Informes sobre la situación de DDHH de personas LGBTI en Venezuela 2020

Les presentamos dos nuevos informes 

En un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela les actualizamos sobre el incumplimiento por parte del Estado venezolano de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos para todas y todos sin distinción alguna que, en particular, afectan a las personas LGBTI.

En este nuevo informe les compartimos sobre el Marco legal de protección y sus falencias para con las personas LGBTI, les comentamos sobre la Emergencia Humanitaria Compleja, el covid-19 y las personas LGTBI en Venezuela. Les mencionamos sobre como las Personas LGBTI siguen siendo víctimas de violencia y además como algunas viven bajo formas de explotación o esclavitud. Hacemos un recuento del contexto país ante la llegada de la COVID 19.  mencionamos los patrones de discriminación y violaciones de DDHH que fueron mencionados en el informe  de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Finalmente, hacemos unas recomendaciones al Estado venezolano.

 

Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela 2020

 

En este informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Venezuela les informamos sobre la evaluación a Venezuela en la CEDAW y sus recomendaciones para el Estado. Les comentamos sobre las mujeres lesbianas en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Les relatamos el incumplimiento del Derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por parte del Estado. Identificamos la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres LBT. Identificamos las falencias en cuanto a la Educación Sexual en el país. Develamos la discriminación laboral hacia LBT por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Develamos las carencias en la Ley en cuanto al Derecho de las mujeres LBT a una vida libre de violencia. Informamos sobre la trata de mujeres trans. Finalmente, hacemos varias recomendaciones al Estado venezolano.

 

Situación de los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Venezuela 2020.   

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Declaración de Unión Afirmativa por el Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se observa el Día Mundial de la Salud Mental. La conmemoración fue impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año, la WFHM, propone, a modo de lema, un aspecto de la salud mental junto a diversos contenidos sobre esta temática. El objetivo que persigue, es el de recordar que la salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Esto tiene una estricta correlación con la definición de “salud” (1946) propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la considera como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

El Día Mundial de la Salud Mental de este año se celebra en un momento en que nuestras vidas cotidianas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En el caso de las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex estas consecuencias son desproporcionadamente altas.  

Las personas LGBTI permanecen entre los grupos más marginados y odiados de la sociedad. Debido a esto, las personas LGBTI son más propensas a experimentar problemas de salud mental como depresión, ansiedad, abuso de sustancias e ideas suicidas, en comparación con el resto de la población.  Aunque estos números están disminuyendo a medida que crece la aceptación social, todavía son demasiado altos.

Adicionalmente, con demasiada frecuencia las personas LGBTI carecen de aceptación por parte de maestros, compañeros de clase, los empleadores, las iglesias e incluso por parte de los miembros de la familia. Las actitudes discriminatorias también dan lugar a que no se disponga de apoyo para tener servicios en salud mental. Por el contrario, en algunos casos, al acudir a algunos profesionales de salud mental, que deberían apoyarles en proceso de aceptación son los principales perpetradores de daños profundos e irreparables a través de procesos para intentar cambiar lo que consideran una conducta sexual inapropiada.  Esto a pesar de que la homosexualidad fue eliminada como una enfermedad mental en 1990 por la OMS.

Es oportuno agregar que algunas iglesias llevan a cabo tratamientos ortodoxos y perjudiciales, tanto física y mentalmente en personas LGBTI que redundan en graves daños a la salud mental. En clara contradicción a o recomendado por la OMS en relación a la prohibición de las terapias de conversión o cambio de orientación sexual, las cuales han demostrado ser dañinos para quienes son sometidos a estas prácticas.   

Los últimos meses han traído muchos retos para todas y todos, debido al aislamiento social, el poco contacto con amigos y familiares, con pérdida de trabajo, el temor a contagiarse del COVID 19, y aún más en Venezuela, donde contamos con muy poca protección sanitaria, en medio de un contexto de emergencia humanitaria y el ingente número de personas atrapadas en la pobreza y la falta de alimentos y servicios públicos.

La OMS espera que en un futuro cercano las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán considerablemente. Por eso la campaña del Día Mundial de la Salud Mental de este año se ha propuesto conseguir el incremento de las inversiones a favor de la salud mental.

En este Día Mundial de la Salud Mental es hora de crear conciencia sobre la prevalencia de estos problemas en las personas LGBTI para exigir una atención médica que sea accesible e inclusiva de sus necesidades. Así mismo seguir trabajando para eliminar por completo el estigma asociado a esta población.

 

Unión Afirmativa statement on World Mental Health Day

 

Every October 10 we celebrate World Mental Health Day. The commemoration was promoted by the World Federation for Mental Health (WFMH) and supported by the World Health Organization (WHO). Every year, the WFHM proposes, as a motto, an aspect of mental health along with various content on this subject. The objective that it pursues is to remember that the health of each individual is the solid foundation for the construction of full and satisfying lives. This has a strict correlation with the definition of “health” (1946) proposed by the World Health Organization (WHO) that considers it as a “state of complete physical, mental and social well-being, not only the absence of affections or diseases. “.

This year’s World Mental Health Day is celebrated at a time when our daily lives have been significantly disrupted as a result of the COVID-19 pandemic. In the case of women and lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people these consequences are disproportionately high.

LGBTI people remain among the most marginalized and hated groups in society. Because of this, LGBTI people are more likely to experience mental health problems such as depression, anxiety, substance abuse, and suicidal thoughts, compared to the rest of the population. Although these numbers are decreasing as social acceptance grows, they are still too high.

Additionally, too often LGBTI people lack acceptance from teachers, classmates, employers, churches, and even family members. Discriminatory attitudes also result in the lack of support for mental health services. On the contrary, in some cases, when they go to some mental health professionals, who should support them in the process of acceptance, they are the main perpetrators of deep and irreparable damage through processes to try to change what they consider to be inappropriate sexual behavior. This despite the fact that homosexuality was eliminated as a mental illness in 1990 by the WHO.

It is appropriate to add that some churches carry out orthodox and harmful treatments, both physically and mentally, on LGBTI people that result in serious damage to mental health. In clear contradiction to or recommended by the WHO in relation to the prohibition of conversion or change of sexual orientation therapies, which have proven to be harmful for those who are subjected to these practices.

The last few months have brought many challenges for everyone, due to social isolation, little contact with friends and family, job loss, fear of catching COVID 19, and even more so in Venezuela, where we have very little protection in the midst of a context of humanitarian emergency and the huge number of people trapped in poverty and the lack of food and public services.

WHO expects that in the near future the needs for mental health and psychosocial support will increase considerably. That is why this year’s World Mental Health Day campaign has set out to achieve increased investments in favor of mental health.

On this World Mental Health Day it is time to raise awareness about the prevalence of these problems in LGBTI people to demand health care that is accessible and inclusive of their needs. Likewise, we continue working to completely eliminate the stigma associated with this population.

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Gender Analysis, sexual and gender based violence in the UN Fact Finding Mission on Venezuela

Gender Analysis, sexual and gender based violence in the UN Fact Finding Mission on Venezuela

 

By Quiteria Franco

 

The United Nations Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela in its report published this Wednesday, September 16, “found reasonable grounds to believe that the Venezuelan authorities and security forces have planned and carried out serious human rights violations since 2014, some of which – including arbitrary executions and the systematic use of torture – constitute crimes of Against humanity,”

 

What is the United Nations fact-finding mission for Venezuela?

 

In resolution 42/25, of September 27, 2019, the Human Rights Council established an Independent Mission to Determine the Facts about the Bolivarian Republic of Venezuela to investigate the following: 1) extrajudicial executions, 2) enforced disappearances, 3) arbitrary detentions and 4) torture and other cruel, inhumane or degrading treatment since 2014, in order to ensure full accountability of the perpetrators and justice for the victims. The Human Rights Council requested the fact-finding Mission to report on its findings during an interactive dialogue at its 45th session, in September 2020.

 

The Mission investigated 223 cases, 48 of which are included as comprehensive case studies in the 443-page Spanish and 411-page English report presented in eight chapters. Additionally, the Mission examined 2,891 other cases to corroborate the patterns of violations and crimes.

The Mission identified highly coordinated patterns of violations and crimes in accordance with State policies and part of a generalized and systematic course of conduct, thus constituting crimes against humanity.

 

The state security forces in their multiple bodies, namely the National Police, local, regional and municipal police, GNB, CICPC, SEBIN, DGCIM, FAES are identified as the perpetrators of these crimes against humanity. Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, Reverol and Padrino López as responsible for ordering, financing or ordering these human rights violations.

 

“The Mission found reasonable grounds to believe that the Venezuelan authorities and security forces have planned and carried out serious human rights violations since 2014, some of which – including arbitrary executions and the systematic use of torture – constitute crimes of Against humanity, ”said Marta Valiñas, president of the Mission.

 

Here I am going to focus only on chapter VI entitled Analysis of gender, sexual and gender violence; and within this chapter point II. Assessment of sexual violence perpetrated in the context of the Mission’s mandate, letter A. Homophobic and sexist insults during acts of violence investigated by the Mission.

 

 

The Mission stated that in Venezuela “Patriarchal roles and stereotypes emphasize the ideal woman as a mother figure within the domestic sphere, and sexualize young women outside this role. Stereotypes also apply to men through the continued prevalence of machismo, which demands an exaggerated masculinity rooted in a man’s role to defend his family, and, by extension, his homeland. Machista stereotypes weaponize homophobia and misogyny to discredit male opponents by insinuating their homosexuality or femininity, both of which connote weakness and defenselessness.These gender roles and stereotypes are reinforced during the perpetration of violence.”

 

The Mission investigated 45 incidents of sexual violence perpetrated in the context of violations and crimes documented in the report. The 45 incidents included 89 specific acts of sexual violence, as listed below. Many of the incidents involved multiple victims.3487 Of these incidents, nine occurred in the context of demonstrations, 34 occurred during the interrogation or detention of targeted dissidents or opponents, and two occurred during security operations.

Seventy-four percent of the incidents involved sexual violence against men, and 30% involved sexual violence against women.

 

The cases investigated and verified by the Mission are consistent with wider reporting trends on sexual and gender-based violence in Venezuela from 2014 to 2019, which still cannot be considered exhaustive, due to the likelihood of underreporting. Revictimization by public and judicial officials, lack of support for victims during accountability processes, lack of trust in law enforcement and prosecution services, and fear of reprisals, often stemming from explicit and implicit threats were all factors likely to contribute to underreporting.

 

Mission investigations indicate that the use of sexual violence as a repressive technique during coercive circumstances such as arrest and detention is pervasive, and perpetrated by a number of different security services without adequate investigation, prosecution or sanction.

The acts of sexual and gender-based violence documented by the Mission included:

Rape, using body parts or objects (three confirmed instances)

  • Threats to rape individuals, or have others rape them (19 confirmed instances, multiple victims during group detentions)
  • Threats of rape or other gender violence against victims’ female loved ones (five confirmed instances)
  • Sexual violence, including e.g. groping of breasts, buttocks and genitals, spanking (ten confirmed instances)
  • Forced nudity, including for prolonged periods (23 confirmed instances, multiple additional victims during group detentions)
  • Targeted violence against genitals (male and female), breasts or abdomens (female), including targeted beatings or the delivery of electric shocks (24 confirmed instances).
  • Invasive and unnecessary body searches (male and female) of detainees or visitors (five confirmed instances, multiple additional victims)

 

Seven incidents involving multiple victims occurred when GNB or PNB officials arrested demonstrators. In these incidents, officials used sexual violence to punish demonstrators for their participation in protests. These incidents included the rape of at least two male protesters and the sexual assault of several female protesters.3495 Additionally, GNB and PNB officials threatened to rape both male and female arrestees, including members of the LGBTI population.3496 For example, a witness arrested in 2014 told the Mission that GNB officials held a transgender woman protester with the male detainees, threatening to rape her when she went to the bathroom.

 

  1. Homophobic and Sexist Insults during Acts of Violence Investigated by the Mission

The Mission documented at least 18 cases, generally with multiple victims, in which SEBIN, DGCIM, GNB, PNB and FAES officials used homophobic and sexist insults against both male and female individuals while perpetrating acts investigated by the Mission, including sexual violence.

These acts occurred during home raids, arrests, interrogations and detention. In several particularly violent episodes, officials attacked the masculinity of male victims during acts of rape or other severe sexual violence, equating being a “filthy” “traitor” with male homosexuality and weakness.

Expressions of femininity and male homosexuality are considered culturally incompatible with military and police identity,3498 and DGCIM, in particular, used machista concepts of masculinity to humiliate and degrade military dissidents during interrogation. Additionally, the Military Justice Code continues to criminalize homosexual acts, and punish them with imprisonment and dismissal from the armed forces.3499 A witness told the Mission that a female official who regularly asphyxiated detainees would say things like, “these are men who claim to be commandos, let’s see what kind of wood they’re made from.”

A civilian detainee told the Mission that an officer told him that since he was a mariquita (faggot), they would only apply 220 volts of electricity rather than 440, before applying electric shocks to his naked body.3501 One military detainee told the Mission how DGCIM officials would subject new prisoners to a ‘game’ called “breastfeeding”. They beat naked detainees with a bat with the word “teta” (tit) written on it. Officials also attached the bat perpendicularly to a wall and pushed the naked men backwards towards it, with the aim of anally penetrating them.

In other cases, DGCIM and SEBIN officials attacked men’s social identity by threatening to rape or otherwise harm their female relatives.3503 One man told the Mission that these threats made him feel guilty and ashamed he had not done enough to protect his family.

Likewise, officials punished women for participating in demonstrations or otherwise behaving in ways that departed from patriarchal gender expectations. For example, during the arbitrary detention of a 13-year-old girl in Zulia in 2017, PNB officers groped her breasts, crotch and buttocks, while calling her a whore for “hanging around so many men” in the protest that day.3505 A GNB official held a gun to a woman’s head during a protest in Táchira in 2014 while another told him to “Kill that bitch.” Officials poured vinegar onto her face and beat her, calling her a bitch and a “guarimbera hija de puta” (protesting daughter of a whore).3506 In SEBIN custody, a guard accused a woman of behaving promiscuously for talking with her male friends during visiting hours, and punished her by removing her visitation rights.

The Mission also documented cases in which security officials insulted mothers, wives and girlfriends, blaming them for the execution of their male relatives, or for other acts of violence.

By weaponizing gender roles and stereotypes during the perpetration of the violations under consideration in this report, State officials generated additional severe physical, psychological and moral harm to victims. This discriminatory rhetoric seemed to echo homophobic and sexist statements by high-ranking public officials during the period under review.

  1. Additional cases of violence witnessed by detainees

Some men and women interviewed by the Mission witnessed acts of sexual and nonsexual violence perpetrated against women detained for non-political reasons.

In SEBIN El Helicoide, the women’s cell was located directly under an office used by SEBIN officials to torture detainees, from which the women could hear what occurred in the office above. Several women who had been detained there described the range of torture they regularly overheard against both men and women, including beatings, electric shocks and asphyxiation with plastic bags.3510 On one occasion, SEBIN officials asked the women if they had any extra bags, which they then used to asphyxiate victims.3511 They also saw the battered detainees as they were brought through the hallway into the detention area after the abuses.

Two witnesses told the Mission about an incident which occurred in December 2015 in which they overheard the rape of a female detainee in the office above them.3512 They told the Mission they heard an official tell the woman to “turn over” or “get on your knees”, because it was her “turn”. They then heard her cries of pain. One witness had to move to another area of the cell because she could not bear to listen. The victim was later brought into the women’s cell, where she confirmed that she had been raped. One witness described that hearing a woman being raped was like torture for all the women in the cell.

  1. Access to justice

Most of the women and men whose cases are mentioned here chose not to make complaints for fear of reprisals, stigmatization, and distrust in the legal system.3514 The young man raped by a GNB officer in February 2014 complained publicly and officially about the violence perpetrated against him and the other detainees. Rather than providing victim support or undertaking an effective investigation, the Attorney General made public statements discrediting him and casting doubt upon his accusations. His case was widely discussed in traditional and social media, causing him and his family significant retraumatization.3515 It is possible that this discouraged many subsequent victims of sexual violence from reporting.

Members of the LGBTQI population who spoke to the Mission said additional barriers kept sexual minorities from filing complaints about state officials.3516 One advocate of LGBTQI rights stated, “In Venezuela, we are afraid to make formal complaints. This fear is even stronger when you are homosexual. You will not go to a prosecutor’s office and tell them you were tortured for being homosexual. That process signifies revictimization. You know they will make fun of you. As a lesbian woman, as a gay man, even more so if you are transgender.”

 

Final note

This chapter of the report of the United Nations Fact-finding Mission provides painful examples of what we presented to the Inter-American Commission on Human Rights in 2015 during the 154th period of sessions, during our appearance we denounced Nicolás Maduro and other members of his government as promoters of a homophobic state that was exacerbating patriarchal vices such as machismo, homophobia that could be very harmful to Venezuelan society. By then we requested paying attention to this negative trend. Subsequently, we made the same complaint in United Nations in 2015 and 2016, within the framework of the evaluation of Venezuela on compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights and during the Second Cycle of the Universal Periodic Review.

As mentioned by the Mission, it is presumed that there are many more victims who refrain from reporting out of fear, shame or distrust. It is good to recognize the courage of each victim, I hope that one day we can achieve justice and reparation for each and every one of the victims of these dark times for our country.

 

 

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Manifiesto por el mes del orgullo LGBTI 2020

MANIFIESTO DE UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DEL ORGULLO LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES)

Caracas, 5 de junio de 2020

EL DÍA DE HOY CELEBRAMOS QUE:

Estamos vivos a pesar de las circunstancias que atravesamos en el país, estamos en Venezuela y  seguimos trabajando por los derechos humanos de las personas LGBTI y que vamos rumbo a la celebración de nuestros 20 años de existencia como una asociación civil sin fines de lucro, independiente y apegada a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Este año 2020 han surgido nuevas organizaciones LGBTI conformadas por jóvenes entusiastas y con gran potencial de desarrollo. Les auguramos mucho éxito, apostamos por que puedan realizar un trabajo honesto, original, autentico, en armonía, con objetivos claros, alcanzables; y de manera coordinada, apegados a la defensa y promoción de derechos humanos. 

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

Los poderes públicos del Estado venezolano no estén cumpliendo  con la responsabilidad que tienen para con la ciudadanía, es decir, proveer protección y garantizar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna tal como lo establece el pre-ambulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

El Poder Ejecutivo no ha cumplido con las personas LGBTI en relación a:

Las recomendaciones  de los Estados en el Primer Ciclo del Examen Periódico Universal en 2011.

Los objetivos establecidos en el Plan de la Patria 2013/2019  

Loa objetivos establecidos en el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013-2019

Los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015/2019

Las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2014

Las recomendaciones del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2014.

Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015

Las recomendaciones del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales en 2015

Las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos en 2015

Las recomendaciones de los Estados en el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal en 2016.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Poder Legislativo

En sus gestiones 2000/2006 con mayoría del Movimiento Quinta República,  2006/2011 con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela y, 2016/2020 con mayoría de la Mesa de la Unidad Democrática ha ignorado las innumerables solicitudes que las organizaciones de LGBTI hemos presentado ante en dicha institución democrática.

La elección de Rosmit Mantilla como Diputado gay y Tamara Adrián como Diputada Trans, no se haya traducido en las modificaciones y adaptaciones legales necesarias para la inclusión social de las personas LGBTI y para el disfrute pleno de sus derechos humanos. 

La Declaración del Día Nacional contra la homofobia, transfobia y Bifobia haya sido un solo un gesto inicial y que no se haya reflejado en reformas legales efectivas.

No se haya promovido la discusión de temas cruciales como el derecho a la igualdad y la no discriminación, el Estado Laico, el matrimonio para todas y todos sin discriminación. 

No se hayan establecido acciones  a través de foros, reuniones y consultas a la sociedad civil organizada en ONG, grupos, colectivos y Asociaciones Civiles, entre otros para la creación de leyes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. 

El Acuerdo  sobre acciones tendentes a visibilizar y mitigar el impacto diferenciado del COVID 19 sobre la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex como consecuencia de la homofobia, transfobia y la bifobia haya incluido una oración favorable al Matrimonio heterosexual establecido en el artículo 77 de la Constitución el cual es discriminatorio contra las parejas del mismos sexo. 

A la fecha de hoy, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no haya respondido a nuestra solicitud de modificación del Acuerdo sobre personas LGBTI aprobado el 19 de mayo, ya mencionado en el punto anterior. 

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Poder Judicial

Haya declarado la nulidad de la Declaración de Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia realizada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo de 2016.  

Haya impedido el pleno funcionamiento de la Asamblea Nacional para que esta pudiera emprender las reformas legales que permitan a personas LGBTI el disfrute de sus Derechos Humanos. 

No responda las demandas legales introducidas ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre las distintas leyes que impiden el disfrute de Derechos Humanos a las personas LGBTI.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:      

La Defensoría del Pueblo

No ha materializado la promesa de creación y puesta en funcionamiento de una defensoría especializada en personas LGBTI realizada por la gestión de Gabriela del Mar Ramírez en 2010, con el objeto de facilitar la recepción de denuncias y gestión de casos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.  

No cuente con protocolos para la gestión de casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. 

No se avoque a la elaboración de recomendaciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial sobre políticas públicas y creación o adaptación de leyes que contribuyan a mejorar la situación de las personas LGBTI en Venezuela.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Ministerio Público

No cuente con un protocolo de atención a personas LGBTI víctimas de crímenes de odio 

No se hayan creado fiscalías especializadas para atender casos de violencia contra personas LGBTI.   

No se reflejen en las estadísticas de reportes criminales los datos de manera desagregada por sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, entre otros datos relevantes que puedan dar información oficial sobre crímenes de odio contra personas LGBTI.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

El Consejo Nacional Electoral

Siga impidiendo a las personas trans realizar el cambio de nombre de acuerdo a su identidad auto-percibida tal como lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.

DENUNCIAMOS Y LAMENTAMOS QUE:

Los estados y municipios que han declarado el 17 de mayo como día municipal y estadal contra  la homofobia, transfobia y Bifobia, y que adicionalmente han establecido una ordenanza contra la discriminación no hayan elaborado las diligencias pertinentes para crear programas de formación a sus empleados y funcionarios públicos civiles y policiales a este respecto, y la realización de actividades orientadas a visibilizar esta fecha y su propósito.

 

HOY DEMANDAMOS LO SIGUIENTE:

A todos los funcionarios y servidores de los poderes públicos del Estado el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos para con las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.

Al Poder Ejecutivo: Cumplir con las recomendaciones elaboradas por los diferentes organismos de derechos humanos y los compromisos adquiridos en este mismo sentido.  

Al Poder Legislativo: Someter a ratificación la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Emprender las modificaciones legales pertinentes según los estándares internacionales de Derechos Humanos para que las personas LGBTI puedan tener una vida digna en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

Al Tribunal Supremo de Justicia: Cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17 en relación a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así como permitir a las personas trans e intersex la modificación de nombre y género a través de un proceso administrativo de manera clara y expedita libre de procedimientos estigmatizantes. 

Responder a todas las demandas sobre personas LGBTI interpuestas ante su despacho y que permanecen sin ser atendidas.

A la Defensoría del Pueblo: cumplir con su deber de protección y defensa de las personas sin discriminación

Al Ministerio Publico: proceder a investigar todos los crímenes de odio contra personas LGBTI debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, a iniciar la reparación de los daños a víctimas y familiares y garantizar la no repetición de los mismos.

A los cuerpos policiales y de seguridad: Actuar apegados a los protocolos y procedimientos según los estándares internacionales de derechos humanos. Evitar incurrir en abusos de poder contra las y los venezolanos en particular con los más vulnerables como las personas LGBTI.  

A los gobernadores y alcaldes: cumplir con las disposiciones de los acuerdos contra la homofobia, transfobia y bifobia en sus estados y municipios. Elaborar políticas públicas de inclusión social para las personas LGBTI.  Emprender programas de capacitación y sensibilización a sus funcionarios en materia de Derechos Humanos.

A la empresa privada: Iniciar las medidas pertinentes para otorgar a los empleados que se identifiquen como homosexuales ambientes seguros a tal fin. Reconocer los beneficios laborales a los empleados en relaciones con personas de su mismo sexo en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo.

Emprender procesos de formación, capacitación y sensibilización a gerentes de personal, gerentes administrativos y empleados en general sobre ambientes de trabajo libres de acoso y discriminación por razón de género, orientación sexual, identidad y expresión de género, en concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la empresa privada y el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

A los partidos políticos: a emprender un dialogo real con las organizaciones de la sociedad civil que permita a sus integrantes entender e impulsar de manera genuina los derechos humanos de las personas LGBTI. Estar conscientes de su responsabilidad para con el progreso y bienestar de la ciudadanía en general, con mayor énfasis a los grupos discriminados y violentados en sus derechos.

A la sociedad venezolana:

Les instamos a abrazar la defensa de derechos humanos para todas y todos sin discriminación. Una sociedad verdaderamente democrática no establece condiciones para el disfrute de derechos humanos de acuerdo a características particulares de las personas. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Nadie puede quedar por fuera en la construcción de una nueva democracia.

La aprobación de derechos a personas LGBTI no significa que otras personas perderán sus derechos, por el contrario, significa que seremos una sociedad más justa, más equilibrada y más inclusiva para todos.

“A aquellos que usan argumentos religiosos o culturales para privar a las personas LGBTI de sus derechos humanos les pregunto: ¿Qué ganas con hacer que otros sean menos iguales?, ¿es tu religión o cultura tan débil que necesitas privar a otros de sus derechos humanos fundamentales?” Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Septiembre 2016.

 

 

 

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ILGALAC and the coronapapers that were not included

On May 17th on the occasion of the International Day against homophobia, transphobia and biphobia, The International Organization of Lesbians and Gays in its chapter for Latin America and the Caribbean / ILGALAC has launched a publication with “16 articles written by LGBTI activists from all over the Americas Latin and the Caribbean” as reviewed on the website. No, they are not from all of Latin America. There are no activists from Cuba, Nicaragua and Venezuela. Why?

ILGALAC, the institution, is kidnapped by people with deep left-wing ideological biases that prevent them from recognizing human rights violations in countries such as Cuba, Nicaragua and Venezuela and any other that appears to be from the left wing, although in practice it is not. We cannot speak for Cuba, Mexico or Nicaragua, we can speak for Venezuela.

ILGALAC, that is, the people who control it, try to make this Venezuelan reality invisible for the second time. In our opinion it is because their ideological bias prevents them from doing it. They did so in the ILGA Report on State Homophobia in 2019. Fortunately, after a letter of protest that we, Union Afirmativa, sent, ILGA International rectified the report at the end of that same year with an update that included somewhat information much closer to our tragic reality in Venezuela.

Since 2015 we have been suffering the consequences of a Complex Humanitarian Emergency, now aggravated by Covid 19. A long-standing crisis that Venezuelan human rights organizations had warned would happen. In the face of this reality, there has been no credible declaration by ILGALAC, nor has there been any other text from the Latin American women’s movements and feminist groups, that support Venezuelans or reject the government. On the contrary, if there have in fact been mentions of support for what they believe was or is a left-wing government like that of Chávez (1999-2013) and that of Maduro but never putting the at the center the Venezuelan people, who suffer the consequences of a system of government that is not democratic.

The only explanation we can imagine is that some members of ILGALAC have deviated from the true mission of an organization that works for human rights and have interposed their personal ideologies, which leads them to defend governments instead of defending LGBTI people who are suffering the consequences of undemocratic governments. These are the same people who verbally attacked our Coordinator Quiteria Franco and Deputy Tamara Adrián at the Meeting on LGBTI Leadership in 2019 in Colombia.

We understand that ILGALAC is an independent organization with a board of directors that decides on its activities and actions, but we are strongly struck by the fact that in its forums, talks, meetings, reports or publications there are never independent Venezuelan activists as guests speakers. The most evident sample is this recent document entitled the coronapapers, where activists or researchers with texts on Cuba, Nicaragua and Venezuela are absent. You have decided to remove these three countries and their human rights activists and defenders from the map of the Americas and the Caribbean. Including Venezuela and its reality in its activities will not make them improve, but it will make them visible and help for those who suffer inside and outside the country is a possibility. But excluding them reduces your personal and institutional credibility.

We deeply regret that the Latin American and Caribbean section of an organization like ILGA that in its beginnings and for a long time has been a world reference has deviated from its mission towards LGBTI people.

We hope that ILGA International will take the appropriate measures on this matter that has been going on for far too long.

We are #BreakingTheSilence as the motto of this 2020 on the International Day against homophobia, biphobia and transphobia. Let’s break the silence and talk about the governments that oppress LGBTI people, especially in times of the coronavirus.

We share a recently published document in which we summarize the situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Venezuela in the context of the Complex Humanitarian Emergency and now aggravated by COVID 19.

 

Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

 

 

 

 

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Ilgalac y los coronapapers… que no están

ILGALAC y los coronapapers…  que no están

El pasado 17 de mayo en ocasión del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, La Organización Internacional de Lesbianas y Gays en su capítulo para Latinoamérica y el Caribe/ILGALAC ha lanzado una publicación con “16 artículos escritos por activistas LGBTI de toda América Latina y el Caribe” como lo reseña en la página web. No, no son de toda América Latina. No están los activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela.  ¿Por qué?

ILGALAC, la institución, está secuestrada por personas con profundos sesgos ideológicos de izquierda que les impide reconocer las violaciones de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y cualquier otro que en apariencia sea de izquierda, aunque en la práctica no lo sea.  No podemos hablar por Cuba, México o Nicaragua, si podemos hacerlo por Venezuela.

ILGALAC, es decir, las personas que la controlan, intentan invisibilizar, por segunda vez, esta realidad venezolana. A nuestro parecer es porque se los impide su sesgo ideológico. Lo hicieron en el Informe de ILGA sobre Homofobia de Estado en 2019. Afortunadamente, posterior a una carta de protesta que enviamos desde Unión Afirmativa,  ILGA Internacional rectifico el informe a finales de ese mismo año con una actualización en el cual se incluyó información algo más apegada a nuestra trágica realidad en Venezuela.

Desde 2015, en Venezuela estamos padeciendo las consecuencias de una Emergencia Humanitaria Compleja, ahora agravada por el Covid 19. Una crisis de larga instalación que las organizaciones de DDHH venezolanas habían advertido que sucedería. Ante esta realidad, no ha habido por parte de ILGALAC, como tampoco la ha habido de los movimientos de mujeres y grupos feministas latinoamericanos, textos ni de apoyo a los venezolanos ni de rechazo al gobierno, que sean creíbles y apegados a la realidad. Por el contrario, si ha habido menciones de apoyo a lo que ellos creen que fue o es un gobierno de izquierda como el de Chávez (1999-2013) y el de Maduro pero nunca poniendo en el centro al pueblo venezolano que sufre las consecuencias de un sistema de gobierno que no es democrático.

La única explicación que podemos imaginar es que, algunos integrantes de ILGALAC, se han desviado de la verdadera misión de una organización que trabaja por los derechos humanos y han interpuesto sus ideologías personales, lo cual les lleva a defender gobiernos en lugar de defender a las personas LGBTI que están sufriendo las consecuencias de gobiernos no democráticos.  Son esas personas las mismas que atacaron verbalmente a nuestra Coordinadora Quiteria Franco y a la Diputada Tamara Adrián durante un foro sobre la situación de Venezuela en el Encuentro sobre Liderazgos LGBTI en 2019 en Colombia.

Entendemos que ILGALAC es una organización independiente con una junta directiva que decide sobre sus actividades y acciones, pero nos llama poderosamente la atención que en sus foros, charlas, conversatorios, encuentros, informes o publicaciones nunca hay presencia de activistas venezolanos independientes en calidad de invitados ponentes. La muestra más evidente es este reciente documento titulado los coronapapers, donde no están presenten activistas o investigadores con textos sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Han decidido eliminar del mapa de las Américas a estos tres países y a sus activistas y defensores de derechos humanos.  Incluir a Venezuela y su realidad en sus actividades no hará que estas mejoren, pero si hará que estas sean visibles y que la ayuda para quienes padecen dentro y fuera del país sean una posibilidad. Pero excluirlas, les resta a ustedes  credibilidad personal como activistas y a ILGALAC como institución u organización regional. Los mas de cinco millones de personas que han huido de Venezuela y están en condición de migrantes y refugiados según ACNUR y OIM han hecho que la situación de nuestro país sea muy difícil de ocultar.  

Lamentamos profundamente que la sección Latinoamericana y del Caribe de una organización como ILGA que en sus inicios y durante mucho tiempo ha sido una referencia mundial se haya desviado de su misión para con las personas LGBTI.

Esperamos que ILGA Internacional tome las riendas de este asunto que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo.

Estamos #RompiendoElSilencio como el lema de este 2020 en el Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Rompamos el silencio y hablemos sobre los gobiernos que oprimen a las personas LGBTI, sobre todo en tiempos del coronavirus.

Les compartimos un documento de reciente publicación en el cual resumimos la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y ahora agravada por el COVID 19.

Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

 

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Organizaciones LGBTI ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional

Organizaciones LGBTI ante el Acuerdo de la Asamblea Nacional

 

Les activistes y organizaciones de Derechos LGBTIQ+ mediante este comunicado rechazamos la posición contra el reconocimiento de Derechos Humanos que la Asamblea Nacional ha expresado en el “Acuerdo sobre Acciones Tendientes a Visibilizar y Mitigar el Impacto Diferenciado del COVID-19 sobre Población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersex como Consecuencia de la Homofobia, Transfobia y Bifobia” introducido por la Diputada Tamara Adrián siendo aprobado por mayoría en la sesión del martes 19 de mayo de 2020.

 

Dicho acuerdo según palabras de la misma parlamentaria sufrió modificaciones por el partido Primero Justicia que incluyó la frase en defensa del artículo 77 de la Constitución, lo que representa una contradicción al espíritu mismo del Acuerdo.

 

Dentro del documento emitido, el punto Quinto establece que: “Se exhorta a las Comisiones Permanentes y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación vigente en Venezuela para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante las personas LGBTI incluyendo el inciso “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la CRBV. Siendo éste el artículo que establece la protección por parte del Estado del matrimonio entre un hombre y una mujer.

 

Desde nuestra perspectiva como activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ+ el uso de la coletilla para finalizar el Quinto Punto es un intento de obstaculizar la materialización de progresividad en nuestros derechos, recalcando y sobreponiendo la protección constitucional que tiene el matrimonio entre hombre y mujer y no las uniones entre personas del mismo sexo o lo establecido en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de nuestra Carta Magna. De allí que el artículo 77 Constitucional pese a no prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo posiciona en una situación de desigualdad frente a la institución conformada entre un hombre y una mujer.

 

Es deber de la Asamblea Nacional acatar la Opinión Consultiva OC-24/17 publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 9 de enero de 2018, en la cual se indicaba que todos los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos tienen la obligación de reconocer las uniones entre parejas del mismo género en igualdad de condiciones que las uniones entre parejas de diferente género, y la identidad de las personas trans, incluyendo el género con el que se identifican y el nombre que elijan, como parte del derecho humano a la identidad que tienen todas las personas, a través de trámites administrativos, gratuitos, confidenciales y expeditos.

 

Subrayamos que esta posición de la Asamblea Nacional y su mayoría de Diputados es cónsona con la decisión del Parlamento en el año 2014 de no debatir el proyecto de Matrimonio Igualitario. No incluir derechos LGBTIQ+ en el llamado “Plan País” ni legislar sobre las demandas y exigencias históricas que el Estado venezolano mantiene con nuestro colectivo.

 

También es consecuente con la posición LGBTIQfóbica del resto de Poderes Públicos en Venezuela que bloquean el avance de los derechos civiles como el Tribunal Supremo de Justicia que tiene engavetadas seis demandas vinculadas a la causa igualitaria, incluyendo la interpuesta por la misma diputada Tamara Adrian sobre su derecho a la identidad de género, pendiente por respuesta desde el año 2004.

 

En el marco de la Emergencia Humanitaria en Venezuela y de la crisis por el COVID-19, la situación de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ aumenta día tras día. Los intereses políticos, las posturas religiosas, el silencio y la negación a legislar o tomar medidas contundentes en materia de políticas públicas sobre la protección de derechos de nuestro colectivo se traduce en vidas, en indignidad y representa una violación a los Derechos Humanos y son responsabilidad hoy de quienes ostentan un curul en el parlamento y representan la pluralidad de ideas, creencias y sentires del país.

 

Alzamos la voz para denunciar que las personas LGBTIQ+ enfrentamos mayores amenazas debido a la vulnerabilidad ocasionada por el desconocimiento histórico de las instituciones y que esas vulnerabilidades se multiplican en grupos de mayor riesgo dentro de nuestra población: Niñes LGBTIQ+, infantes transgénero, personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de tercera edad, trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, intersexuales, personas no binarias, migrantes y refugiades, afrovenezolanes, campesines, personas que viven con VIH o condiciones crónicas y quienes están en situación de calle. Es necesario que desde el Estado, especialmente desde el poder Legislativo, se fijen posturas frente a estas realidades.

 

Insistimos en que sin reconocimiento de derechos para todas las personas, incluyendo a personas LGBTIQ+, no se visualiza un escenario democrático sostenible en Venezuela. No existirá inclusión e igualdad si millones de ciudadanes estamos por fuera de cualquier proyecto. La violencia contra gais, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers en Venezuela es estructural: empieza en nuestras casas y escuelas y se replica en liceos, universidades, espacios públicos, empresas, puestos de trabajo, hospitales, medios de comunicación, iglesias e instituciones. Debemos dar pasos contundentes para acabar con ella.

 

En ese sentido, activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ+ en Venezuela y el exilio unimos nuestras luchas y voces para:

 

  1. Repudiar los intentos partidistas de impedir reiteradamente el avance de los derechos LGBTIQ+ desde el seno del poder Legislativo y exigimos al resto de bancadas y partidos políticos presentar al país una postura contundente e inequívoca y propuestas concretas en materia de derechos de la población LGBTIQ+

 

  1. Exigir a la Asamblea Nacional la modificación inmediata del Acuerdo aprobado de forma poco transparente y respaldar la versión original de la propuesta.

 

  1. Exigir que se inicie en el menor plazo posible dentro de las Comisiones y Subcomisiones del Parlamento la revisión de la legislación y la recepción de proyectos de Ley que reconozcan y garanticen los derechos de la población LGBTIQ+ en su pluralidad y diversidad como el Proyecto de Ley de Identidad de Género, la Ley contra crímenes y Discursos de Odio y una Ley Antidiscriminación contra personas LGBTIQ.

 

  1. Exigir a la Asamblea Nacional abrir en primera discusión la propuesta del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario introducido en 2014 por más de 40 organizaciones de la sociedad civil y 20.000 firmas de respaldo.

 

  1. Exigir la inclusión de activistas, movimientos y organizaciones LGBTIQ en Venezuela y el exilio dentro de las iniciativas propuestas para aportar distintos puntos de vista en los procesos de revisión y debate de proyectos de Ley que incluyan también a personas LGBTI que formen parte de otros grupos vulnerables (migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, de otras razas y personas que viven con VIH)

 

  1. Exigir que se reconozcan y garanticen no sólo el Derecho a la Identidad y al Matrimonio Igualitario, sino también a la Vivienda, la Alimentación, el Trabajo, la Educación, la Salud, la Familia, el Debido Proceso y a cualquier otro derecho, garantizando así el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales en esta materia.

 

  1. Hacer un llamamiento a todas las personas LGBTIQ+ que militan en los partidos políticos venezolanos a que alcen su voz y derrumben los muros que impiden el debate de la agenda igualitaria en sus toldas políticas y que prioricen, en este momento crucial, la lucha por derechos civiles frente a la militancia. Su resistencia y su voz es fundamental para esta lucha histórica.

 

Nuestros derechos son impostergables

 

Organizaciones nacionales:
– SOMOS
– Central ASI
– NUDDSO
– Joven Pride
– Prodiversxs
– Desiguales
– Diferentxs
– Provea
– Positivos en Colectivo
– Fundación Reflejos de Venezuela
– Unión Afirmativa
– País Plural
-Venezuela Diversa A.C
– Venezuela Igualitaria
Internacionales:
-Red Internacional de Activistas LGBTIQ Venezolanes Refuigiados y Migrantes.
– Aremidiar /Argentina
– Fuvadis / Colombia
-America Diversa / Estados Unidos
– Colective Trascendentes
Activistas:
-Jose Manuel Simons / Chile
-Juan Carlos Viera / Mexico
– Richelle Briceño
– Jeffrey Rodríguez
– Yendri Velásquez
-Ower Alexander Oberto / Canada Activista PVVIH y Refugiados

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Unión Afirmativa solicita modificación de Acuerdo de la AN sobre personas LGBTI

Unión Afirmativa solicita modificación del Acuerdo de AN sobre personas LGBTI.

ACUERDO SOBRE ACCIONES TENDIENTE A VISIBILIZAR Y MITIGAR EL IMPACTO DIFERENCIADO DEL COVID19 SOBRE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGENERO E INTERESEX COMO CONSECUENCIA DE LA HOMOFOBIA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

 

Agradecemos la Iniciativa de la Diputada Tamara Adrián al presentar esta propuesta de acuerdo ante la plenaria de la Asamblea Nacional de Venezuela. No obstante, nos permitimos hacer las siguientes observaciones al documento publicado.

El punto en agenda para el día 19 de mayo, nos sorprendió la manera como fue redactado el texto, el cual citamos: “proyecto de acuerdo sobre el impacto diferenciado en la salud del COVID 19 en el marco del 17 de mayo declarado por la Asamblea Nacional en 2016 como día Nacional contra la Homofobia, Trasfobia y Bifobia”. Logramos entender que se trata del impacto diferenciado del COVID 19 en las personas LGBTI.  Es importante, cuidar las formas y maneras en que se emprenden ciertas iniciativas.

Destacamos que no se haya consultado a la sociedad civil sobre  dicho “Acuerdo” y sus implicaciones, tal como corresponde en una sociedad democrática en la que los poderes se reúnen y discuten con las organizaciones de derechos humanos  y en temas específicos para escuchar recomendaciones y hacer contribuciones o modificaciones, en caso de ser necesarias . En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos por los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.  

Tuvimos oportunidad de ver por la sesión de la Asamblea a través de la plataforma YouTube, por el canal de la Asamblea Nacional. En dicha sesión se leyó y aprobó un acuerdo que contenía cinco considerandos y puntos de acuerdo. Sorpredentemente, en horas de la noche, se publica en las redes sociales el documento del Acuerdo en el que se incluye un nuevo punto de acuerdo identificado como el número cinco el cual se lee lo siguiente:  

QUINTO: Revisar, a través de las Comisiones Permanentes y Subcomisiones de la Asamblea Nacional, la legislación vigente en Venezuela, para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante la ley de las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 77 de la Constitución el cual dice: Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.

Esta mención al artículo 77 de la Constitución tira por tierra cualquier intento de coadyuvar en la eliminación de la discriminación a las personas LGBTI en Venezuela. Ya que a todas luces revela la negación de la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan contraer  matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas de distinto sexo.

Es un uso malintencionado de la Sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia del año 2008 en caso de recurso de interpretación solicitado por Unión Afirmativa para seguir segregando y discriminando a parejas del mismo sexo.   

Haber incluido esa mención va en contra del principio de igualdad y discriminación y cualquier intención inicial del Acuerdo para visibilizar y mitigar las consecuencias diferenciadas de la Emergencia Humanitaria Compleja y el COVID 19 en las personas LGBTI.

Esa mención además sienta un precedente lamentable en el respeto a los derechos humanos y el principio de progresividad de los mismos.

Reiteramos nuestro agradecimiento a la Diputada Adrián quien tuvo esta iniciativa en el cumplimiento de sus funciones como servidora pública y expresamos nuestro total apoyo al resto del contenido del Acuerdo.

Por lo tanto, solicitamos a la Asamblea Nacional

  1. Hacer una modificación inmediata del punto Quinto el Acuerdo publicado el día 19 de mayo de 2020, titulado: ACUERDO SOBRE ACCIONES TENDIENTE A VISIBILIZAR Y MITIGAR EL IMPACTO DIFERENCIADO DEL COVID19 SOBRE LA POBLACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGENERO E INTERESEX COMO CONSECUENCIA DE LA HOMOFOBIA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA.
  2. Incluir el compromiso de la Asamblea Nacional de cumplir con la Opinión Consultiva OC24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, en la que se insta a los Estados signatarios de la Convención Americana y miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a emprender las acciones con el fin de que todos los ciudadanos sin distinción alguna puedan disfrutar del derecho al matrimonio y a la identidad de género auto percibida.

 

  1. Emprender las modificaciones pertinentes a los instrumentos legales que impiden a las personas LGBTI el pleno disfrute de sus derechos humanos.

 

  1. Consultar a la sociedad civil organizada sobre las modificaciones a los instrumentos legales que lo ameriten. En especial a las organizaciones, grupos o personas LGBTi sobre leyes que les involucren o les sean pertinentes.

 

  1. Instamos a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional a actuar apegados a las leyes Nacionales e Internacionales en el cumplimiento de sus funciones. El deber de los servidores públicos es actuar en base a las leyes, normas y Pactos, Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que el Estado venezolano ha suscrito y ratificado, los cuales tienen prevalencia en el orden interno de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Nacional.

 

 

 

 

 

 

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Emergencia Humanitaria Compleja, coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

Emergencia Humanitaria Compleja,  coronavirus y personas LGBTI en Venezuela

A inicios de este 2020, se dieron a conocer varios informes sobre personas LGBTI en Venezuela. Vale la pena resaltar algunos puntos muy interesantes que nos sirvan para entender cómo se encuentra la población LGBTI en Venezuela para enfrentar un nuevo flagelo como es el coronavirus que viene a agravar la Emergencia Humanitaria Compleja en la que estamos desde hace ya demasiado tiempo.

Por Quiteria Franco

Ya a finales de 2018, Unión Afirmativa publicó un informe que daba cuenta de la situación de las personas LGBTI afectada por la EHC, se trata de  “Crisis política en Venezuela y sus efectos en la población LGBTI. 2018” esto es parte de lo que mencionamos en ese informe.

Condición pre/existente: antes de la Emergencia Humanitaria Compleja y antes del coronavirus

No existe en Venezuela una ley amplia que prohíba la discriminación por diversas razones, entre esas por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.  No se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, a las personas trans no se les permite el cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad. Aún existe en la legislación venezolana la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el Código Orgánico de Justicia Militar establece en su artículo 565 que “El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura.” Se prohíbe a personas homosexuales (mujer y hombre) y personas trans la donación de sangre. Y por último, existe discriminación en los ámbitos de salud, trabajo, educación, espacios públicos y privados, y en algunos medios de comunicación.

Personas LGBTI víctimas de violencia

Según un informe de la organización ACCSI sobre crímenes de odio desde enero de 2009 hasta agosto de 2017 hubo un total de 192 personas LGBTI fueron víctimas de violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género y un total de 109 personas LGBTI fueron asesinadas. En la región Centro y Sudamérica, Venezuela ocupa el cuarto lugar con mayor número de asesinatos a personas trans de acuerdo al Observatorio de personas trans asesinadas. [1] En este mismo informe se afirma que “Se desconoce el estatus de todas las investigaciones de los casos de asesinatos y agresiones contra personas de la comunidad LGBTI y personas no LGBTI. Por tanto, se puede deducir que la impunidad de los crímenes de odio motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, real o percibida, se encuentra en un 100%. [2]

Durante la Emergencia Humanitaria Compleja

Como consecuencia de la EHC, han surgido nuevos delitos y violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI que ya hemos reportado en el informe de 2018, antes mencionado.

Personas LGBTI bajo formas de explotación o esclavitud

En el informe de Unión Afirmativa del año 2018, se reportó un total de 27 mujeres trans que habían sido rescatadas en España en un lugar donde las mantenían bajo trabajo sexual en condiciones de esclavitud. [3]   Igualmente, denunciamos el desabastecimiento de hormonas para el tratamiento que deben seguir las personas trans durante su proceso de transición, que obligo a muchas/muchos a consumir hormonas de uso animal; crecimiento del delito de trata de personas trans, prostitución por sobrevivencia por hombres homosexuales y mujeres trans, desabastecimiento y escasez de antiretrovirales para personas que viven con VIH. 

Contexto país ante la llegada del COVID 19

Alimentación: a finales de febrero, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) publico un informe sobre los hallazgos de una evaluación de seguridad alimentaria en Venezuela realizada desde julio a septiembre de 2019. El informe revela que “el 7.9% de la población en Venezuela (2.3 millones) está en inseguridad alimentaria severa. Un 24.4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Basándose en el enfoque CARI, WFP estima que una de cada tres personas en Venezuela (32.3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia.” [4]

En cuanto a la población LGBTI, según el informe comparativo de condiciones sociales, económicas, y culturales de la población LGBT venezolana en Venezuela y en el extranjero elaborado por la Diputada Tamara Adrián en 2019, 50% de las personas encuestadas (306) aseguran haber bajado de peso debido a una diminución en su ingesta alimentaria. Aseguran además realizar dos comidas o una comida al día. 

Hiperinflación: El mismo informe de WFP menciona que “La hiperinflación ha afectado la habilidad de las familias para adquirir comida y otras necesidades básicas. El 59% de los hogares no tiene ingresos suficientes para comprar comida y el 65% no es capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa y calzado.”

Servicios básicos: agua, electricidad, transporte, gas, gasolina, internet.

El informe de WPF también recolectó datos sobre el acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, vivienda, electricidad, instalaciones de cocina) para poder entender las condiciones de vida. Los resultados muestran que las familias están gravemente preocupadas por el deterioro de los servicios básicos. “Al momento de la encuesta, cuatro de cada diez hogares tenía interrupciones diarias en el servicio de electricidad y el 72% tenía un suministro irregular de gas. Cuatro de cada diez hogares tenía interrupciones recurrentes en el servicio de agua, por lo cual las familias tienen que usar estrategias alternativas como la compra de agua embotellada o el uso de camiones cisterna, para acceder a agua potable. El 25% de los hogares no tenía acceso estable a agua potable.”

Trabajo

En relación al empleo, la investigación de WPF revela que “cuando se les preguntó cómo ha afectado la situación actual en Venezuela las fuentes de ingreso del hogar, la mitad de los encuestados declaró haber tenido una pérdida parcial de sus ingresos (51%), como una reducción de sus salarios o la pérdida de un trabajo. Más de un tercio de los encuestados (37%) había experimentado una pérdida total de sus ingresos, como haber perdido su único trabajo o su negocio.”

En cuanto a las personas LGBTI Según un “Estudio diagnóstico sobre la situación laboral de jóvenes en condición de vulnerabilidad social en Venezuela, de la organización Acción Ciudadana contra el sida ACCSI en 2019 con 532 encuestas aplicadas 98% reveló que percibían sueldos o ingresos que no superaban los cinco salarios mínimos nacionales, menos de 1,90 US$ diarios. [5] [6] [7]

De las 532 entrevistas aplicadas, 28,2% pertenece a la comunidad LGBTI. La caracterización de este subgrupo recae fundamentalmente en la orientación sexual expresada por hombres y mujeres (19% gays, 4% bisexuales, 4% lesbianas y 1% pansexuales –persona que siente inclinación erótica-afectiva por las personas independientemente de su sexo, identidad de género u orientación sexual).

En el total del sector LGBTI consultado, el porcentaje de extrema pobreza laboral alcanza 98,6%, en el caso de los hombres esta cifra asciende a 100%, mientras que en las mujeres representa 94,3%.

Salud

El sistema de salud en Venezuela está en una situación de catástrofe, luego de décadas de mal manejo y corrupción, migración del personal de salud entre médicos, enfermeros, anestesiólogos entre muchos otros profesionales.

El jueves 21 de junio de 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un informe sobre la situación sanitaria de Venezuela. Advierte que el país “ha estado enfrentando una situación sociopolítica y económica que ha afectado negativamente los indicadores sociales y de salud”. El documento da cifras sobre los brotes de difteria, sarampión, malaria e infecciones por VIH. La OPS muestra “inquietud” por el aumento de la mortalidad materna y en menores de 1 año, y la dificultad para acceder a los medicamentos y la atención adecuada de las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. La OPS advierte que el sistema de salud venezolano está fragmentado y su capacidad para responder a las necesidades prioritarias disminuyó. [8]

Para 2018, la Federación Médica Venezolana estimaba que 22.000 médicos venezolanos habían emigrado, lo cual representa un tercio de los profesionales que había en el país en 2014. Por su parte, la OPS menciono que  el sistema de salud venezolano disponía de “una capacidad significativa” ya que cuenta con 288 hospitales, 421 centros de atención ambulatoria y 17.986 centros de atención primaria. Dos años han pasado de ese informe.

Hoy en día, los hospitales no están en condiciones de atender a la población actual aun en condiciones normales. Carecen de equipos y medicinas básicas. El sistema de salud venezolano cuenta con apenas 8 camas por cada 10.000 habitantes, según las últimas cifras manejadas por la OMS y algunos periodistas. La falla del servicio eléctrico fue responsable de 164 muertes en 2019.

El virólogo venezolano Julio Castro explicó que en el país solo hay disponibles 84 camas con ventiladores en las unidades de cuidados intensivos del país. La Encuesta Nacional de Hospital realizada por la organización de Médicos por la Salud arrojó que para 2019, la escasez de agua fue denunciada en el 70% de los hospitales del país, que tenían un servicio de agua intermitente y solo contaron con ello una o dos veces por semana. Y antes de la aparición del Covid-19 en Venezuela, más de un 53% de los hospitales no contaban con las mascarillas que debe usar el personal médico para evitar contagios. La escasez de medicamentos sigue ubicándose en el 80%. [9]

En cuanto a la población LGBTI, según el informe comparativo de condiciones sociales, económicas, y culturales de la población LGBT venezolana en Venezuela y en el extranjero elaborado por la Diputada Tamara Adrián en 2019, se encuesto a 306 personas en Venezuela, 91% son cisgénero y el 9% son personas trans.  El 100% de las personas trans aseguro no encontrar ni tener acceso a hormonas para realizar su tratamiento de reemplazo hormonal. Es bueno recordar que a diferencia de otros países, en Venezuela este tratamiento se hace de manera privada. En 2017, denunciamos que algunas personas trans informaron haber recurrido a consumo de hormonas animales para no detener su proceso de transición y sufrir las consecuencias.

Por su parte, las personas que viven con VIH, han manifestado no tener acceso a su tratamiento con antiretrovirales, debido a la escasez de tales medicamentos. En 2018, hubo 100% de desabastecimiento de ARV, según la RED venezolana de personas positivas. [10] [11]

Cabe destacar además que en recientes estudios elaborados por ONUSIDA en 2019, sobre prevalencia de VIH en Venezuela se encuesto a 283 hombres que tienen sexo con hombres/HSH, se confirma que existen centros de salud que mantienen prácticas de discriminación contra personas lgbti, dado que 38,8% manifestó haber sido discriminado en servicios de salud. Por su parte, cuando se le pregunto a 205 mujeres trans 3% reporto haber sido discriminada en servicios de salud.

Para muchas personas en Venezuela quedarse en casa es una medida que les lleva a plantearse “contagiarme con el COVID 19 o morir de hambre”. Otra realidad de quedarse en casa para los jóvenes y adolescentes homosexuales, bisexuales y trans es estar bajo un ambiente hostil debido a la discriminación de la que son objeto por parte de su familia. Es arriesgarse a ser echados a la calle, aunque vivir en la calle ya es una realidad para muchas otras personas en Venezuela.

Urge encontrar la manera para que las diferencias políticas dejen de ser un obstáculo en la implementación de soluciones a los problemas de la población venezolana, en especial, a quienes desde sus particularidades representan grupos vulnerables. Es durante las crisis cuando más atención debe darse a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad.  

 

[1] Informe Anual del TTM 2016. Disponible en http://transrespect.org/wp-content/uploads/2016/11/TvT-PS-Vol15-2016.pdf

[2]  Situación de derechos humanos en Venezuela.  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

[3] Crisis política en Venezuela y sus efectos en personas LGBTI.  https://unionafirmativa.org.ve/unaf/wp-content/uploads/Crisis-pol%C3%ADtica-en-Venezuela-y-sus-efectos-en-las-personas-LGBTI.pdf

[4] WFP Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria: Principales hallazgos | Datos recolectados de julio a septiembre de 2019 https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-evaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales

[5]  Mayoría de la población joven que tiene VIH e indígenas están en pobreza laboral extrema https://cronica.uno/mayoria-de-la-poblacion-joven-que-tiene-vih-e-indigenas-estan-en-pobreza-laboral-extrema/

[6] 98% de la población juvenil en Venezuela está en pobreza laboral extrema.  https://www.elimpulso.com/2020/02/13/98-de-la-poblacion-juvenil-en-venezuela-esta-en-pobreza-laboral-extrema-13feb/

[7]  Al menos 27 % de jóvenes venezolanos están desempleados, según estudio https://efectococuyo.com/la-humanidad/al-menos-27-de-jovenes-estan-desempleados/

[8] 10 datos sobre la situación de salud en Venezuela según la OPS  https://prodavinci.com/10-datos-sobre-la-situacion-de-salud-en-venezuela-segun-la-ops/

[9]  Venezuela cuenta con solo 84 camas para enfermos del coronavirus en sus UCI  https://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-cuenta-solo-84-camas-para-enfermos-coronavirus-202003180222_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[10]   EN VENEZUELA NO EXISTE ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD https://www.accsi.org.ve/noticias/comunicado-de-rvg-en-venezuela-no-existe-acceso-universal-a-la-salud.html

[11] “En Venezuela se violan los derechos a la vida y la salud” https://www.accsi.org.ve/noticias/2794.html

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Políticas sociales de Maduro discriminan a personas LGBTI

Este jueves 20 de junio, 28 defensores de derechos humanos de mas de 70 organizaciones presentaron sus informes durante una reunión efectuada en las instalaciones de la Universidad Metropolitana en Caracas. Una reunión organizada por Civilis, y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la UNIMET.  

En reunión efectuada entre la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las ONG de DDHH de Venezuela, la Coordinadora de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, señaló:

 

“En Venezuela todos somos víctimas de discriminación, de alguna u otra manera luego de expresar una posición crítica hacia el gobierno.”

 

Agrego además que debido a esa discriminación se han cerrado los espacios para realizar la labor como defensores de derechos humanos.  

 

A continuación el texto de su declaración ante la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.

 

“En Venezuela todos somos víctimas de discriminación, de alguna u otra manera puesto que esta se origina en la preferencia política contaría al gobierno o al expresar una posición crítica hacia el gobierno. La respuesta de Maduro desde 2012 ha sido el uso de la homosexualidad para atacar al adversario político.” Debido a esa discriminación se han cerrado los espacios para realizar nuestra labor como defensores de derechos humanos.  

 

La declaración de desacato contra la Asamblea Nacional ha impedido nuestro trabajo de incidencia para impulsar las leyes que necesitamos como una ley contra la discriminación, el matrimonio igualitario y la identidad legal a las personas trans e intersex.

 

Hemos pasado de estas exigencias ya aprobadas en la mayoría de países en el continente a documentar deficiencias en salud, muerte de personas trans por suicidio o asesinato, y situación de esclavitud moderna incluyendo trata de mujeres trans, prostitución forzada de hombres gay y mujeres trans y migración forzada de activistas que ha debilitado a las organizaciones de derechos humanos sobre personas LGBTI. Venezuela está ubicada en el cuarto lugar en las Américas como el país donde más ocurren crímenes de odio contra las personas LGBTI.

 

Las políticas sociales del gobierno para afrontar la escasez y el desabastecimiento de alimentos han sido desfavorables para las personas LGBTI. Por ejemplo, se exigió a los comercios la instalación de equipos biométricos para escanear la huella dactilar y presentar el documento de identidad. Esto afecto a personas trans debido a la incongruencia entre su documento de identidad y su apariencia física. La segunda política social es la bolsa clap, una bolsa que contiene productos básicos. Previo a la venta de la bolsa los consejos comunales realizan un censo, las parejas del mismo sexo no son censadas por no ser consideradas familias.

 

Necesitamos que toda esta tragedia que vivimos se detenga porque cada día que pasa es peor. Y los grupos minoritarios y vulnerables como las personas LGBTI la están pasando dos y tres veces peor que la mayoría y eso ya es mucho decir.

 

Imagen de AFP/

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