long time has been a world reference has deviated from its mission towards LGBTI people.

We hope that ILGA International will take the appropriate measures on this matter that has been going on for far too long.

We are #BreakingTheSilence as the motto of this 2020 on the International Day against homophobia, biphobia and transphobia. Let’s break the silence and talk about the governments that oppress LGBTI people, especially in times of the coronavirus.

We share a recently published document in which we summarize the situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Venezuela in the context of the Complex Humanitarian Emergency and now aggravated by COVID 19.

 

Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

 

 

 

 

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Ilgalac y los coronapapers… que no están

ILGALAC y los coronapapers…  que no están

El pasado 17 de mayo en ocasión del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, La Organización Internacional de Lesbianas y Gays en su capítulo para Latinoamérica y el Caribe/ILGALAC ha lanzado una publicación con “16 artículos escritos por activistas LGBTI de toda América Latina y el Caribe” como lo reseña en la página web. No, no son de toda América Latina. No están los activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.  ¿Por qué?

ILGALAC, la institución, está secuestrada por personas con profundos sesgos ideológicos de izquierda que les impide reconocer las violaciones de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y cualquier otro que en apariencia sea de izquierda, aunque en la práctica no lo sea.  No podemos hablar por Cuba, México o Nicaragua, si podemos hacerlo por Venezuela.

ILGALAC, es decir, las personas que la controlan, intentan invisibilizar, por segunda vez, esta realidad venezolana. A nuestro parecer es porque se los impide su sesgo ideológico. Lo hicieron en el Informe de ILGA sobre Homofobia de Estado en 2019. Afortunadamente, posterior a una carta de protesta que enviamos desde Unión Afirmativa,  ILGA Internacional rectifico el informe a finales de ese mismo año con una actualización en el cual se incluyó información algo más apegada a nuestra trágica realidad en Venezuela.

Desde 2015, en Venezuela estamos padeciendo las consecuencias de una Emergencia Humanitaria Compleja, ahora agravada por el Covid 19. Una crisis de larga instalación que las organizaciones de DDHH venezolanas habían advertido que sucedería. Ante esta realidad, no ha habido por parte de ILGALAC, como tampoco la ha habido de los movimientos de mujeres y grupos feministas latinoamericanos, textos ni de apoyo a los venezolanos ni de rechazo al gobierno, que sean creíbles y apegados a la realidad. Por el contrario, si ha habido menciones de apoyo a lo que ellos creen que fue o es un gobierno de izquierda como el de Chávez (1999-2013) y el de Maduro pero nunca poniendo en el centro al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de un sistema de gobierno que no es democrático.

La única explicación que podemos imaginar es que, algunos integrantes de ILGALAC, se han desviado de la verdadera misión de una organización que trabaja por los derechos humanos y han interpuesto sus ideologías personales, lo cual les lleva a defender gobiernos en lugar de defender a las personas LGBTI que están sufriendo las consecuencias de gobiernos no democráticos.  Son esas personas las mismas que atacaron verbalmente a nuestra Coordinadora Quiteria Franco y a la Diputada Tamara Adrián durante un foro sobre la situación de Venezuela en el Encuentro sobre Liderazgos LGBTI en 2019 en Colombia.

Entendemos que ILGALAC es una organización independiente con una junta directiva que decide sobre sus actividades y acciones, pero nos llama poderosamente la atención que en sus foros, charlas, conversatorios, encuentros, informes o publicaciones nunca hay presencia de activistas venezolanos independientes en calidad de invitados ponentes. La muestra más evidente es este reciente documento titulado los coronapapers, donde no están presenten activistas o investigadores con textos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Han decidido eliminar del mapa de las Américas a estos tres países y a sus activistas y defensores de derechos humanos.  Incluir a Venezuela y su realidad en sus actividades no hará que estas mejoren, pero si hará que estas sean visibles y que la ayuda para quienes padecen dentro y fuera del país sean una posibilidad. Pero excluirlas, les resta a ustedes  credibilidad personal como activistas y a ILGALAC como institución u organización regional. Los mas de cinco millones de personas que han huido de Venezuela y están en condición de migrantes y refugiados según ACNUR y OIM han hecho que la situación de nuestro país sea muy difícil de ocultar.  

Lamentamos profundamente que la sección Latinoamericana y del Caribe de una organización como ILGA que en sus inicios y durante mucho tiempo ha sido una referencia mundial se haya desviado de su misión para con las personas LGBTI.

Esperamos que ILGA Internacional tome las riendas de este asunto que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo.

Estamos #RompiendoElSilencio como el lema de este 2020 en el Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Rompamos el silencio y hablemos sobre los gobiernos que oprimen a las personas LGBTI, sobre todo en tiempos del coronavirus.

Les compartimos un documento de reciente publicación en el cual resumimos la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y ahora agravada por el COVID 19.

Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

 

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Organizaciones LGBTI ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional

Organizaciones LGBTI ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional

 

Les activistes y organizaciones de Derechos LGBTIQ+ mediante este comunicado rechazamos la posición contra el reconocimiento de Derechos Humanos que la Asamblea Nacional ha expresado en el “Acuerdo sobre Acciones Tendientes a Visibilizar y Mitigar el Impacto Diferenciado del COVID-19 sobre Población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex como Consecuencia de la Homofobia, Transfobia y Bifobia” introducido por la Diputada Tamara Adrián siendo aprobado por mayoría en la sesión del martes 19 de mayo de 2020.

 

Dicho acuerdo según palabras de la misma parlamentaria sufrió modificaciones por el partido Primero Justicia que incluyó la frase en defensa del artículo 77 de la Constitución, lo que representa una contradicción al espíritu mismo del Acuerdo.

 

Dentro del documento emitido, el punto Quinto establece que: “Se exhorta a las Comisiones Permanentes y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación vigente en Venezuela para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante las personas LGBTI incluyendo el inciso “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la CRBV. Siendo éste el artículo que establece la protección por parte del Estado del matrimonio entre un hombre y una mujer.

 

Desde nuestra perspectiva como activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ+ el uso de la coletilla para finalizar el Quinto Punto es un intento de obstaculizar la materialización de progresividad en nuestros derechos, recalcando y sobreponiendo la protección constitucional que tiene el matrimonio entre hombre y mujer y no las uniones entre personas del mismo sexo o lo establecido en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de nuestra Carta Magna. De allí que el artículo 77 Constitucional pese a no prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo posiciona en una situación de desigualdad frente a la institución conformada entre un hombre y una mujer.

 

Es deber de la Asamblea Nacional acatar la Opinión Consultiva OC-24/17 publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 9 de enero de 2018, en la cual se indicaba que todos los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos tienen la obligación de reconocer las uniones entre parejas del mismo género en igualdad de condiciones que las uniones entre parejas de diferente género, y la identidad de las personas trans, incluyendo el género con el que se identifican y el nombre que elijan, como parte del derecho humano a la identidad que tienen todas las personas, a través de trámites administrativos, gratuitos, confidenciales y expeditos.

 

Subrayamos que esta posición de la Asamblea Nacional y su mayoría de Diputados es cónsona con la decisión del Parlamento en el año 2014 de no debatir el proyecto de Matrimonio Igualitario. No incluir derechos LGBTIQ+ en el llamado “Plan País” ni legislar sobre las demandas y exigencias históricas que el Estado venezolano mantiene con nuestro colectivo.

 

También es consecuente con la posición LGBTIQfóbica del resto de Poderes Públicos en Venezuela que bloquean el avance de los derechos civiles como el Tribunal Supremo de Justicia que tiene engavetadas seis demandas vinculadas a la causa igualitaria, incluyendo la interpuesta por la misma diputada Tamara Adrian sobre su derecho a la identidad de género, pendiente por respuesta desde el año 2004.

 

En el marco de la Emergencia Humanitaria en Venezuela y de la crisis por el COVID-19, la situación de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ aumenta día tras día. Los intereses políticos, las posturas religiosas, el silencio y la negación a legislar o tomar medidas contundentes en materia de políticas públicas sobre la protección de derechos de nuestro colectivo se traduce en vidas, en indignidad y representa una violación a los Derechos Humanos y son responsabilidad hoy de quienes ostentan un curul en el parlamento y representan la pluralidad de ideas, creencias y sentires del país.

 

Alzamos la voz para denunciar que las personas LGBTIQ+ enfrentamos mayores amenazas debido a la vulnerabilidad ocasionada por el desconocimiento histórico de las instituciones y que esas vulnerabilidades se multiplican en grupos de mayor riesgo dentro de nuestra población: Niñes LGBTIQ+, infantes transgénero, personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de tercera edad, trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, intersexuales, personas no binarias, migrantes y refugiades, afrovenezolanes, campesines, personas que viven con VIH o condiciones crónicas y quienes están en situación de calle. Es necesario que desde el Estado, especialmente desde el poder Legislativo, se fijen posturas frente a estas realidades.

 

Insistimos en que sin reconocimiento de derechos para todas las personas, incluyendo a personas LGBTIQ+, no se visualiza un escenario democrático sostenible en Venezuela. No existirá inclusión e igualdad si millones de ciudadanes estamos por fuera de cualquier proyecto. La violencia contra gais, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers en Venezuela es estructural: empieza en nuestras casas y escuelas y se replica en liceos, universidades, espacios públicos, empresas, puestos de trabajo, hospitales, medios de comunicación, iglesias e instituciones. Debemos dar pasos contundentes para acabar con ella.

 

En ese sentido, activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ+ en Venezuela y el exilio unimos nuestras luchas y voces para:

 

  1. Repudiar los intentos partidistas de impedir reiteradamente el avance de los derechos LGBTIQ+ desde el seno del poder Legislativo y exigimos al resto de bancadas y partidos políticos presentar al país una postura contundente e inequívoca y propuestas concretas en materia de derechos de la población LGBTIQ+

 

  1. Exigir a la Asamblea Nacional la modificación inmediata del Acuerdo aprobado de forma poco transparente y respaldar la versión original de la propuesta.

 

  1. Exigir que se inicie en el menor plazo posible dentro de las Comisiones y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación y la recepción de proyectos de Ley que reconozcan y garanticen los derechos de la población LGBTIQ+ en su pluralidad y diversidad como el Proyecto de Ley de Identidad de Género, la Ley contra crímenes y Discursos de Odio y una Ley Antidiscriminación contra personas LGBTIQ.

 

  1. Exigir a la Asamblea Nacional abrir en primera discusión la propuesta del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario introducido en 2014 por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y 20.000 firmas de respaldo.

 

  1. Exigir la inclusión de activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ en Venezuela y el exilio dentro de las iniciativas propuestas para aportar distintos puntos de vista en los procesos de revisión y debate de proyectos de Ley que incluyan también a personas LGBTI que formen parte de otros grupos vulnerables (migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, de otras razas y personas que viven con VIH)

 

  1. Exigir que se reconozcan y garanticen no sólo el Derecho a la Identidad y al Matrimonio Igualitario, sino también a la Vivienda, la Alimentación, el Trabajo, la Educación, la Salud, la Familia, el Debido Proceso y a cualquier otro derecho, garantizando así el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales en esta materia.

 

  1. Hacer un llamamiento a todas las personas LGBTIQ+ que militan en los partidos políticos venezolanos a que alcen su voz y derrumben los muros que impiden el debate de la agenda igualitaria en sus toldas políticas y que prioricen, en este momento crucial, la lucha por derechos civiles frente a la militancia. Su resistencia y su voz es fundamental para esta lucha histórica.

 

Nuestros derechos son impostergables

 

Organizaciones nacionales:
– SOMOS
– Central ASI
– NUDDSO
– Joven Pride
– Prodiversxs
– Desiguales
– Diferentxs
– Provea
– Positivos en Colectivo
– Fundación Reflejos de Venezuela
– Unión Afirmativa
– País Plural
-Venezuela Diversa A.C
– Venezuela Igualitaria
Internacionales:
-Red Internacional de Activistas LGBTIQ Venezolanes Refuigiados y Migrantes.
– Aremidiar /Argentina
– Fuvadis / Colombia
-America Diversa / Estados Unidos
– Colective Trascendentes
Activistas:
-Jose Manuel Simons / Chile
-Juan Carlos Viera / Mexico
– Richelle Briceño
– Jeffrey Rodríguez
– Yendri Velásquez
-Ower Alexander Oberto / Canada Activista PVVIH y Refugiados

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Unión Afirmativa solicita modificación de Acuerdo de la AN sobre personas LGBTI

Unión Afirmativa solicita modificación del Acuerdo de AN sobre personas LGBTI.

ACUERDO SOBRE ACCIONES TENDIENTE A VISIBILIZAR Y MITIGAR EL IMPACTO DIFERENCIADO DEL COVID19 SOBRE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGENERO E INTERESEX COMO CONSECUENCIA DE LA HOMOFOBIA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

 

Agradecemos la Iniciativa de la Diputada Tamara Adrián al presentar esta propuesta de acuerdo ante la plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela. No obstante, nos permitimos hacer las siguientes observaciones al documento publicado.

El punto en agenda para el día 19 de mayo, nos sorprendió la manera como fue redactado el texto, el cual citamos: “proyecto de acuerdo sobre el impacto diferenciado en la salud del COVID 19 en el marco del 17 de mayo declarado por la Asamblea Nacional en 2016 como día Nacional contra la Homofobia, Trasfobia y Bifobia”. Logramos entender que se trata del impacto diferenciado del COVID 19 en las personas LGBTI.  Es importante, cuidar las formas y maneras en que se emprenden ciertas iniciativas.

Destacamos que no se haya consultado a la sociedad civil sobre  dicho “Acuerdo” y sus implicaciones, tal como corresponde en una sociedad democrática en la que los poderes se reúnen y discuten con las organizaciones de derechos humanos  y en temas específicos para escuchar recomendaciones y hacer contribuciones o modificaciones, en caso de ser necesarias . En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos por los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.  

Tuvimos oportunidad de ver por la sesión de la Asamblea a través de la plataforma YouTube, por el canal de la Asamblea Nacional. En dicha sesión se leyó y aprobó un acuerdo que contenía cinco considerandos y puntos de acuerdo. Sorpredentemente, en horas de la noche, se publica en las redes sociales el documento del Acuerdo en el que se incluye un nuevo punto de acuerdo identificado como el número cinco el cual se lee lo siguiente:  

QUINTO: Revisar, a través de las Comisiones Permanentes y Subcomisiones de la Asamblea Nacional, la legislación vigente en Venezuela, para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante la ley de las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 77 de la Constitución el cual dice: Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.

Esta mención al artículo 77 de la Constitución tira por tierra cualquier intento de coadyuvar en la eliminación de la discriminación a las personas LGBTI en Venezuela. Ya que a todas luces revela la negación de la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan contraer  matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas de distinto sexo.

Es un uso malintencionado de la Sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia del año 2008 en caso de recurso de interpretación solicitado por Unión Afirmativa para seguir segregando y discriminando a parejas del mismo sexo.   

Haber incluido esa mención va en contra del principio de igualdad y discriminación y cualquier intención inicial del Acuerdo para visibilizar y mitigar las consecuencias diferenciadas de la Emergencia Humanitaria Compleja y el COVID 19 en las personas LGBTI.

Esa mención además sienta un precedente lamentable en el respeto a los derechos humanos y el principio de progresividad de los mismos.

Reiteramos nuestro agradecimiento a la Diputada Adrián quien tuvo esta iniciativa en el cumplimiento de sus funciones como servidora pública y expresamos nuestro total apoyo al resto del contenido del Acuerdo.

Por lo tanto, solicitamos a la Asamblea Nacional

  1. Hacer una modificación inmediata del punto Quinto el Acuerdo publicado el día 19 de mayo de 2020, titulado: ACUERDO SOBRE ACCIONES TENDIENTE A VISIBILIZAR Y MITIGAR EL IMPACTO DIFERENCIADO DEL COVID19 SOBRE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGENERO E INTERESEX COMO CONSECUENCIA DE LA HOMOFOBIA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA.
  2. Incluir el compromiso de la Asamblea Nacional de cumplir con la Opinión Consultiva OC24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, en la que se insta a los Estados signatarios de la Convención Americana y miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a emprender las acciones con el fin de que todos los ciudadanos sin distinción alguna puedan disfrutar del derecho al matrimonio y a la identidad de género auto percibida.

 

  1. Emprender las modificaciones pertinentes a los instrumentos legales que impiden a las personas LGBTI el pleno disfrute de sus derechos humanos.

 

  1. Consultar a la sociedad civil organizada sobre las modificaciones a los instrumentos legales que lo ameriten. En especial a las organizaciones, grupos o personas LGBTi sobre leyes que les involucren o les sean pertinentes.

 

  1. Instamos a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional a actuar apegados a las leyes Nacionales e Internacionales en el cumplimiento de sus funciones. El deber de los servidores públicos es actuar en base a las leyes, normas y Pactos, Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que el Estado venezolano ha suscrito y ratificado, los cuales tienen prevalencia en el orden interno de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Nacional.

 

 

 

 

 

 

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